El debate sobre los contratos de obras públicas vinculados a Servinabar y al túnel de Belate volvió este jueves al Parlamento de Navarra. Recién aterrizada la presidenta de su viaje a Corea del Sur, el portavoz del PPN, Javier García Jiménez, acusó al Ejecutivo de María Chivite de «falta de credibilidad» tras conocerse los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y de la auditoría externa, que, según dijo, «son claros y demoledores» y señalan «incumplimientos graves, flagrantes y mucho más allá de simples irregularidades».
García recordó que la presidenta se comprometió en junio a acudir a la Fiscalía «si había indicios de ilicitud», y le reprochó que «no ha cumplido su palabra». El popular aseguró que, si el Gobierno no remite los documentos, «será el propio Partido Popular quien los ponga a disposición de la justicia». En su intervención, acusó a Chivite de «manipular informes, engañar a la ciudadanía y dictar sentencias políticas» antes incluso de estudiar el contenido de las investigaciones.
La presidenta replicó defendiendo la actuación del Ejecutivo foral. «Encargamos esas auditorías precisamente para reforzar la transparencia», subrayó. Recordó que los informes «no hablan de delitos ni de corrupción» y que, por ahora, «no consta que hayan sido remitidos a Fiscalía». En todo caso, reiteró su compromiso: «Si se concluye que hay ilícitos, acudiremos a la justicia, no tengan ninguna duda».
Chivite anunció que el Gobierno ya trabaja en reforzar los procedimientos: la aplicación de criterios más estrictos en auditorías internas, una mayor exigencia en las mesas de contratación para reducir la discrecionalidad y la modificación de la Ley Foral de Contratos en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, en línea con las recomendaciones de la Cámara de Comptos.
La presidenta elevó el tono contra el PPN: «Frente a destrozar discos duros, como hicieron ustedes, este Gobierno ha hecho un ejercicio de transparencia y de colaboración». A su juicio, lo que reflejan los informes son «irregularidades administrativas» que deben corregirse con más garantías y control, pero no delitos.
El choque dejó patente la distancia entre Gobierno y oposición sobre el alcance de los informes. Mientras García Jiménez insistió en que los documentos acreditan «adjudicaciones nulas de pleno derecho», Chivite defendió que «fue este Ejecutivo el que dio el paso de pedir auditorías externas» y que seguirá adoptando medidas «para garantizar procedimientos transparentes y sin márgenes de arbitrariedad».
