La Guardia Civil de Navarra ha activado un dispositivo reforzado de vigilancia y control del uso del fuego en suelo no urbanizable de la Comunidad Foral, en colaboración con el Guarderío de Medio Ambiente y el resto de cuerpos policiales. El objetivo es garantizar el cumplimiento estricto de la normativa de prevención de incendios en el momento en que los factores climáticos elevan el riesgo.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y de las unidades de seguridad ciudadana inspeccionarán que todas las actividades agrícolas y silvícolas que empleen fuego cuenten con la preceptiva autorización o declaración responsable previa. La normativa vigente exige además que las quemas se extingan completamente dos horas antes de la puesta del sol y se suspendan de inmediato ante la presencia de viento fuerte.
Medios obligatorios y prohibiciones estivales
Los responsables de las quemas deberán tener en el lugar los medios de extinción reglamentarios: mochilas sulfatadoras de al menos 15 litros o franjas cortafuegos labradas de un mínimo de ocho metros en el caso de eliminación de rastrojos. Las patrullas controlarán también la circulación de vehículos por pistas forestales, la prohibición de arrojar colillas desde las ventanillas y el uso de barbacoas o camping-gas en espacios abiertos de la zona sur, cuya prohibición estival es absoluta.
Recomendaciones para agricultores y ciudadanos
La Guardia Civil insta a los profesionales agrícolas a revisar los motores de cosechadoras y empacadoras para evitar chispas y a respetar la prohibición nocturna de uso de maquinaria pesada. A los propietarios de fincas, a mantener perímetros limpios de maleza y labrar las fajas de seguridad en las pajeras. Y a la ciudadanía en general, a abstenerse de usar material pirotécnico en zonas vulnerables y a retirar todos los residuos del medio natural.
Ante cualquier indicio de humo o conato de incendio, la Guardia Civil pide comunicarlo de inmediato al 062 o al 112. El incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones administrativas y, en caso de negligencia grave o intencionalidad, responsabilidades civiles o penales.
