La Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto de Navarra (ADAVAN) se ha concentrado este viernes frente al Palacio de Justicia de Pamplona para respaldar a la familia de M.S.R., fallecido en 2019 por un adenocarcinoma pulmonar tras décadas de exposición laboral al amianto, en el marco del juicio por daños que enfrenta a sus allegados con la empresa Agni/BSH.
El trabajador prestó servicios en la compañía entre 1967 y 1988, en labores de montaje de paneles de catalíticas. Tras su fallecimiento, en octubre de 2021 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció las prestaciones de viudedad y orfandad como derivadas de enfermedad profesional, una condición que quedó definitivamente ratificada por sentencia firme en octubre de 2025. El fallo estableció como hechos probados tanto la exposición al amianto como la ausencia de medidas de protección por parte de la empresa.
Con este antecedente judicial consolidado, el proceso celebrado hoy se ha centrado exclusivamente en la cuantía de la indemnización por daños, sin que se haya discutido la responsabilidad de la mercantil en la exposición ni las condiciones laborales del fallecido.
Desde ADAVAN han denunciado la prolongación del procedimiento, iniciado en 2020, y han criticado la actuación de la empresa, a la que acusan de dilatar el proceso de forma “torticera y abusiva” para eludir responsabilidades. La asociación sostiene que estas prácticas afectan especialmente a personas de edad avanzada y sus familias, y ha reclamado que se penalicen estas demoras con recargos que compensen la pérdida de poder adquisitivo y el tiempo transcurrido.
Asimismo, el colectivo ha anunciado una próxima reunión con el Gobierno de Navarra para abordar el desarrollo del Plan de Desamiantado y el seguimiento sanitario de las personas afectadas, exigiendo avances concretos en su aplicación.
Por último, ADAVAN ha cargado también contra el INSS, al que acusa de mantener una actitud “obstruccionista” por negarse a mantener reuniones con la asociación para aclarar retrasos en la tramitación de expedientes. De persistir esta situación, advierten, podrían iniciar medidas de presión en defensa de los derechos de las víctimas.
