Representantes de UGT, LAB, CCOO y ELA se han concentrado este lunes frente al Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra para denunciar la inestabilidad del servicio de transporte de los Centros Especiales de Empleo (CEE) y de los Centros Ocupacionales de TASUBINSA, y exigir una solución «urgente e integral» antes del próximo 1 de abril.
La movilización se produce después de que la empresa haya comunicado que no puede seguir asumiendo parte del coste estructural del transporte y que la prórroga actualmente en vigor finaliza en esa fecha. A partir de entonces, Tasubinsa dejará de realizar su aportación económica, lo que supondrá un incremento «muy significativo» del precio que deberán abonar tanto las personas usuarias como las trabajadoras del servicio.
Como medida transitoria, la entidad ha planteado una aportación parcial de 100.000 euros para el primer trimestre del año, con el fin de ganar tiempo mientras se buscan alternativas. Sin embargo, los sindicatos consideran que «esta medida puntual resulta insuficiente y no garantiza una respuesta estable para el conjunto de las personas afectadas».
TASUBINSA cuenta con 13 centros distribuidos por toda la Comunidad Foral, muchos de ellos en zonas rurales, lo que —según han subrayado las centrales sindicales— genera una necesidad específica de transporte que no puede equipararse a la de recursos ubicados únicamente en entornos urbanos. «La dimensión y dispersión geográfica hacen imprescindible una solución adaptada a su realidad», han señalado.
La situación afecta tanto a las personas usuarias de los Centros Ocupacionales, vinculados a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), como a las trabajadoras de los Centros Especiales de Empleo. En el primer caso, recuerdan que se trata de personas que perciben ayudas económicas, por lo que asumir un transporte con precios «desorbitados» resulta «directamente inasumible».
En el caso de las trabajadoras de los CEE, aunque perciben salario, las retribuciones se sitúan en muchos casos en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que un incremento aproximado de 200 euros mensuales en transporte supondría «una merma salarial muy significativa». Además, advierten de que el coste podría incrementarse aún más si parte de las personas afectadas renuncian al servicio ante la incertidumbre, encareciendo el precio para el resto.
Los sindicatos han puesto el acento en que se trata de un colectivo protegido de personas con discapacidad y han reclamado que la respuesta institucional no dependa de la modalidad administrativa en la que cada persona esté encuadrada. «La necesidad es común y la solución debe ser conjunta», han defendido.
Ante la cercanía del 1 de abril y la ausencia de una propuesta cerrada, UGT, LAB, CCOO y ELA han instado tanto a la dirección de TASUBINSA como al Gobierno de Navarra a actuar «con urgencia y responsabilidad» para garantizar la continuidad del transporte en condiciones dignas, mediante fórmulas como la cofinanciación o bonificaciones en función de ingresos que eviten que el sobrecoste recaiga sobre las personas afectadas.
