La comisión parlamentaria creada para investigar las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de Navarra cerrará sus trabajos sin que ninguno de los grupos que la impulsaron haya podido acreditar la existencia de corrupción ni de injerencias políticas en los procedimientos analizados. Tras casi diez meses de trabajo y 43 comparecencias, PSN-PSOE, EH Bildu Nafarroa, Geroa Bai y Contigo Zurekin, que suman mayoría en la comision han presentado este martes sus respectivas conclusiones con un denominador común: no hay pruebas de corrupción, pero sí deficiencias procedimentales que exigen mejoras en la contratación pública.La conclusion no es compartida por los grupos de la oposicion, UPN pide la dimisión de la presidenta Chivite al considerar que hay "indicios" de corrupción en la adjudicación de Belate, mientras que el PP ha valorado que “ocho meses después, las dudas y las sospechas sobre una posible corrupción siguen sin despejarse”.
El PSN reivindica la limpieza de la gestión foral
El portavoz socialista, Javier Lecumberri, fue el más contundente en su lectura política. Los socialistas extraen cuatro conclusiones principales: ningún responsable político ni funcionario ha incurrido en prácticas corruptas, no se detectan actuaciones ilícitas entre las empresas licitadoras, no existen indicios de corrupción en las obras investigadas y no queda acreditada ninguna injerencia política o empresarial en la adjudicación de los túneles de Belate, el expediente que concentró mayor atención mediática.
Lecumberri subrayó que todos los miembros de las mesas de contratación negaron haber recibido presión de ningún tipo, que ninguna empresa participante en la licitación de Belate presentó recurso contra el procedimiento y que ninguna de las obras investigadas está siendo objeto de proceso judicial. No rehuyó el tono político: acusó a UPN, PP y Vox de haber intentado «generar sospechas sobre las instituciones navarras» sin respaldo en los hechos y con una «intencionalidad política» que iba más allá de aclarar lo ocurrido. El grupo presentó además seis recomendaciones para reforzar la transparencia, entre ellas mejorar la Ley Foral de Contratos Públicos y fortalecer la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.
EH Bildu: irregularidades sí, corrupción no probada
El grupo soberanista, que ha elaborado un documento de más de 135 páginas, comparte el diagnóstico central pero introduce matices relevantes. En su texto reconoce que la comisión ha constatado incumplimientos de la legalidad y de los principios de buena administración, aunque aclara que eso no equivale a haber demostrado la existencia de un pacto ilícito entre responsables públicos y operadores privados, ni la obtención de beneficios económicos indebidos.
EH Bildu introduce además una advertencia de calado: que no se hayan probado prácticas corruptas «no significa que no hayan podido existir», correspondiendo en ese caso a la justicia penal su determinación. Entre sus propuestas destaca la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública, el refuerzo de los sistemas de contratación electrónica para garantizar la trazabilidad completa de los procedimientos y el fortalecimiento de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. La coalición reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción, a la que calificó de «grave amenaza para la calidad democrática».
Geroa Bai: prudencia ante lo que aún puede seguir abierto
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, coincidió en que la comisión no ha podido acreditar la existencia de instrucciones políticas, presiones externas ni actuaciones dirigidas a predeterminar el resultado de las adjudicaciones. Tampoco se han acreditado contrataciones, beneficios personales ni mecanismos de compensación vinculados a los procedimientos examinados. Los responsables de las mesas de contratación que comparecieron, subrayó, manifestaron de forma «directa, expresa y coincidente» no haber recibido indicaciones políticas sobre el sentido de sus decisiones.
Sin embargo, Geroa Bai es el grupo que más énfasis pone en la necesidad de actuar con prudencia respecto al expediente de Belate, dado que continúa siendo objeto de procedimiento administrativo y podría derivar también en sede judicial. En ese sentido, el grupo recordó que durante los trabajos se conoció un segundo informe de la UCO, vinculado a una denuncia presentada, que confirmaría que el asunto puede seguir abierto. Sus propuestas apuntan al refuerzo de la trazabilidad documental, la mejora de los sistemas de valoración y la consolidación de mecanismos preventivos de control.
Contigo Zurekin: sin corrupción acreditada, pero con contradicciones que no pueden ignorarse
La coalición, que reivindicó haber sido determinante para que la comisión se pusiera en marcha tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, presentó unas conclusiones que van algo más allá en el reconocimiento de las sombras detectadas. Su portavoz, Miguel Garrido, admitió que la comisión no puede afirmar con certeza qué ocurrió exactamente en todos los procedimientos investigados.
Coincide con el resto en que no ha quedado acreditada la existencia de tráfico de influencias ni de injerencias políticas o empresariales, pero señala de forma explícita que sí se han detectado deficiencias en determinados procedimientos administrativos y contradicciones relevantes en algunas comparecencias. «No se ha descubierto ninguna práctica compatible con lo que llamamos corrupción, pero sí cuestiones que deben corregirse para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones», afirmó Garrido. La coalición defendió que las conclusiones no deben entenderse como un punto final, sino como una oportunidad para mejorar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
PP sí ve posible corrupción
En sentido opuesto, para el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, la principal conclusión es clara: “después de ocho meses de Comisión de Investigación y de decenas de comparecientes, las dudas y las sospechas sobre una posible corrupción siguen estando ahí. Por tanto, la Comisión de Investigación no ha servido para despejar las dudas que existían y que continúan existiendo a día de hoy”.
García ha señalado que durante estos meses se han conocido numerosos hechos, informaciones e indicios que impiden cerrar este asunto sin interrogantes. “Son demasiadas irregularidades, demasiados incumplimientos, demasiadas conexiones y demasiadas formas de operar que se repiten. También se repiten los protagonistas, las empresas y determinadas relaciones que generan una evidente preocupación”, ha afirmado.
