El Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) ha presentado una moción para avanzar en la anulación de las leyes que permitieron a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes pertenecientes al conjunto de la ciudadanía. Ramón Alzórriz, portavoz socialista, ha calificado las inmatriculaciones como 'un expolio organizado, amparado por normas claramente injustas'.
Alzórriz sostiene que la Iglesia 'incumple de forma evidente mandamientos tan básicos como no robar ni codiciar los bienes ajenos', y recuerda que este proceso se lleva a cabo 'con premeditación, alevosía y ayuda política, aunque no divina'. Destaca que la Iglesia católica ha inmatriculado más de 35.000 inmuebles desde 1998, y más de 100.000 desde la ley franquista de 1946. La moción busca visibilizar este problema y revertir la situación.
El portavoz socialista pone de relieve el papel del PSOE en la visibilización de este asunto. Según Alzórriz, 'el secretismo y la opacidad se rompen cuando el PSOE saca a la luz este escándalo'. En el contexto de Navarra, la Comunidad Foral se presenta como un ejemplo de avance en la defensa del patrimonio público, con 1.087 bienes inmatriculados de un listado que supera los 3.000 inmuebles.
Navarra, ejemplo de defensa del patrimonio público
Alzórriz reconoce el importante trabajo de plataformas ciudadanas y grupos políticos progresistas, incluido el PSN-PSOE, como 'actores principales de recuperación del patrimonio para el conjunto de la sociedad navarra'. Sin embargo, advierte que 'no es suficiente con inventarios o declaraciones', y defiende que 'Navarra debe ser punta de lanza y avanzar hacia leyes de nulidad'. La moción busca posicionar a Navarra como líder en la recuperación del patrimonio.
El PSN-PSOE también denuncia el volumen de recursos públicos que recibe la Iglesia. Según Alzórriz, 'sumando exenciones fiscales, subvenciones y financiación vía IRPF, la Iglesia recibe alrededor de 11.000 millones de euros al año'. Detalla que 'solo en conciertos educativos percibe 5.000 millones, más las cuotas de las familias, y más de 2.000 millones en conciertos sanitarios'. Estos datos subrayan la magnitud del apoyo financiero a la Iglesia.
Recursos públicos y la Iglesia: una relación controvertida
El portavoz socialista sostiene que los artículos que permitieron las inmatriculaciones 'son claramente inconstitucionales porque vulneran la igualdad y la libertad religiosa'. Se pregunta 'cómo es posible que se equiparara a la Iglesia con los registradores de la propiedad'. La moción busca abordar estas cuestiones y revertir las inmatriculaciones, considerando su impacto en la igualdad y la libertad religiosa.
Finalmente, Alzórriz concluye que 'defender lo público es defender lo que es de todos. La justicia social y moral debe prevalecer frente a una injusticia impropia de una institución que dice defender el bien común'. La moción del PSN-PSOE representa un paso hacia la anulación de las inmatriculaciones y la defensa del patrimonio público.
