El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las principales plataformas digitales la existencia de 230 pisos turísticos ilegales en Navarra, cuyos anuncios deberán ser retirados de internet en los próximos días. Se trata de alojamientos que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero cuya petición fue revocada por incumplir los requisitos legales.
La medida forma parte del funcionamiento de la Ventanilla Única Digital, un sistema pionero en Europa impulsado por la ministra Isabel Rodríguez en colaboración con el Colegio de Registradores. Este mecanismo permite cruzar de manera automática los datos de las solicitudes de registro con los anuncios publicados en las plataformas, que se han comprometido a colaborar para eliminar aquellos que carezcan de código válido.
Navarra, en el radar
En la Comunidad Foral, la mayor concentración de solicitudes revocadas corresponde a Pamplona/Iruña (69 casos), seguida de Tudela (16), Los Arcos (11), Isaba/Izaba (11) y Baztan (10).
En total, desde la entrada en vigor del registro el 1 de enero, el Ministerio ha recibido 336.497 solicitudes en todo el territorio nacional, de las cuales el 78,75% son de uso turístico. De esas, 53.876 fueron rechazadas por no cumplir con la normativa, lo que equivale al 20,3% del total.
Un fenómeno de alcance estatal
Las comunidades con mayor volumen de solicitudes revocadas son Andalucía (16.740), Canarias (8.698), Catalunya (7.729) y Comunitat Valenciana (7.499). Navarra aparece en la lista con 230 registros anulados.
La Comunidad de Madrid, sin embargo, representa una anomalía: allí el 83% de las solicitudes fueron para alquiler temporal —y no turístico—, aunque más de un tercio de las peticiones de registro de pisos turísticos acabaron igualmente rechazadas.
Objetivo: preservar la función social de la vivienda
Según explicó el Ministerio, un código revocado implica que la solicitud contenía datos incompletos o no conformes a la normativa, sin que se subsanasen en el plazo establecido. Con este nuevo marco, el Gobierno busca frenar la proliferación de alojamientos turísticos ilegales, que —según la ministra Isabel Rodríguez— “expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades”.
España se convierte así en el primer país europeo en implantar un registro único y obligatorio de alojamientos temporales, con el objetivo de reforzar la transparencia y acabar con el fraude en el sector del alquiler turístico.
