La UDEF de la Policía Nacional ha detenido al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, en una investigación judicial bajo secreto de sumario por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la ayuda de más de 50 millones recibida por la compañía durante la pandemia. La operación incluye registros en la sede de la empresa en Madrid, donde los agentes se han incautado de documentación económica y de dispositivos informáticos para su análisis.
La operación se ha desarrollado este jueves en Madrid, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de la capital, que mantiene la causa bajo secreto de sumario, según han avanzado medios como El País o El Confidencial, entre otros muchos. Fuentes policiales citadas por estos medios señalan que los investigadores centran sus diligencias en la gestión económica de Plus Ultra y en los flujos de fondos vinculados a la compañía.
Los agentes de la UDEF han accedido a la sede de la aerolínea para recabar documentación contable, fiscal y financiera, y proceder al volcado de los servidores y equipos informáticos de la empresa. Distintos medios apuntan que la aerolínea, participada por capital venezolano, está colaborando con la Policía Judicial y facilitando los registros, si bien por el momento no han trascendido detalles concretos sobre los hechos que se atribuyen a los directivos detenidos.
La investigación se centra en un posible delito de blanqueo de capitales y se enmarca en las controversias surgidas en torno al rescate de Plus Ultra, que recibió más de 50 millones de euros en ayudas públicas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI durante la pandemia, autorizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. Ese rescate ya fue objeto de una causa anterior que terminó archivada por el mismo juzgado, pero ahora se analiza de nuevo la operativa económica de la compañía a la luz de nuevos indicios, según han publicado cabeceras como El Mundo.
Cabe recordar que la intervención policial, por orden de la Audiencia Nacional se produce en paralelo a otras actuaciones por presunta corrupción vinculadas al entorno del denominado ‘caso Koldo’ y a la gestión de fondos públicos como la detencion del ex-presidente de la SEPI, Leire Díez, y el propio Antxón Alonso, dueño de Servinabar, aunque se trata de procedimientos judiciales distintos con órganos instructores diferentes.
