La senadora navarra de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha reclamado este martes en el Senado garantías para que la quita de deuda anunciada por el Gobierno central a las comunidades de régimen común no afecte negativamente a la aportación que realiza Navarra en virtud del convenio económico.
Barkos, integrante del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, planteó la cuestión a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión plenaria de la Cámara Alta. En su intervención, la senadora subrayó que el anteproyecto de ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera, presentado este mes, «no recoge ninguna referencia expresa» a los compromisos adquiridos con las haciendas forales y advirtió de que «no tendría sentido» que el Estado asumiera deuda de comunidades de régimen común mientras se colocara a Navarra en desventaja respecto a esa operación.
Barkos recordó que el endeudamiento derivado de la crisis de Lehman Brothers afectó también a Navarra y al País Vasco y reclamó un «mecanismo de equilibrio» que evite agravar los perjuicios de aquella etapa: «Aquel austericidio no solo castigó a las comunidades de régimen común, también a las forales, doblemente además por la ley de estabilidad presupuestaria de 2012».
Por su parte, la ministra Montero aseguró que tanto en la Comisión Mixta del Convenio navarro como en la del cupo vasco ya se ha acordado que las quitas de deuda de las comunidades de régimen común «quedarán excluidas del cómputo que realizan las comunidades forales en sus aportaciones al Estado». De este modo, subrayó, «ni Navarra ni Euskadi se verán perjudicadas», dado que la excepción tiene carácter vinculante aunque no figure en el texto legislativo.
La titular de Hacienda quiso además poner en valor el sistema foral, señalando que Navarra es «la comunidad con menor deuda por habitante del país» y que la asunción de riesgos financieros forma parte de la lógica del convenio. «Frente a los recortes y al austericidio que impuso el Partido Popular, hemos demostrado que hay otra forma de hacer política, auxiliando a las comunidades autónomas y garantizando la prestación de servicios públicos», concluyó.
