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La imputación de la cúpula de la Guardia Civil eleva el ‘caso Leire Díez’ a crisis institucional en Interior

El juez Pedraz cita como investigados a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO, Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción

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  • Mercedes González, en el Senado

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un salto inédito en la crisis del ‘caso Leire’ al imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia.

Según fuentes jurídicas, González se convierte así en la primera directora general de la Guardia Civil encausada penalmente por conspirar presuntamente contra sus propios agentes, un hito que agrava la fractura interna en el Instituto Armado.La decisión de Pedraz llega apenas horas después de que Anticorrupción reclamara su imputación, evidenciando la sintonía entre el criterio de la Fiscalía y el del instructor en esta fase de la causa.

La relación Mercedes González–Leire Díez

El núcleo de la imputación pasa por la secuencia de reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, a quien la investigación sitúa al frente de una trama de espionaje, coacciones y sobornos diseñada para blindar al entorno del Gobierno frente a investigaciones por corrupción. Informes de la UCO incorporados al sumario apuntan a varios encuentros en los que Díez habría pedido a la directora que iniciara actuaciones internas contra los agentes que investigaban casos que afectaban al PSOE y al círculo de Pedro Sánchez, incluida la UCO.

Los investigadores dan credibilidad a las 'bravuconadas' de Díez cuando presume ante terceros de su “influencia” sobre la máxima responsable de la Guardia Civil, y vinculan esa relación con la apertura de expedientes internos por supuestas filtraciones en causas como las de Koldo García, Begoña Gómez o el hermano del presidente. La Fiscalía entiende que, si se confirma que esas actuaciones se tomaron para contentar a la red de Díez y no por criterios objetivos, podrían encajar en un delito de prevaricación administrativa y constituir una forma de obstrucción a la labor de la UCO.

El papel del DAO y la ofensiva contra la UCO

La imputación del DAO, Manuel Llamas, sitúa el foco en el corazón operativo de la Benemérita, donde se decide qué se investiga, cómo y con qué medios. Los indicios lo relacionan con las maniobras para abrir investigaciones internas contra la UCO por presuntas filtraciones, en paralelo a las presiones que describen mandos de la unidad para “ponerse de perfil” en las pesquisas sobre el hermano del presidente.

Para la acusación popular, el DAO forma parte de una cadena de mando que habría permitido, cuando menos, que la red de Díez utilizara los resortes disciplinarios de la Guardia Civil como herramienta de desgaste sobre los investigadores más incómodos. Si Pedraz confirma ese patrón, el caso podría evolucionar desde el terreno de la prevaricación aislada hacia el de una estructura estable de corte parapolicial al servicio de intereses políticos, con la cúpula de la Benemérita como eslabón clave.

El choque político: del Senado a Génova

Este nuevo terremoto judicial llega después de semanas de tensión política, con la directora de la Guardia Civil compareciendo en el Senado para dar explicaciones por sus contactos con Leire Díez y acusando a “pseudomedios” de amplificar un “ruido mediático” interesado. En aquella sesión, González evitó detallar el contenido de algunas reuniones y negó cualquier interferencia en investigaciones judiciales, una versión que hoy choca con la lectura que hace Anticorrupción de los chats, agendas y testimonios de la UCO.

El PP ha convertido el ‘caso Leire’ en otro ariete contra el Gobierno: reclama la dimisión inmediata de González y de Marlaska, habla de “delincuencia de Estado” y acusa al PSOE de utilizar el aparato institucional para proteger al presidente y a su entorno.

Desde Interior, Fernando Grande-Marlaska mantuvo esta misma semana el respaldo a la cúpula de la Guardia Civil y reivindica la “ejemplaridad y honestidad” de su directora, negando cualquier intromisión en las investigaciones y atribuyendo el escándalo a una utilización política de la causa. Grande Marlaska reconoció además en el Senado que sí sabia que la directora se había reunido con Leire, desdiciendose así de lo que aseguró en su momento en sede parlamentaria. 

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