El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado que EH Bildu no está incluyendo en los convenios de subvención para las fiestas de los barrios una cláusula que prevea la retirada de ayudas públicas en caso de que se lleven a cabo, o se permita llevar a cabo, actos de exaltación del terrorismo o en favor de los presos de ETA.
Según UPN, esta cláusula fue aprobada en la Comisión de Presidencia del 13 de mayo de 2025 con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo EH Bildu. Ante lo que consideran un incumplimiento de aquel acuerdo, los foralistas han solicitado que la cláusula se incorpore también a los convenios ya firmados. Sin embargo, en esta ocasión, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra junto a EH Bildu, un giro que UPN ha calificado de «lamentable».
Desde la formación foralista aseguran que este cambio de postura «solo puede interpretarse como un sometimiento total a EH Bildu» y recuerdan que lo único que se reclama es el cumplimiento de una exigencia que los propios socios del equipo de gobierno defendieron el año pasado. «Si las asociaciones que organizan las fiestas permiten actos de exaltación del terrorismo o de miembros de ETA, deben perder la subvención. El Ayuntamiento no puede financiar con dinero público situaciones como las vividas el año pasado en fiestas de la Txantrea, con pancartas de los asesinos de Tomás Caballero, o brindis en honor de los presos de ETA», han señalado.
UPN considera que este tipo de actos suponen una humillación para las víctimas del terrorismo y subraya que no pueden tolerarse, y menos aún si cuentan con financiación municipal. En este contexto, la formación también ha criticado la «incoherencia» del PSN, que pese a mantener su voto favorable a la cláusula, continúa respaldando un Plan de Convivencia liderado por EH Bildu.
A juicio de UPN, la coalición abertzale «ha vuelto a demostrar que es el principal obstáculo para la convivencia en Pamplona y Navarra», una situación que, advierten, erosiona los consensos básicos en torno al respeto a las víctimas y al uso responsable de los fondos públicos.
