Estados Unidos vive una nueva sacudida en el interminable caso Epstein tras la publicación, en los últimos días, de una enorme remesa de archivos oficiales sobre el financiero y depredador sexual que murió en prisión en 2019. Amparado en la recién aprobada Epstein Files Transparency Act, el Departamento de Justicia (DOJ) ha empezado a subir a su web “varios cientos de miles de páginas” de materiales de investigación, aunque ha reconocido que no llegará a cumplir por ahora el mandato de divulgar la totalidad de los expedientes antes de la fecha límite fijada por el Congreso.
Los nuevos archivos incluyen fotografías inéditas de Epstein con figuras de alto perfil, imágenes de sus propiedades, registros de cacheos y documentación interna que detalla denuncias, seguimientos y actuaciones del FBI y de fiscales federales a lo largo de años. La publicación llega tras una campaña bipartidista en la Cámara de Representantes y el Senado para arrojar luz completa sobre la red de abusos sexuales a menores y el presunto encubrimiento institucional que rodearon al magnate, y después de que el presidente Donald Trump firmara una ley ordenando la desclasificación de todos los archivos relacionados con el caso.
Sin embargo, el alcance real de esta apertura está en el centro de la polémica. Análisis preliminares de los medios estadounidenses apuntan a que al menos 550 páginas de los documentos publicados están completamente tachadas, hasta el punto de que un expediente de 119 páginas aparece íntegro en negro. Además, la propia documentación revela la existencia de listas de víctimas y de un denominado “Masseuse List” que han sido ocultadas en su totalidad, mientras el DOJ admite que aún no ha puesto en línea todas las categorías de materiales que exige la ley.
En el Capitolio, la reacción ha sido especialmente dura. El congresista demócrata Ro Khanna ha calificado la entrega como una “publicación incompleta con demasiadas redacciones” y ha asegurado que estudia “todas las opciones”, incluida la posibilidad de procesos de destitución o derivaciones penales, para obligar al Gobierno a cumplir con la norma. Desde el lado republicano, Thomas Massie ha denunciado que el DOJ “incumple gravemente” tanto “la letra como el espíritu de la ley”, mientras el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha hablado de una “montaña de páginas ennegrecidas” incompatible con la transparencia prometida a la opinión pública.
La tensión política se suma a un giro clave en los tribunales. En las últimas semanas, varios jueces federales en Nueva York y Florida han autorizado la desclasificación de material especialmente sensible, incluidos las actas de un gran jurado de 2019 sobre el caso Epstein y documentos del juicio por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell, la socia del financiero condenada a 20 años de prisión. Una reciente resolución del juez Richard Berman, que en agosto había rechazado abrir esos archivos por temor a riesgos para las víctimas, avala ahora el levantamiento del secreto al amparo de la nueva ley, aunque insiste en que la privacidad y seguridad de las supervivientes seguirán siendo “prioritarias”.
Aun con estas salvedades, los expertos legales señalan que la combinación de decisiones judiciales y presión política puede conducir a la visión más amplia hasta la fecha sobre cómo actuaron las autoridades ante la red de explotación sexual de Epstein. Los jueces han ordenado liberar no solo transcripciones de grandes jurados, sino también un vasto conjunto de materiales de investigación que hasta ahora permanecían bajo órdenes de protección, incluidos correos internos, acuerdos de inmunidad y notas de entrevistas con testigos.
Entre los documentos que ya se conocen, figuran también los más de 20.000 folios que el Comité de Supervisión de la Cámara obtuvo del patrimonio de Epstein tras un requerimiento judicial, con correos en los que el financiero insulta a Trump y discute con Maxwell estrategias legales frente a una demanda de la denunciante Virginia Giuffre. La existencia de estos intercambios alimenta la expectativa de que futuras tandas de archivos arrojen más luz sobre la relación de Epstein con personalidades políticas y empresariales de alto nivel, cuya presencia aparece mencionada en materiales previos pero sin cargos penales directos.
Desde el DOJ, las autoridades defienden el ritmo y el formato de la publicación. El vicefiscal general Todd Blanche ha explicado que la prioridad es proteger la identidad y la intimidad de las víctimas, razón por la que un gran volumen de páginas llega con severas censuras y otros archivos seguirán retenidos al menos mientras existan investigaciones abiertas vinculadas al caso. El departamento sostiene que habrá nuevas entregas en las próximas semanas y que en total se hará pública “una cantidad sin precedentes” de información, aunque reserva para sí la decisión de qué puede seguir siendo clasificado en nombre de la seguridad y la privacidad.
Las asociaciones de supervivientes reciben con sentimientos encontrados esta desclasificación parcial. Por un lado, ven en la nueva ley y en las órdenes judiciales una oportunidad histórica para documentar el alcance del daño sufrido y las fallas del sistema de justicia; por otro, temen que la opacidad persista precisamente en los tramos que podrían aclarar quién permitió que Epstein siguiera operando durante años. Como ha resumido uno de los impulsores de la normativa en declaraciones recogidas por la prensa pública estadounidense, “no se trata solo de cuántas páginas se publican, sino de qué es lo que sigue oculto y por qué”, una pregunta que la sociedad norteamericana aún está lejos de tener plenamente respondida.
