La Plataforma por la Educación Pública, junto a los colectivos Ratioak Jaitsi 0-18, la Plataforma 0-3 de Navarra y la federación Sortzen, ha reclamado la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reducir las ratios de alumnado en todas las etapas de la enseñanza pública navarra.
Los colectivos registraron la iniciativa el pasado 13 de mayo y defienden que la reducción del número de alumnos por aula permitiría mejorar la atención educativa, reducir el fracaso escolar, prevenir el acoso y atender de forma más adecuada a la diversidad. La propuesta plantea establecer por ley unos límites máximos de alumnado desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional.
La situación de la iniciativa ha dado un nuevo paso después de que la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces hayan remitido el texto al Gobierno de Navarra. El Ejecutivo dispone de diez días para emitir un informe favorable o desfavorable, con fecha límite el 22 de septiembre.
Las organizaciones promotoras han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno emita un informe desfavorable por el impacto presupuestario de la medida. Según sostienen, esto podría impedir que la iniciativa llegue a debatirse en el Parlamento. Por ello, reclaman a los partidos con representación en la Mesa y la Junta de Portavoces que permitan su tramitación y que sea posteriormente el Parlamento quien debata y vote la propuesta.
Una propuesta con límites de alumnado por aula
El texto plantea diferentes ratios máximas en función de la etapa educativa. En el primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, propone ratios de entre cuatro y ocho criaturas por unidad, dependiendo de la edad. Para el segundo ciclo de Infantil fija un máximo de 15 alumnos por unidad.
En Educación Primaria, la propuesta establece una ratio máxima de entre 15 y 18 alumnos por aula, priorizando las ratios más bajas en los centros con mayor complejidad educativa. También contempla límites específicos para las escuelas rurales y los centros de educación especial.
Para la ESO, el texto sitúa la ratio máxima entre 15 y 20 alumnos por grupo, con criterios de reducción vinculados a la diversidad y las necesidades del alumnado. En Bachillerato y los ciclos de grado medio de Formación Profesional, el máximo propuesto sería de 20 alumnos por unidad.
La iniciativa también establece que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos del cálculo de la ratio en determinadas etapas.
131 millones de euros según Educación
Uno de los principales puntos de discusión es el coste de la medida. Según los cálculos citados por las organizaciones promotoras y atribuidos al Departamento de Educación, reducir las ratios en todas las etapas educativas tendría un coste de 131 millones de euros. La propia propuesta podría requerir una cantidad superior al tomar como referencia ratios recomendadas por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea.
Los colectivos reclaman que la reducción de ratios se incluya en los próximos presupuestos de Navarra y defienden que la medida debe considerarse una inversión en la educación pública.
En este sentido, el comunicado compara la evolución de los fondos destinados a la enseñanza concertada, que, según sus datos, pasaron de 170 millones de euros en 2024 a 180,5 millones en 2026. Además, señala que la ley aprobada en junio supondrá otros 139,5 millones adicionales durante los próximos cuatro años. El documento añade que el 87 % de las líneas educativas cerradas durante la última década correspondieron a la red pública.
Una ley con garantía presupuestaria
La propuesta contempla además una garantía presupuestaria para asegurar el cumplimiento de las ratios fijadas. El texto establece que el Departamento de Educación deberá garantizar anualmente la dotación suficiente para aplicar las medidas y que su cumplimiento tendrá carácter prioritario en la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra.
Los promotores consideran la reducción de ratios como el primer paso de una serie de reivindicaciones relacionadas con la educación pública. Entre ellas citan la sobrecarga de los orientadores, la situación del personal de servicios, la falta de comedores públicos y las temperaturas elevadas en los centros por la ausencia de sistemas de climatización.
La Plataforma por la Educación Pública ha anunciado que continuará organizándose junto a familias, alumnado y trabajadores del sector para reclamar mejoras en la red pública de enseñanza.
