La tensión entre el interventor general Juan José Pérez Capapay y el portavoz de UPN, Javier Esparza, marcó uno de los momentos más ásperos de la comisión de investigación sobre las adjudicaciones públicas en el Parlamento foral. En el centro del choque, la adjudicación de la obra de Belate a la UTE liderada por Acciona y Servinabar, vinculada al empresario imputado Antxon Alonso y, según la UCO, participada por Santos Cerdán.
Cruce duro con Esparza
Esparza puso en duda desde el inicio la neutralidad del interventor, al que llegó a presentar como un alto cargo “político” del Gobierno de Navarra, recordando su pasado sindical y su nombramiento como director general. Pérez Capapay respondió reivindicando su condición de funcionario de carrera y su trayectoria técnica, subrayando que entre su etapa en Comisiones Obreras y su designación actual hubo un “bache” de cinco años en el que aprobó una oposición y ejerció como interventor delegado.
El portavoz de UPN le acusó de contribuir a “blanquear” la actuación del Ejecutivo de María Chivite en el expediente de Belate, mientras el interventor defendía que su criterio se expresa “a través de los informes” y no en declaraciones públicas. Ante las insinuaciones sobre su cercanía al Gobierno, Pérez Capapay insistió en que “un interventor, cuando escribe en sus informes lo que escribe y valora lo que valora, es porque le está dando una importancia” y que su labor se rige por la autonomía técnica, no por directrices políticas.
Correos, reparos y Belate
Buena parte del interrogatorio giró en torno a los correos cruzados con el interventor delegado de Cohesión Territorial y a los reparos formulados en la adjudicación de los túneles de Belate. Pérez Capapay detalló cómo el 2 y 3 de noviembre recibió correos alertando de irregularidades y comunicando un reparo no suspensivo al expediente de adjudicación. Más tarde se elevaría un reparo suspensivo a la modificación número 1 del contrato, al entender que había cambios sustanciales sin el informe jurídico previo preceptivo.
En uno de esos correos, enviado un sábado a primera hora, el interventor escribió la frase “por lo que comentó nuestro consejero, parece que no tiene propósito de firmar; no le queda otra que desistir y volver a licitar; veremos cuánto aguanta”, que Esparza utilizó para intentar acreditar una coordinación política. Pérez Capapay admitió que pudo ser “un exceso de interpretación” de una conversación previa, en un contexto en el que todos “acababan de llegar” a sus puestos, y defendió que ese mensaje no puede ser “el punto de apoyo ni para cargarse a este Gobierno ni para cargarse a este interventor”.
Procedimiento y dudas sobre la mesa
Pérez Capapay enfatizó que, en su experiencia en mesas de contratación, “nunca” había visto una dinámica como la descrita en Belate, con el presidente de la mesa acumulando las puntuaciones del resto de técnicos y teniendo un peso decisivo en la adjudicación. Explicó que en otros expedientes relevantes, como el del nuevo centro de FP de Baztan, la valoración del sobre técnico recaía exclusivamente en los técnicos, y el presidente ni siquiera votaba.
En otro de los correos al interventor delegado, este le advertía de que, si se reiniciaba el procedimiento, pediría no volver a formar parte de la mesa por sentirse “contaminado”. Pérez Capapay le daba entonces tranquilidad con otra frase que Esparza leyó en sala: “nos quedamos a la expectativa; si se licita de nuevo, lo condicionaremos a plicas”. El interventor justificó esa propuesta como una herramienta manual para reforzar la objetividad y la confianza, y aprovechó para denunciar que en esa mesa no hubo “buena fe, confianza legítima ni lealtad institucional”.
Cerdán, Alonso y el control de conflictos
Esparza trató también de poner el foco en la dimensión política y penal del caso, preguntando al interventor qué pensó cuando supo que “la mayor obra pública de los últimos diez años” recaía en una UTE en la que aparecía Santos Cerdán. Pérez Capapay admitió que se enteró “por la prensa” de la supuesta participación del dirigente socialista y recordó que su único antecedente personal era una demanda laboral que interpuso en 2014 “en representación de una trabajadora por despido improcedente”.
Sobre la trama investigada por la UCO en torno a Servinabar y Antxon Alonso, el interventor subrayó que es un asunto “judicializado” y que la Intervención General se remite a sus funciones de control administrativo, apoyadas en herramientas como Minerma y Aracne para detectar conflictos de interés. Recalcó que, si la participación de Cerdán fuera tan relevante, debería haber sido comunicada con transparencia, pero que su oficina no dispone de medios propios para ir más allá de los registros y bases de datos oficiales.
Autonomía, reparos y margen del Gobierno
En el tramo final del turno, Esparza trató de que concretara cuántos reparos suspensivos había levantado en su mandato y si lo hacía “muchos, pocos o casi todos”. Pérez Capapay evitó cuantificar y recordó que cada caso tiene una “parte cualitativa” que condiciona la respuesta: “yo levanto los reparos que entiendo” y lo hace siempre “con argumentos sólidos”. Aseguró que esas decisiones se toman “con mi equipo” y no a partir de instrucciones del consejero.
El intervención general defendió que, pese a ser formalmente un alto cargo, su posición debe entenderse como un órgano de control interno con autonomía reforzada y comparó su rango con el que se otorga en otras comunidades, donde incluso llegan a ser viceconsejerías. Para él, la clave es que el Gobierno y el Parlamento “reconozcan la importancia del control interno”, también en términos retributivos y jerárquicos, frente a la imagen de “pieza al servicio” del Ejecutivo que intentó dibujar UPN durante un áspero cara a cara que dejó en evidencia la fractura política en torno a la obra de Belate.
