El Gobierno, el Defensor del Pueblo y representantes de la Iglesia católica han firmado este lunes el protocolo que regula el nuevo sistema mixto de reparación para víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, una vía destinada a los casos en los que ya no es posible acudir a la justicia ordinaria.
El acuerdo ha sido rubricado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús D. Sariego.
El texto desarrolla el pacto alcanzado el pasado mes de enero entre el Ejecutivo, la CEE y la CONFER, y fija el próximo 15 de abril como fecha de entrada en funcionamiento del sistema. Tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable por otro más.
Durante el acto, el ministro Bolaños ha subrayado que se trata de «un día de justicia» para las víctimas y ha reconocido su papel «fundamental» para hacer posible un acuerdo que ha calificado de «histórico y pionero en el mundo».
Reparación simbólica y económica
El protocolo contempla distintas modalidades de reparación. Por un lado, una vía simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional del daño causado, al acompañamiento de las víctimas y a la petición de disculpas. Por otro, prevé compensaciones económicas por el daño sufrido y por los gastos derivados del tratamiento de posibles secuelas físicas y psicológicas.
Las indemnizaciones tendrán en cuenta la gravedad de los abusos, el perjuicio ocasionado y las eventuales compensaciones recibidas previamente en el marco de otros mecanismos impulsados por la Iglesia.
Además, las víctimas que ya acudieron al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir también a este nuevo mecanismo mixto.
Unidades específicas y comisión mixta
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que se encargará de recibir las solicitudes, orientar a las víctimas en la presentación de la documentación, gestionar las comunicaciones entre las partes y recabar los informes necesarios.
Por su parte, el Defensor del Pueblo constituirá una Unidad de Víctimas, integrada por un equipo independiente de expertos, que realizará la evaluación individualizada de cada caso y elaborará la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación correspondiente.
La CEE y la CONFER, a través de la Comisión Asesora PRIVA, emitirán un informe preceptivo y motivado sobre cada propuesta formulada por la Unidad de Víctimas.
El protocolo prevé también la creación de una Comisión Mixta, compuesta por nueve miembros en representación de todas las instituciones firmantes y de asociaciones de víctimas. Su función será intentar alcanzar acuerdos por consenso en aquellos casos en los que no exista conformidad entre las partes.
Un procedimiento con plazos tasados
El proceso se iniciará cuando la persona afectada presente un formulario ante la Unidad de Tramitación, que lo remitirá a la Unidad de Víctimas para su análisis.
Esta última deberá elaborar, en un plazo de tres meses, una propuesta de reconocimiento o denegación. Posteriormente, la Comisión Asesora PRIVA dispondrá de un máximo de dos meses para emitir su criterio motivado.
La valoración del Defensor del Pueblo y la respuesta de la Comisión PRIVA se comunicarán a la víctima, que contará con 15 días para manifestar su conformidad o presentar alegaciones. Si todas las partes están de acuerdo, la decisión será definitiva y se procederá a su ejecución.
En caso de desacuerdo, se convocará a la Comisión Mixta para intentar alcanzar un consenso en el plazo de un mes. Si no se logra, prevalecerá la valoración efectuada por el Defensor del Pueblo, que será comunicada a la víctima y a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento.
Con este protocolo, las instituciones implicadas buscan articular una vía estable y garantista que permita reconocer y reparar el daño sufrido por las víctimas fuera del ámbito judicial, cuando esta vía ya no resulte posible.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Sariego.
