El exministro de Transportes y su antiguo asesor comparecen por primera vez fuera de prisión para defender la nulidad de la causa y pedir que el futuro juicio se celebre en la Audiencia Nacional, mientras el Supremo escucha también las alegaciones del empresario Víctor de Aldama antes de sentar en el banquillo a los tres acusados por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves en Madrid la audiencia preliminar del conocido como ‘caso mascarillas’, el paso previo al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia que sienta en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. En esta vista, obligatoria y presencial para los tres, el alto tribunal ha escuchado las alegaciones de las defensas, que han vuelto a reclamar la nulidad del procedimiento y a cuestionar la competencia del Supremo ahora que Ábalos ha perdido el aforamiento tras dejar su escaño en el Congreso.
La jornada tenía un fuerte componente político y simbólico: era la primera vez que Ábalos y Koldo salían de prisión para sentarse ante la Sala de lo Penal, después de que el tribunal rechazara su petición de seguir la vista por videoconferencia alegando motivos de salud. Las defensas han insistido en que, una vez abierta la puerta al juicio oral y desaparecido el aforamiento del exministro, la causa debería remitirse a la Audiencia Nacional, tesis que choca con un acuerdo previo del propio Supremo que fija la competencia aunque el cargo público dimita con el proceso ya en marcha.
Además de la batalla por la competencia, los letrados han desplegado un arsenal de nulidades y reproches procesales, en línea con los recursos ya presentados meses atrás, en los que denunciaban vulneración de derechos fundamentales y una instrucción “desequilibrada” basada, sobre todo, en la declaración de Aldama como supuesto “conseguidor” de la trama. Ábalos niega haber cobrado comisión alguna y mantiene que todos los contratos de mascarillas de su ministerio se ajustaron a la legalidad, mientras que la Fiscalía sostiene que los acusados se sirvieron de su posición para favorecer adjudicaciones a empresas concretas a cambio de mordidas.
El Supremo no ha tomado aún una decisión definitiva sobre las peticiones de nulidad y sobre el eventual traslado del caso a la Audiencia Nacional, que condicionarán el calendario y el escenario del futuro juicio. Si finalmente prospera la tesis de la Sala de lo Penal, los tres acusados se sentarán en los próximos meses ante el alto tribunal para responder por una trama que se ha convertido en uno de los mayores escándalos de la gestión de contratos públicos durante la crisis sanitaria.
