El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha cargado este lunes contra el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, por la gestión del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, tras el anuncio del equipo de gobierno de sacar a licitación un nuevo contrato en marzo, con la previsión de que el sistema no esté plenamente operativo hasta diciembre.
Los regionalistas consideran que esta solución “no permite ser optimistas” y supone una nueva “huida hacia delante” del equipo de gobierno. A su juicio, la situación actual es consecuencia directa de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo municipal desde el cambio de legislatura. “Con UPN en el gobierno, el servicio funcionaba correctamente y era bien valorado por los pamploneses. Desde que Asiron tomó posesión, los problemas se han multiplicado y las decisiones se han tomado de forma improvisada, sin hoja de ruta”, han afirmado.
UPN ha recordado que en abril del pasado año el Ayuntamiento liquidó la concesión heredada del anterior gobierno y firmó un nuevo acuerdo con la empresa Ride On, que fue presentado entonces como una solución “fantástica” para estabilizar el servicio, garantizar su continuidad y abrir la puerta a la comarcalización. Sin embargo, menos de un año después, ese acuerdo “ha demostrado ser un fracaso”, según la formación foralista.
Los regionalistas critican que el Consistorio haya desembolsado cerca de 800.000 euros para adquirir material que, ahora, reconocen que no se comprobó adecuadamente. “Es un ejemplo del modus operandi del concejal Abaurrea: responsabilizar a UPN de su propia mala gestión y vender soluciones que luego no se trasladan a la realidad”, han señalado.
UPN también ha denunciado el “oscurantismo” del equipo de gobierno y la falta de información tanto a la oposición como a los usuarios. A su entender, solo la presión pública ha forzado al Ayuntamiento a dar explicaciones sobre el deterioro del servicio.
Respecto al futuro inmediato, los regionalistas advierten de que existe el riesgo de que el sistema continúe en mal estado hasta, al menos, diciembre, a la espera de una nueva adjudicación y de un acuerdo transitorio con la actual empresa, que consideran incierto. Además, han criticado los cambios de criterio del equipo de gobierno en torno a la comarcalización, que ha pasado por distintos modelos sin una definición clara.
Por todo ello, UPN ha insistido en que la solución planteada por el Ayuntamiento “no genera confianza” y evidencia, una vez más, “la falta de planificación y la improvisación” del actual equipo de gobierno.
