La presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, ha propuesto aumentar hasta 1.500 el número de agentes de la Policía Foral, frente a los poco más de 1.100 que, según advierte, habrá en 2027 si no se corrige la tendencia actual. Lo ha hecho este miércoles en la clausura de la jornada 'Acción Seguridad: ideas y soluciones para Navarra', organizada por el partido foralista en Pamplona.
Ibarrola ha alertado de que "resulta inaudito" que mientras la delincuencia crece en Navarra, el número de efectivos policiales no solo no aumente, sino que esté disminuyendo. "No se están cubriendo ni siquiera las tasas de reposición por jubilaciones", ha denunciado, recordando que en 2009 UPN acordó con el Gobierno central contar con 1.200 agentes, cifra que tampoco se ha alcanzado.
Una criminalidad que creció casi el doble que la media nacional
La presidenta de UPN ha respaldado su diagnóstico con datos del Ministerio del Interior: desde 2015, la criminalidad en Navarra ha crecido un 49,5%, frente al 21,5% registrado en el conjunto de España. "Somos la segunda comunidad donde más ha aumentado la criminalidad en los últimos diez años. No es una percepción. Son datos oficiales", ha recalcado, añadiendo que "los problemas no se resuelven ni mirando hacia otro lado ni con demagogia sin soluciones".
En ese sentido, ha cargado duramente contra el Ejecutivo foral, al que ha acusado de haber marcado como "confidenciales" datos preocupantes y de llevar "más de dos años" prometiendo un plan de seguridad que aún carece de presupuesto.
Seis compromisos concretos
Ibarrola ha desgranado un paquete de seis medidas con las que UPN pretende revertir la situación:
- Más efectivos policiales. Incrementar la Policía Foral hasta los 1.500 agentes y asumir que "no se pueden asumir competencias nuevas sin recursos".
- Coordinación policial. Mejorar la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el 112, con protocolos conjuntos y un mando unificado para situaciones que lo requieran.
- Análisis criminológico. Crear, en colaboración con universidades y facultades de Criminología, un sistema permanente de análisis de perfiles delincuenciales para "anticipar riesgos", porque "la reincidencia no se combate improvisando".
- Ciberseguridad. Poner en marcha un plan específico ante una ciberdelincuencia que ya representa el 18% de todas las infracciones penales en Navarra, con campañas para mayores, formación obligatoria en centros educativos y apoyo a pymes.
- Protección de menores. Implantar un protocolo unificado contra el acoso y el ciberacoso en todos los centros escolares, con atención psicológica especializada, y desplegar "de una vez" los programas de prevención del juego problemático que, según Ibarrola, "la ley ya obliga y el Gobierno lleva tres años posponiendo".
- Tecnología policial. Dotar a todos los agentes de cámaras body-cam, instalar cámaras de alta definición en las calles y mejorar los sistemas de información compartida entre cuerpos.
Deportaciones, ayudas sociales y Código Penal
La presidenta de UPN también ha abordado otras cuestiones vinculadas a la seguridad. Ha criticado que en 2025 se emitieran en España más de 53.000 órdenes de deportación pero solo se ejecutaran 3.400, un 8% que, a su juicio, "nos sitúa a la cola de Europa".
Ha anunciado además que exigirá que quienes perciban la Renta Garantizada no tengan antecedentes penales graves, y que dicha ayuda se suspenda si se cometen delitos mientras se cobra. Por último, se ha comprometido a impulsar una reforma del Código Penal para endurecer las penas por agresiones a agentes de la autoridad, con un régimen agravado para reincidentes.
