La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha recibido el escrito presentado a primer ahora del lunes por la defensa de Santos Cerdán León, ex secretario de Organización del PSOE y diputado navarro, en el que se solicita su inmediata puesta en libertad tras setenta días de prisión provisional en la “causa Koldo”.
Sobre este asunto, como ha podido saber Pamplona Actual de fuentes de la defensa, el magistrado instructor, Leopoldo Puente Segura, ha dictado una providencia en la que da traslado de la petición a la Fiscalía y a la acusación popular, quienes disponen ahora de cinco días para presentar alegaciones antes de que se resuelva la cuestión “a la mayor brevedad posible”.
La defensa de Santos Cerdán fundamenta su petición en la denuncia de una auténtica “prisión política”, señalando profundas irregularidades procesales durante la investigación, y subrayando especialmente la “ruptura de la cadena de custodia” en la obtención y manejo de los audios que se utilizan como principales pruebas en el caso. Según el texto, los dispositivos digitales que contenían esas grabaciones habrían sido manipulados, con cambios de bolsas y precintos antes de su volcado en el Supremo, lo que pone en cuestión su integridad probatoria. Además, la defensa denuncia que los audios atribuidos a Koldo García nunca han sido entregados íntegramente, y que la Policía Judicial habría realizado expurgos unilaterales, impidiendo el acceso completo a materiales relevantes para la defensa.
El escrito, presentado el lunes, detalla cómo la investigación se originó en una contradenuncia de tinte político y se ha extendido sin delimitar hechos concretos imputables a Cerdán. El equipo jurídico denuncia que la prisión se mantiene por pruebas cuya autenticidad es “dudosa” y por sospechas que no han sido corroboradas por evidencias documentales. No existen pruebas patrimoniales ni vínculos directos con empresarios investigados, ni se ha acreditado movimiento irregular alguno en el patrimonio de Cerdán tras varios meses de investigación exhaustiva.
La defensa advierte igualmente que prolongar la prisión va más allá de los límites legales para la supuesta prevención de destrucción de pruebas. Aseguran que no existe justificación ni motivación explícita para mantener la privación de libertad, y califican la causa como una “pesquisa general” contra el principal partido de gobierno, recordando la advertencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre litigios con “fines ocultos” que convierte la actividad política legítima en objeto penal.
Por último, los abogados de Cerdán reclaman que el Tribunal Supremo practique varias diligencias para esclarecer el origen real de las pruebas, la correcta cadena de custodia y la identidad de otros aforados investigados.
Mientras tanto, el magistrado instructor ha decidido que sean las partes quienes se pronuncien en el plazo de cinco días, lo que abre un periodo de máxima expectativa antes de la decisión sobre el futuro inmediato de Santos Cerdán. También existe un recurso de amparo ante el TC por vulneración de derechos fundamentales al respecto.
