La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente un recurso de apelación de una acusación particular y ha ordenado que se tome declaración como testigo a la periodista que compartió mesa y mantel con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, día en que una DANA azotó la Comunitat Valenciana.
Esta resolución, adoptada por seis magistrados, revoca la decisión previa de la jueza instructora del Tribunal de Instancia de Catarroja, que había denegado esta diligencia en dos ocasiones. La causa penal investiga la gestión y toma de decisiones tras el fenómeno meteorológico.
La Sala ha valorado especialmente la carta que la propia comunicadora difundió a través de los medios, y considera que descartar que pueda ofrecer "elementos de interés" o "detalles o matices" adicionales en sede judicial, "con las exigencias y garantías del proceso penal", sería "precipitado". La Audiencia subraya que su testimonio podría aportar información relevante que solo ella, el presidente y sus interlocutores podrían conocer.
El auto delimita que la testifical se centrará en lo que la periodista "pudiera conocer de lo que el president de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera de Interior y Justicia", así como los comentarios del jefe del Consell sobre dichas conversaciones o lo conocido respecto a la reunión del Cecopi durante la tarde del 29 de octubre de 2024.
La Audiencia mantiene que el presidente de la Generalitat, por su condición de aforado, está fuera del ámbito subjetivo de esta instrucción, pero matiza que sí deben practicarse diligencias "pertinentes y de utilidad a la investigación" para avanzar en la causa. En caso de detectarse "indicios reforzados" de criminalidad contra el president, se elevaría una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia, órgano competente para investigarle.
En el marco de la misma causa de la DANA, la Sección Segunda notificó otros autos este jueves: rechazó la imputación del jefe de Climatología de Aemet y desestimó que se llame a declarar a nueve expertos que comparecieron en la comisión de investigación del Senado. Finalmente, revocó la decisión de la instructora sobre la obligatoriedad de agrupar a futuras acusaciones populares.
