Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha calificado la reducción de los conciertos educativos en Navarra como «no solo un recorte de medios y recursos, sino un atentado a la libertad que las familias navarras tienen para decidir el tipo de educación que desean para sus hijos e hijas».
Ante esta situación, la formación foralista ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Parlamento de Navarra «para blindar la libertad de elección de las familias y el peso y la estabilidad de la enseñanza concertada en Navarra». La iniciativa incluirá, entre otras medidas, una moratoria de un año en la aplicación de la reducción de los conciertos educativos contemplada en el artículo 44 del Decreto Foral 416/1992, que regula los conciertos educativos en la Comunidad foral.
UPN sostiene que la bajada de la natalidad «es una oportunidad única para reconfigurar el mapa educativo navarro introduciendo factores de calidad que permitan garantizar una escuela sostenida con fondos públicos que dé respuesta a las necesidades de nuestra Comunidad Foral».
En este sentido, los regionalistas aseguran que «todos los sindicatos de las redes pública y concertada» se habían posicionado a favor de que el descenso demográfico sirviera para ajustar el sistema a la nueva realidad. «Hoy es el día en el que el Departamento no ha escuchado a la comunidad educativa y se encuentra con una situación que habría podido prever sin afectar a los derechos de las familias navarras», han criticado.
Según UPN, la decisión «condena a 14 centros a limitar su capacidad de respuesta a la demanda», y lo hace «no solo por unos años, sino durante todo el ciclo educativo obligatorio que dura nada menos que 13 años». Argumentan que, aunque la demanda se recupere en el futuro, en ese grupo de edad no se concederá un nuevo grupo durante todo su recorrido educativo.
La formación también ha advertido de que la medida podría no quedarse ahí. «La sectaria decisión de no permitir aumentar los grupos actuales en la enseñanza concertada, aunque exista demanda para ello, firmada por los socios del Gobierno de Chivite en su acuerdo, agrava aún más la situación», han señalado, al considerar que la eliminación de aulas se verá reforzada por la imposibilidad de recuperarlas.
Además de la proposición de ley, UPN reclamará «la apertura de un diálogo en la comunidad educativa sobre la visión del sistema educativo» y la elaboración de «un estudio serio basado en parámetros reales» que ofrezca soluciones respetuosas con las decisiones de las familias, la estabilización del empleo y el mantenimiento de la calidad de un sistema que, a su juicio, ha sido durante años referente nacional por su nivel de inclusión e innovación.
