El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, con amplio respaldo, la nueva Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica de La Rioja, que sustituye la normativa de 1998 para adaptar el sector a los cambios de los últimos 27 años. La norma, impulsada por el Gobierno de La Rioja, refuerza un modelo de farmacia cercano, equitativo y centrado en la atención farmacéutica, con especial énfasis en el ámbito rural.
La nueva legislación incorpora el concepto de “atención farmacéutica” en su título, destacando el rol asistencial de los farmacéuticos más allá de la gestión de establecimientos. Regula de forma integral todos los ámbitos del sector: oficinas de farmacia, servicios hospitalarios y de atención primaria, depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios, de salud mental, penitenciarios y veterinarios, así como unidades de radiofarmacia y entidades de distribución.Uno de los pilares de la ley es la potenciación de la farmacia rural, especialmente a través de los botiquines farmacéuticos.
Con 48 botiquines en la región y el 51% de las 99 farmacias rurales ubicadas en municipios de menos de 1.500 habitantes, la norma regula su autorización y adscripción a farmacias de baja población para garantizar su viabilidad y el acceso a medicamentos en todos los municipios riojanos. “Se trata de asegurar servicios públicos de calidad y una atención farmacéutica cercana en las localidades más pequeñas”, subrayó un portavoz del Gobierno regional.La ley también aborda aspectos como la flexibilidad horaria, la promoción y publicidad de medicamentos, la planificación farmacéutica y servicios como la entrega a domicilio o la preparación de sistemas personalizados de dosificación para mejorar la adherencia a tratamientos. Además, refuerza el papel de los servicios de farmacia en atención primaria para optimizar el uso de medicamentos y productos sanitarios.
Con 158 farmacias en La Rioja (59 en Logroño y 99 en el resto de la región), esta normativa dota a la Comunidad de un marco moderno que responde a las necesidades de profesionales y ciudadanos, alineándose con normativas estatales y europeas. La ley establece las bases para futuros desarrollos reglamentarios, promoviendo el uso racional de medicamentos y la equidad territorial en el acceso a servicios farmacéuticos.
