El colectivo Negu Gorriak ha convocado este martes un acto público ante la casa de duchas de la calle Eslava, en Pamplona, para denunciar la suspensión del servicio durante los Sanfermines, una medida que, según señalan, deja sin acceso a duchas y lavadoras a cientos de personas que viven en la calle, aumentando el riesgo para su salud. En la concentración han participado miembros del colectivo que son usuarios habituales del servicio, con el objetivo de visibilizar la situación de desprotección que sufren a raíz de lo que califican como "una decisión arbitraria del Ayuntamiento".
Desde Negu Gorriak han vinculado esta denuncia a lo que consideran un "despliegue violento y excesivo" de las fuerzas policiales registrado en las últimas semanas, citando como ejemplo la actuación contra los integrantes de la flotilla en Loiu y contra las profesoras en huelga en Valencia. En el caso concreto de Pamplona, el colectivo denuncia levantamientos de tiendas de campaña durante la madrugada, citas trampa e identificaciones basadas en el perfilamiento racial o en la mera situación de vivir en la calle.
Falta de medios en las unidades de barrio de servicios sociales
Frente a este despliegue policial, el colectivo contrapone lo que describe como una grave falta de medios en las unidades de barrio de servicios sociales. Según denuncian, la ausencia de sustituciones de las trabajadoras de baja genera una sobrecarga de trabajo que deriva en más bajas y en una atención deteriorada, con citas que se posponen pese a la urgencia y recursos que no llegan a repartirse por falta de personal vinculado a ellos. Esta situación, añaden, dificulta una labor óptima, puede llevar a errores y afecta directamente a las personas usuarias, que ven cambiar de referente cada mes.
Negu Gorriak reclama además un cambio en el modelo de atención social, alejado de "herramientas obsoletas como el co-diagnóstico", que consideran no representan realidades sociales actuales como las situaciones de calle o el hacinamiento. El colectivo pide reforzar las plantillas municipales —trabajadoras sociales, educadoras y personal administrativo— y denuncia que estas asumen "en propia carne" los retrasos del Gobierno de Navarra en la tramitación de la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital, retrasos que, según señalan, generan un estrés añadido en las personas vulnerables que termina descargándose, en ocasiones de forma agresiva, sobre las propias unidades de barrio.
"Menos policía y más trabajadoras sociales"
El colectivo ha hecho referencia también al gasto de la Ertzaintza en contratos con empresas israelíes, que considera contrario a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca de apoyo a Palestina, y ha denunciado lo que describe como un elevado gasto público destinado al despliegue policial para llevar a cabo desalojos y patrullar de forma constante las calles de Iruñerria.
"Estar en la calle no es un delito. Intentar solucionar un problema social usando la policía es caro e ineficaz", ha señalado Negu Gorriak, que ha reclamado tanto al Ayuntamiento de Pamplona como al Gobierno de Navarra que ese dinero se destine en su lugar a recursos sociales, a la contratación de más trabajadoras y educadoras sociales, y a soluciones habitacionales urgentes, bajo el lema "Menos policía, y más trabajadoras sociales".
