El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera Donazar, ha sugerido al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno foral que impulse una modificación legal para permitir que las ayudas del programa Programa EMANZIPA puedan concederse también a quienes alquilan habitaciones, y no únicamente viviendas completas.
La recomendación se recoge en una reciente resoluición, emitida tras estudiar la queja presentada por una joven cuya solicitud de ayuda fue denegada al contar con un contrato de alquiler de habitación en lugar de un arrendamiento de vivienda completa.
Según la reclamación, la solicitante abonaba una renta mensual de 350 euros por una habitación en una vivienda compartida, con contrato individual y cumpliendo el resto de requisitos económicos establecidos para acceder a la deducción fiscal por arrendamiento destinada a la emancipación. Sin embargo, la Administración rechazó la solicitud al considerar que la normativa vigente exige ser titular de un contrato de alquiler de vivienda y no de habitación.
El Departamento de Vivienda defendió su decisión señalando que la deducción está regulada en el artículo 68 quinquies del Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF, que establece que el beneficiario debe ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y que el precio del alquiler de la vivienda no puede superar los 700 euros mensuales, límite que —según el Ejecutivo— no puede verificarse cuando se trata de alquileres de habitaciones.
No obstante, el Defensor del Pueblo considera que, desde una perspectiva de justicia material, resulta cuestionable que situaciones como la de esta joven queden fuera de las ayudas públicas. En su resolución recuerda que, en el actual contexto de dificultades de acceso a la vivienda, el alquiler de habitaciones se ha convertido para muchas personas —especialmente jóvenes— en la única opción viable para emanciparse.
Además, la institución subraya que la Ley Foral 10/2010 del Derecho a la Vivienda en Navarra reconoce el derecho de toda persona empadronada en Navarra a disfrutar de una vivienda digna y establece que las deducciones fiscales por arrendamiento constituyen un mecanismo para garantizar ese derecho cuando no hay vivienda disponible.
En este sentido, el Defensor del Pueblo señala que otros marcos normativos recientes, como el Real Decreto 42/2022 del Bono Alquiler Joven y los planes estatales de vivienda, ya contemplan ayudas tanto para el alquiler de vivienda completa como de habitación, lo que refleja la creciente relevancia de esta fórmula habitacional.
Por ello, la institución ha sugerido formalmente al Departamento que promueva una modificación legal que permita reconocer ayudas también para el alquiler de habitaciones dentro del programa EMANZIPA u otras modalidades de apoyo al alquiler.
El Gobierno de Navarra dispone ahora de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la recomendación y qué medidas adoptará. En caso de no hacerlo, el Defensor del Pueblo podría incluir el asunto en su informe anual al Parlamento de Navarra, mencionando expresamente a la Administración que no haya atendido la resolución.
