El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Anteproyecto de Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo, una reforma que endurece las restricciones al consumo de tabaco y productos relacionados en España. El texto, que actualiza la Ley 28/2005, tiene como objetivo reforzar la protección de la salud pública, especialmente entre los colectivos más jóvenes, y adaptar la normativa a la aparición de nuevos hábitos de consumo como los cigarrillos electrónicos o las bolsitas de nicotina.
Entre las principales novedades, la futura norma prohíbe fumar o vapear en terrazas de bares, recintos deportivos, espectáculos, estaciones de transporte, parques infantiles, centros educativos y universitarios, además de en entornos sanitarios y sociales. Por primera vez, se establece además la prohibición expresa de consumir tabaco y derivados en menores de edad, una medida que amplía la restricción ya existente sobre la venta y suministro.
El anteproyecto también veta la comercialización de cigarrillos electrónicos de un solo uso, muy populares entre la juventud, por su impacto ambiental y su accesibilidad. Asimismo, equipara los productos relacionados con el tabaco —como vapers, shishas, dispositivos de tabaco calentado o mezclas vegetales para inhalar— al tabaco convencional, de modo que quedarán sometidos a las mismas limitaciones legales en materia de consumo, venta, publicidad y etiquetado.
En lo relativo a comunicación comercial, la norma endurece el régimen y prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, tanto en medios impresos, audiovisuales y digitales como en mobiliario urbano, terrazas, bares o festivales. También refuerza la obligación de señalización visible en espacios donde esté vetado el consumo.
La reforma contempla un régimen sancionador actualizado, con multas y responsabilidades específicas, y establece un periodo transitorio de 12 meses para la adaptación de fabricantes y el agotamiento de existencias de productos desechables. Además, recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014, como órgano encargado de coordinar y evaluar las políticas públicas en la materia.
El Gobierno enmarca esta reforma en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y en las recomendaciones de la Unión Europea, con la meta de reducir de manera significativa la prevalencia del tabaquismo antes de 2040.
