El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha alcanzado este lunes un acuerdo estratégico con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para aprobar un nuevo Real Decreto-ley. Esta normativa, diseñada en un contexto de incertidumbre internacional por la crisis en Irán, introduce cambios estructurales en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre para garantizar que los transportistas no trabajen a pérdidas ante la volatilidad de la energía.
La reunión ha contado con la presencia de la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, y representantes de los ministerios de Hacienda y Economía. El eje central del pacto es la modificación de la fórmula de revisión de precios, que a partir de ahora se vinculará al coste del combustible antes de impuestos. Como medida de choque, el peso del carburante en la estructura de costes subirá del 30% al 40%, reflejando con mayor fidelidad la realidad del mercado actual.
Automatismo en las facturas y nuevas sanciones
Para asegurar el cumplimiento de lo acordado, el Gobierno reforzará el carácter automático y obligatorio de la revisión de precios. Entre las medidas más destacadas que se elevarán al Consejo de Ministros se encuentran:
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Desglose obligatorio: Será imperativo detallar en cada factura el ajuste por la variación del precio del carburante, eliminando cualquier otra forma de pacto contractual que pudiera diluir este concepto.
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Régimen sancionador: El Ministerio se ha comprometido a tramitar un tipo de sanción específico para penalizar a aquellas empresas cargadoras que incumplan estas medidas de protección al transportista.
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Consolidación legal: Se dará rango de ley a las aclaraciones interpretativas publicadas recientemente, aportando seguridad jurídica al sector.
Aclaraciones sobre ayudas y bonificaciones fiscales
El acuerdo también sirve para despejar dudas sobre la aplicación del Real Decreto-ley 7/2026. El Ministerio ha confirmado que para el cálculo de los precios medios del gasóleo no se deben incluir ni el IVA ni el IEH, ni tampoco las bonificaciones temporales vigentes. Además, se ha informado de que España ya negocia con la Comisión Europea ampliar los límites de las ayudas de Estado para superar el actual marco de "mínimis".
Finalmente, Hacienda ha ratificado que las bonificaciones actuales ya cubren combustibles alternativos como el HVO y el Biodiésel, manteniendo la línea de apoyo al régimen de módulos. Ambas partes mantienen abierta la mesa de negociación permanente a la espera de las autorizaciones definitivas desde Bruselas para desplegar el resto del paquete de ayudas directas.
