La consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, compareció este martes en comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai para explicar el informe sobre Juventud y Movimientos Migratorios presentado el pasado 30 de abril. La sesión discurrió con normalidad hasta que la intervención del portavoz de VOX, Emilio Jiménez, desató uno de los momentos de mayor tensión de la jornada, con un rifirrafe directo con la consejera que monopolizó buena parte del segundo turno.

Un estudio "lleno de esperanza" según Geroa Bai

La portavoz de Geroa Bai, Itxaso Soto, impulsora de la comparecencia, abrió la sesión poniendo en valor las conclusiones del informe. "Aquí en Navarra hay esperanza todavía, seguimos siendo una comunidad de acogida y así también lo percibe la gente joven", afirmó, resaltando que casi una de cada cuatro personas jóvenes navarras ha nacido fuera de España y que un tercio proviene de familias donde ambos progenitores son de origen extranjero. Soto destacó también el compromiso de la juventud navarra con los valores de igualdad y convivencia, y subrayó la importancia de activar políticas públicas que generen "una inclusión positiva y real".

La consejera Alfaro, en su exposición de los datos, destacó que el 72% de los jóvenes navarros mantiene relaciones de amistad con personas de otro origen, cultura o religión, y que únicamente un 5% desearía vivir en una sociedad de composición uniforme. Señaló como asignatura pendiente la integración a través del deporte, donde la interrelación entre jóvenes de distintos orígenes cae hasta el 52%. Alfaro también quiso trasladar un mensaje de fondo: "La internacional del odio está fracasando en sus intentos de dañar a la juventud navarra y a la imagen que tenemos de ella".

VOX carga contra el informe: "Ideológico, penoso y omite deliberadamente la delincuencia"

El portavoz de VOX, Emilio Jiménez, arremetió con dureza contra el estudio. Lo calificó de "documento ideológico y penoso" que "idealiza la inmigración, promueve el multiculturalismo como valor absoluto y silencia sistemáticamente los problemas reales de integración, costes sociales y seguridad". Jiménez acusó al informe de omitir deliberadamente toda referencia a la delincuencia, señalando que las palabras "delincuencia", "delito", "crimen" o "seguridad" no aparecen en ningún momento. En esa línea, citó datos de un informe de la Policía Foral que, a su juicio, revelaban una sobrerrepresentación de personas extranjeras en las estadísticas de detenciones. "Este informe del Gobierno de Navarra es un ejercicio de propaganda", concluyó.

Pero la mayor tensión llegó cuando Jiménez denunció que la consejera había empleado el término "extrema derecha" para referirse a él durante la sesión en un momento en que no se encontraba presente en la sala. "Es una auténtica falta de respeto a este parlamentario y al Parlamento", protestó, exigiendo a Alfaro que rectificara y pidiera disculpas. Ante la negativa de la consejera a hacerlo, Jiménez advirtió que eso le daba "patente de corso para decir lo que me dé la gana", lo que provocó varios cruces de palabras con la presidenta de la comisión, que tuvo que intervenir en varias ocasiones para reconducir el debate.

UPN pregunta por los jóvenes de Bildu; el PP pide menos autocomplacencia

El portavoz de UPN, Ángel Ansa también presente en la comisión, reprochó a Alfaro que no respondiera a su pregunta de si rechaza las declaraciones de la portavoz de EH Bildu que, según dijo, justificaron el uso de la violencia por parte de jóvenes de la izquierda abertzale. La consejera esquivó la cuestión directa y contraatacó preguntándole si UPN condena la convocatoria de ayudas del alcalde de Valtierra —del mismo partido— que, a su juicio, discrimina a madres magrebíes.

Maribel García Malo,portavoz del PP, por su parte, pidió no caer en la autocomplacencia ante los datos del informe y reclamó políticas que "integren en lugar de segmentar", reprochando al Gobierno discursos de "buenos y malos".

Desde Contigo-Zurekin, su portavoz José Miguel Garrido señaló que la verdadera clave del informe es la desigualdad estructural de partida que sufren los jóvenes de origen migrante, y reclamó una transformación de las políticas públicas "a la misma velocidad que se transforma la sociedad".

La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María Caballero Martínez ha interpelado este martes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por los numerosos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y que se encuentran bajo investigación judicial. "¿Qué más tiene que pasar para que ustedes asuman alguna responsabilidad política?", le ha preguntado directamente desde la tribuna del Senado.

"Sr. Bolaños, esto se acaba y usted lo sabe. Ábalos, Koldo, Cerdán, Zapatero, Leire, Begoña, el hermanísimo, el presidente y el vicepresidente de la SEPI, la gerente del partido… y en el centro de todo, Ferraz. Ustedes ya no gobiernan, solo trabajan para mantenerse y defenderse", ha afirmado la senadora navarra, quien también ha cuestionado la actitud del titular de Justicia ante la judicatura: "En lugar de defender la independencia judicial y el estado de derecho, ha arremetido usted contra los jueces. ¿Dónde se piensa colocar esta vez, junto a las cloacas o junto a la Justicia?".

Caballero ha repasado uno a uno los principales casos que salpican al PSOE. Ha recordado que Ábalos "dijo que todo era falso y a quien ustedes pagaron el abogado"; que Cerdán "ha dicho que todo es una conspiración contra él por haber negociado con Bildu y también en Waterloo"; que Leire Díez "dijo que era una periodista de investigación que nada tenía que ver con el PSOE", y que Zapatero "aseguró que no tenía ninguna empresa ni nada que ver con Venezuela ni con el rescate de Plus Ultra, pero que hoy está encerrado preparando la respuesta a un auto demoledor que le incrimina".

La senadora ha denunciado además que, con Cerdán a la cabeza y con conocimiento del partido, "pusieron la maquinaria de Ferraz a trabajar con unos métodos mafiosos para extorsionar a jueces, investigadores e incluso implicando a la dirección de la Guardia Civil para impedir que las investigaciones que les afectan avancen".

"Estamos hartos de que nos mientan, de que miren para otro lado y de que, encima, se victimicen y nos quieran hacer creer que existe un complot contra el Gobierno de Sánchez", ha subrayado Caballero, quien ha cerrado su intervención con una batería de preguntas al ministro: "¿No piensan asumir ninguna responsabilidad? ¿Ni cuando salga la tasación de las joyas de Zapatero? ¿Sigue siendo el expresidente un referente del socialismo?".

En su respuesta, Bolaños ha defendido que el Gobierno "actúa con contundencia en los casos de aquellas personas sobre las que recaen indicios sólidos" y ha asegurado que los procedimientos judiciales en curso demuestran que "el estado de derecho en España funciona, que jueces, magistrados y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pueden hacer su labor y la hacen sin injerencias, algo que no ha sido siempre así".

Parlamentarias y parlamentarios forales, junto al Defensor del Pueblo, se han concentrado este martes a mediodía en la parte trasera del Parlamento de Navarra para mostrar su repulsa por el asesinato de dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas en las provincias de Málaga y Alicante. Bajo el lema "No a la violencia contra las mujeres", la Cámara ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

Con estos dos nuevos crímenes, el contador de feminicidios por violencia de género en España se eleva a 22 en lo que va de 2026 y a 1.363 desde que el Ministerio del Interior comenzó a registrar los casos en 2003.

Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua ha trasladado al Congreso de los Diputados su rechazo a la operación policial que la semana pasada se saldó con 28 detenidos en Pamplona, todos ellos relacionados con los sucesos del 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra. A través de los diputados Fèlix Alonso y Enrique Santiago, del Grupo Plurinacional SUMAR, la formación ha registrado este lunes una serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo en las que le exige que aclare los fundamentos de la operación y que evite actuaciones de carácter disuasorio contra la movilización social.

Los arrestos de la semana pasada se suman a los cuatro ya practicados en noviembre, hasta sumar 32 detenidos por los incidentes que se produjeron cuando un acto de la gira de un agitador de extrema derecha —posteriormente sancionado por el propio Congreso— fue suspendido en el campus pamplonés. Los imputados se enfrentan a cargos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

El coordinador de IU Navarra, Carlos Guzmán, ha calificado la operación de "absolutamente desproporcionada" y ha advertido de que huele "a operación diseñada para disuadir a la juventud y a los colectivos antifascistas de ejercer su legítimo derecho a la protesta", si bien ha dejado claro que la formación no comparte los disturbios que se produjeron aquel día. Guzmán ha señalado además que es el propio Gobierno quien debería "vigilar y actuar contra estas provocadoras convocatorias de extrema derecha, cuyo único fin es alterar el orden público y proclamar consignas discriminatorias y racistas", y ha advertido de que "ese odio planificado genera más odio, y por consiguiente disturbios absolutamente innecesarios como los que pudimos comprobar en Pamplona".

En sus preguntas parlamentarias, IU insta al Ejecutivo a pronunciarse sobre tres cuestiones: qué valoración le merece que se alienten convocatorias de carácter extremista; qué medidas adoptará para frenar lo que la formación considera una represión de la protesta antifascista; y si es consciente de que detener a quienes defienden la democracia genera, a su juicio, una sensación de impunidad en la ultraderecha y desincentiva la defensa de los valores democráticos.

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado públicamente la inacción del equipo de gobierno liderado por Joseba Asiron ante la proliferación de asentamientos ilegales en la capital navarra. La formación foralista ha exigido medidas urgentes tras revelar que, durante el primer trimestre de 2026, la Policía Municipal ha tenido que realizar una media de una actuación diaria tanto en el entorno de la antigua ikastola Jaso como en el parque de Aranzadi.

Para abordar esta situación, UPN presentó una declaración formal en la Comisión de Presidencia con el objetivo de impulsar una solución definitiva para el derribo del viejo edificio escolar y exhortar al consistorio a impedir estos campamentos improvisados, especialmente los situados en áreas de riesgo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los votos en contra de los partidos del equipo de gobierno y del PSN, una postura que los foralistas han calificado como una muestra clara de su nula preocupación por resolver este problema de seguridad ciudadana.

Riesgo de inundaciones en Aranzadi y la paralización del derribo de la ikastola Jaso

La formación política ha manifestado que el ejecutivo local se encuentra totalmente superado por la magnitud del problema y le afea que no esté reclamando la implicación del Gobierno de Navarra. Según los representantes de UPN, el discurso oficial de la legislatura insiste en que se está trabajando en el asunto, pero la realidad constata que cada día hay más personas malviviendo en la calle, lo que genera problemas tanto de vulnerabilidad social para los propios ocupantes como de convivencia para el resto de la ciudadanía.

La denuncia parlamentaria ha hecho especial hincapié en el deterioro del parque de Aranzadi. UPN sostiene que el reciente desalojo del chalé de las Agustinas ha provocado un efecto llamada, desplazando a la mayoría de sus antiguos ocupantes hacia zonas inundables del parque fluvial. Los regionalistas advierten que la falta de intervención municipal, además de degradar este entorno natural de Pamplona, supone un peligro real e inminente para la integridad física de las personas que pernoctan en el lugar ante eventuales crecidas del río Arga.

Por otra parte, respecto a la antigua ikastola Jaso, los foralistas recordaron que hace un año ya solicitaron la demolición de la estructura. En aquel momento, la respuesta institucional aseguró que el Consorcio se reuniría antes de las fiestas de San Fermín de 2025 para dar pasos concretos hacia el derribo. UPN ha censurado que aquellos compromisos resultaron ser falsos, por lo que exigen al alcalde que deje de poner excusas y aplique un plan de actuación inmediato.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha cargado este lunes con dureza contra el Gobierno foral tras la mesa y junta de portavoces, abordando tres frentes: la comisión de investigación sobre contratos de obra pública, la intervención de la portavoz de EH Bildu en la cámara y la visita del papa León XIV a España.

Sobre la comisión de investigación, Esparza ha sostenido que las conclusiones presentadas por los grupos que sostienen al Ejecutivo "sirven únicamente para tapar y proteger a María Chivite". El dirigente unionista ha afirmado que Navarra "ha dejado de tener un gobierno ejemplar" y ha enumerado una serie de reproches al Ejecutivo foral: ignorar los avisos de los técnicos, proteger los intereses del PSN por encima de los de Navarra, ocultar información, retrasar explicaciones, negar evidencias y desacreditar a quienes denunciaban irregularidades. "Nos desacreditaron a nosotros, que fuimos los que desde UPN planteamos la primera pregunta sobre Belate", ha recordado. Esparza ha considerado "muy grave" que funcionarios que advirtieron de posibles irregularidades en adjudicaciones fueran apartados o castigados, una actitud que, a su juicio, "lanza un mensaje al conjunto de la administración que nada tiene que ver con la limpieza ni con la transparencia".

En relación con EH Bildu, Esparza ha reprochado a su portavoz que hable de "actuaciones policiales desproporcionadas" y de "criminalización de colectivos", y ha pedido a la presidenta Chivite que escuche esa intervención y explique públicamente "si han dado pasos o no". "Bildu sigue donde estaba, con los mismos mantras, defendiendo a radicales violentos detenidos por cometer acciones violentas, no por manifestarse pacíficamente", ha señalado.

Sobre la visita papal, Esparza se ha mostrado entusiasta y ha calificado el viaje de León XIV a España de "la mejor noticia del año", destacando el perfil social del pontífice y su discurso ante el Congreso, en el que abordó la inteligencia artificial, las guerras, la inmigración y la defensa de la vida.

Preguntado por las relaciones con Vox tras las críticas de ese partido hacia UPN, Esparza ha restado importancia al asunto y ha asegurado que su formación no mantiene con Vox más relación que la propia de la actividad parlamentaria. De cara a 2027, ha avanzado que UPN concurrirá a las elecciones forales con el objetivo de "ganar y conformar gobierno".

La portavoz del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha asegurado este lunes en rueda de prensa tras la celebración de la Mesa y Junta que las conclusiones de la comisión de investigación demuestran que “en Navarra se han hecho las cosas bien” y desmontan, “punto por punto”, las acusaciones de corrupción que la derecha ha intentado instalar durante meses.

Las conclusiones, que se debaten este miércoles en el Parlamento de Navarra, acreditan que no existe ninguna práctica corrupta por parte de responsables políticos ni de funcionarios del Gobierno de Navarra, que no se detectan actuaciones ilícitas por parte de las empresas licitadoras, que no se encuentran indicios de corrupción en las obras públicas investigadas, y que no queda acreditada ninguna injerencia política o empresarial en la adjudicación de los túneles de Belate.

Junto a estas conclusiones, el PSN-PSOE presenta también una serie de recomendaciones orientadas a seguir reforzando la transparencia y el control público: mejorar la Ley Foral de Contratos Públicos, revisar el funcionamiento de las mesas de contratación, reforzar los recursos de la Intervención General y fortalecer la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

Unzu ha apuntado que los hechos revelan que las acusaciones de delito formuladas por UPN, PP y Vox durante todo este tiempo “carecían de pruebas y de fundamento” y “respondían a una estrategia de desgaste político que iba mucho más allá del legítimo interés por esclarecer los hechos”. “La derecha dictó sentencia antes de que comenzara la investigación, porque ya tenían su relato construido. No les interesa la verdad, solo buscaban el titular, el desgaste y el descrédito”, incide.

Así,  la portavoz recuerda que la derecha exige una y otra vez la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra y que durante meses intenta generar sospechas sobre el Ejecutivo y el PSN, pero los hechos son claros, “no existe ninguna evidencia de corrupción ni de injerencia política en las adjudicaciones analizadas”.

Respecto a las iniciativas de la derecha previstas para esta semana en el Parlamento, Unzu critica la “hipocresía” de UPN al intentar dar lecciones de ética política cuando es un partido que avala y da la mano al único partido condenado por corrupción de la democracia española. “Para repartir carnés de dignidad democrática, primero hay que estar dispuesto a mirarse al espejo”, señala Unzu, y añade, “resulta difícil escuchar sus lecciones sobre corrupción cuando el señor Esparza lleva tres legislaturas buscando la Presidencia de Navarra de la mano del PP”.

Unzu ha abundando en que frente a la estrategia de desgaste de la derecha, el PSN-PSOE centrará su actividad parlamentaria esta semana en una moción para garantizar y blindar el derecho al aborto como derecho fundamental vinculado a la “dignidad, la libertad y la salud de las mujeres”, asegurando que en Navarra todas las mujeres puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad.

«Mientras la derecha dedica su acción política a presentar iniciativas contra el Partido Socialista, nosotros dedicamos la nuestra a presentar iniciativas a favor de la ciudadanía, a mejorar la vida de la gente y a ampliar derechos. Esa es la diferencia», ha finalizaodo 

Coincidiendo con la visita del papa León XIV a España, una decena de entidades navarras ha hecho público un comunicado en el que solicitan al Pontífice que intervenga ante la Conferencia Episcopal Española y ante las diócesis para que la Iglesia católica reconozca la injusticia de las inmatriculaciones y devuelva los bienes cuya adquisición legítima no pueda acreditar mediante título suficiente.

El texto, impulsado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, denuncia que la jerarquía eclesiástica se aprovechó durante décadas de un privilegio hipotecario originado en la legislación de 1946, ampliado en 1998 y vigente hasta 2015, que le permitía inscribir inmuebles a su nombre sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación episcopal. Entre los bienes inmatriculados figuran no solo lugares de culto, sino también fincas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento y frontones, muchos de ellos construidos o restaurados con fondos públicos.

El comunicado subraya que esta situación ha invertido la carga de la prueba: «Quien se benefició del privilegio no tuvo que demostrar que el bien era suyo; ahora son los ayuntamientos, las administraciones públicas y las comunidades afectadas quienes deben afrontar costosos procedimientos judiciales» para recuperarlos.

Las entidades firmantes dirigen al Papa una interpelación de fondo: «La Iglesia católica no puede proclamar la pobreza evangélica, la función social de los bienes y la justicia mientras mantiene en su patrimonio bienes cuya titularidad no ha acreditado de manera suficiente». Y concluyen con una petición explícita: «No le pedimos un gesto simbólico. Le pedimos un acto de justicia».

Entre las demandas concretas, las entidades reclaman que la Iglesia reconozca públicamente la injusticia del privilegio, devuelva voluntariamente los bienes que no pueda acreditar, colabore con las administraciones locales para su restitución y renuncie a defender como propiedad privada aquello que, a su juicio, solo debería conservar en régimen de custodia o uso comunitario.

El comunicado está suscrito por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el Colectivo Republicano de Euskal Herria, LAB, Contigo Navarra, Izquierda Unida de Navarra, Podemos Navarra, Batzarre, el Colectivo de Personas Independientes de Navarra, Sasoia y la Junta de Irzarra Elkartea, y se mantiene abierto a nuevas adhesiones.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, saludó este sábado al papa León XIV durante la recepción celebrada en el Palacio Real de Madrid. El Rey Felipe VI aprovechó el momento para conversar con el Pontífice y trasladar personalmente sus condolencias a Chivite por el fallecimiento de los cinco agentes de la Policía Foral en el accidente de la AP-8.

Tras el acto, la presidenta navarra expresó en su cuenta de X que supuso «un honor saludar al Papa León XIV en su visita a España», y subrayó la vigencia de su mensaje: «En un mundo marcado por los conflictos y la incertidumbre, su llamamiento a la paz, el diálogo y el entendimiento es más necesario que nunca. Un mensaje que interpela a todos».

Un honor saludar al Papa León XIV en su visita a España. En un mundo marcado por los conflictos y la incertidumbre, su llamamiento a la paz, el diálogo y el entendimiento es más necesario que nunca. Un mensaje que interpela a todos. pic.twitter.com/47cQS2bAy2

— María Chivite / ❤️ (@mavichina) June 6, 2026

A la recepción en el Palacio Real acudió también la presidenta de UPN y líder de la oposición en Navarra, Cristina Ibarrola. En la misma red social, Ibarrola destacó el contenido del discurso pontificio: «Escuchamos un mensaje claro: menos fantasmas y enemigos, más dignidad, fraternidad y compromiso social». La dirigente unionista añadió que UPN defiende «desde hace décadas esos mismos principios: lo social sin demagogia, la identidad sin excluir y el orden sin odio. Por convicción».

Ayer, en la recepción al Papa León XIV, escuchamos un mensaje claro: menos fantasmas y enemigos, más dignidad, fraternidad y compromiso social.

En UPN defendemos desde hace décadas esos mismos principios: lo social sin demagogia, la identidad sin excluir y el orden sin odio.… pic.twitter.com/n65ODJ3jJk

— Cristina Ibarrola (@crisibarrola_) June 7, 2026

Podemos Ahal Dugu Navarra ha celebrado este sábado en la Sala del Ascensor de Pamplona la jornada abierta "Construye Navarra con Podemos". Este encuentro participativo ha reunido a casi 40 personas, entre las que se encontraban tanto militantes habituales como simpatizantes que se acercaban por primera vez a la organización, con el objetivo de compartir propuestas e ideas para consolidar una alternativa de izquierdas con voz propia en la comunidad foral.

La cita, que contó con la presencia de Carlos Gil, miembro de la Secretaría de Organización estatal de Podemos, se desarrolló en un ambiente de debate y escucha activa a través de diversas dinámicas participativas y espacios de puesta en común.

La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán, destacó la importancia de este evento dentro de la estrategia de la formación política. "Forma parte del trabajo que venimos realizando desde hace un año para volver a abrir la organización, recuperar espacios de participación y reforzar el contacto directo con la ciudadanía", afirmó, subrayando la necesidad de estar presentes en las calles, movilizaciones y mesas informativas.

Políticas de vivienda y servicios públicos frente a la resignación

Durante su intervención, Roldán rechazó la resignación en la política actual y recordó el espíritu del 15M como ejemplo de que la ciudadanía organizada puede cambiar la agenda y conquistar derechos. Asimismo, defendió la urgencia de estructurar una izquierda valiente y claramente progresista que esté comprometida con la transformación social.

La líder autonómica insistió en la creación de un proyecto útil centrado en las necesidades de la mayoría social. "Queremos una Navarra donde la vivienda sea un derecho y no un negocio; una Navarra que cuide la sanidad y la educación públicas; una Navarra comprometida con la igualdad, con los cuidados, con el medio ambiente y con la cohesión de sus pueblos y barrios", señaló.

Finalmente, desde la dirección de Podemos Navarra valoraron de forma muy positiva el encuentro, calificándolo como un paso firme en el proceso de recuperación de los espacios de debate colectivo y consolidando a la formación como una herramienta que "solo tiene sentido cuando se construye con la gente".

El expresidente del Gobierno de Navarra Juan Cruz Alli Aranguren compareció ante la ponencia parlamentaria constituida para estudiar la actualización de la LORAFNA y su adecuación a la realidad social y al sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI. Alli, doctor en Derecho e Historia y presidente foral entre 1991 y 1995, presentó un texto articulado que va más allá de una reforma puntual del Amejoramiento de 1982 y plantea, en la práctica, una nueva ley orgánica que sustituya al texto vigente.

Un texto de nueva planta

El compareciente justificó su propuesta en la evolución experimentada por la sociedad navarra en los últimos cuarenta y cinco años, invocando el principio jurídico de que las normas deben adecuarse a la realidad que regulan. Alli, que participó en su día como asesor del entonces presidente de la Diputación, Gabriel Urralburu, en la negociación del Amejoramiento, consideró que aquel texto cumplió su objetivo histórico de recuperar y mejorar el régimen foral en el marco de la Constitución de 1978, pero que el ciclo que abrió está agotado.

Su propuesta se articula en torno a tres grandes bloques: una memoria explicativa de la evolución del régimen foral y de las razones de la reforma; el texto articulado propiamente dicho, que incluye un título preliminar, un catálogo de derechos, deberes y principios rectores, la regulación de las instituciones y un extenso apartado competencial; y un índice analítico de detalle.

Del Amejoramiento al autogobierno

Uno de los elementos más llamativos de la propuesta es el cambio de denominación. Alli propone abandonar la referencia al Amejoramiento y a la reintegración foral para hablar de autogobierno del pueblo navarro, que sería el protagonista central del nuevo texto. En su exposición subrayó que en la LORAFNA vigente el pueblo navarro apenas aparece mencionado una vez, cuando se dice que el Parlamento lo representa, y que esa ausencia debe corregirse tanto en términos democráticos como simbólicos.

El expresidente también planteó que la iniciativa de reforma debería partir del Parlamento foral y no del Gobierno, dado que la cámara es el órgano que representa directamente a la ciudadanía.

Competencias, euskera y área metropolitana

En materia competencial, Alli abogó por una descripción detallada de competencias y submaterias, siguiendo el modelo del Estatuto de Cataluña y la doctrina que extrajo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ese texto. Su argumento es que la vaguedad de los conceptos jurídicos indeterminados ha servido históricamente para que el Constitucional realice interpretaciones restrictivas del autogobierno navarro, y que una mayor precisión podría actuar como blindaje frente a esa tendencia.

En cuanto a la lengua, el expresidente propone reconocer el castellano y el euskera como lenguas propias y oficiales en todo el territorio de la Comunidad Foral, remitiendo a una ley foral institucional, aprobada por mayoría absoluta, la regulación del régimen de oficialidad conforme a la realidad sociolingüística actual, que según afirmó ha superado ampliamente la zonificación establecida por la ley del euskera de 1986.

Alli también planteó la creación de un área metropolitana de Pamplona con una única entidad administrativa, que integraría los municipios de la cuenca en una sola estructura de gestión. Reconoció que se trata de una propuesta políticamente difícil, pero la defendió desde criterios de racionalidad en la planificación y la prestación de servicios públicos, señalando como ejemplo las deficiencias que genera la actual fragmentación municipal en zonas como Ripagaña.

La Transitoria Cuarta y los plazos

Respecto a la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, Alli incluyó en su texto una regulación detallada del procedimiento para su eventual activación, sin pronunciarse sobre la conveniencia política de hacerlo. Se limitó a señalar que es una norma constitucional con el mismo rango que el resto de la Constitución y que, si algún día una mayoría parlamentaria decide ponerla en marcha, el procedimiento debería estar regulado.

Sobre los plazos, el expresidente fue escéptico acerca de que la reforma pueda culminarse en la presente legislatura, dado que la iniciativa del Parlamento tendría que ser asumida por el Gobierno de Navarra y negociada con el Gobierno del Estado, ambos en fase avanzada de sus respectivos mandatos. Instó sin embargo a los grupos a alcanzar al menos un dictamen que sirva de base de trabajo para la siguiente legislatura y evite comenzar de cero.

Respuesta de los grupos

Los grupos parlamentarios acogieron la comparecencia con tono generalmente elogioso hacia el trabajo presentado, aunque con posiciones divergentes en los aspectos más controvertidos. Unión del Pueblo Navarro descartó la cooficialidad del euskera en todo el territorio y reafirmó su objetivo de derogar la Transitoria Cuarta.

El Partido Socialista valoró positivamente el proceso de la ponencia pero se mostró también contrario a la cooficialidad lingüística. EH Bildu y Geroa Bai respaldaron la propuesta sobre el euskera y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un dictamen concreto.

El Partido Popular defendió igualmente la derogación de la Transitoria Cuarta e insistió en la necesidad de partir del máximo consenso.

Contigo-Zurekin subrayó la importancia de dotar la reforma de una visión de futuro y urgió a los grupos a concretar los ámbitos de acuerdo antes de que finalice la legislatura.

El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha denunciado públicamente la "total parálisis" en la que se encuentra el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS de Echavacoiz). Este proyecto estratégico, que abarca la construcción de la futura estación del TAV (Tren de Alta Velocidad) y el desarrollo de cerca de 12.000 viviendas, se encuentra completamente estancado según los regionalistas.

Por este motivo, la formación foralista ha exigido la convocatoria urgente del Consejo Rector del Consorcio, tras constatar que han transcurrido seis meses desde la última reunión oficial sin que se haya producido ningún tipo de progreso en los acuerdos adoptados.

Infraestructuras ferroviarias en Pamplona y los retrasos en los planes de urbanización

Desde UPN inciden en que, a pesar de que el Gobierno de Navarra pretenda vender humo con la llegada de la alta velocidad a la comarca de Pamplona, la realidad de la gestión administrativa muestra una ausencia total de novedades operativas.

Entre las principales deficiencias señaladas por el grupo municipal destaca la falta de respuesta a las alegaciones presentadas, la ausencia de una mesa técnica con los ayuntamientos implicados y la falta de avances en los proyectos de urbanización y reparcelación para su aprobación inicial. Asimismo, los regionalistas han afeado la falta de noticias respecto al derribo de la antigua ikastola Jaso y de otros edificios contemplados en el plan.

El debate político por las obras del tren de alta velocidad y los pactos de gobierno

La formación considera que esta situación de bloqueo, que se prolonga ya por cerca de 10 años, se debe de manera directa a las diferencias insalvables existentes entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu, formación que cuenta con el apoyo en el Ayuntamiento de Pamplona de los grupos Geroa Bai, Contigo-Zurekin y el PSN.

Según los representantes de UPN, de nada sirven las campañas publicitarias sobre el tramo ferroviario si los trámites urbanísticos están atascados por el rechazo histórico de la izquierda abertzale hacia la infraestructura. Ante este escenario, el grupo municipal regionalista ha tramitado una declaración formal en la Comisión de Urbanismo para forzar la rendición de cuentas dentro del Consorcio.

El recorrido judicial en torno a las presuntas comisiones irregulares en la compra de material sanitario durante la pandemia suma un nuevo episodio clave. El tribunal encargado de enjuiciar la causa ha dictado un auto por el que desestima de forma íntegra el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Koldo García Izaguirre. El exasesor ministerial había solicitado su puesta en libertad inmediata tras la finalización de las sesiones del juicio oral, una pretensión que ya fue denegada el pasado 7 de mayo de 2026 y que ahora queda ratificada formalmente por la Sala.

La resolución, de la que es ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, respalda los argumentos jurídicos que determinaron el ingreso en prisión del procesado. El tribunal expone que subsisten de forma clara las circunstancias que se valoraron en su momento para decretar la privación de libertad. En este sentido, la justicia recuerda que el riesgo de fuga continúa plenamente activo debido a la extrema gravedad de los hechos enjuiciados, la proximidad de la finalización del proceso y la inminencia de una sentencia definitiva sobre las conductas objeto de imputación penal.

Corrupción en la compra de material sanitario y los indicios de delito del exasesor

El dictamen judicial se alinea con la postura manifestada por el Ministerio Fiscal, que en su informe preceptivo solicitó el mantenimiento de la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza que fue acordada originalmente por auto el 27 de noviembre de 2025. La fiscalía recalca que esta medida cautelar resulta imprescindible para conjurar el peligro de que el procesado intente sustraerse a la acción de la justicia. Este criterio se sustenta en la elevada gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones y en la solidez de los indicios recabados a lo largo de la instrucción.

Asimismo, las autoridades judiciales hacen constar que el escenario procesal de Koldo García se ve agravado por la existencia de otras conductas presuntamente delictivas que se investigan de forma paralela en las Diligencias Previas número 65/2023 seguidas en la Audiencia Nacional. La defensa del recurrente había argumentado una supuesta discriminación respecto a la situación de otros coimputados en el procedimiento; sin embargo, el tribunal desmonta este motivo alegando que se constata un comportamiento procesal netamente diferenciado entre los encausados, lo que justifica de manera legal un tratamiento jurídico individualizado para cada uno de ellos.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán León ha roto este jueves su silencio público con un comunicado firmado en Milagro, su localidad natal, en el que niega de forma categórica cualquier vinculación con los hechos que le atribuyen las diligencias previas 150/2025 instruidas en el Tribunal Central de Instancia. Es la primera vez que el político navarro se pronuncia tras semanas de informaciones basadas en atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) que le sitúan en el centro de una presunta trama.

Negativa total y denuncia de una investigación paralela

Cerdán comienza su declaración con lo que califica como "la más absoluta y radical negativa" a cualquier hecho delictivo que se le atribuya en este procedimiento. Pero va más allá: señala que ya fue citado como testigo por el magistrado de la plaza 9 del mismo tribunal sobre los mismos hechos, y que tras meses de instrucción su estatus procesal nunca cambió. "A día de hoy nadie ha dado explicación del motivo de la necesidad —y legalidad— de una segunda investigación paralela", subraya en el texto.

Sin vínculos con el grupo "Hirurok"

Sobre la supuesta relación con el grupo conocido como "Hirurok", Cerdán es tajante: niega cualquier vínculo orgánico o de superioridad jerárquica y afirma que no existe "mensaje o comunicación alguna" emitida por él que permita sostener esa vinculación.

El fantasma del ingreso en prisión y el informe que nunca llegó

El comunicado recupera los hechos del año pasado, cuando Cerdán fue detenido e ingresó en prisión acusado de haber cobrado un mínimo de cinco millones de euros. Aquella acusación debía respaldarse con un informe patrimonial elaborado por la propia UCO que, según el político navarro, "un año después, no ha sido emitido todavía". Lo señala como ejemplo de lo que describe como una metodología policial invertida: no se investigan hechos con apariencia delictiva para encontrar responsables, sino que "se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos" para encontrar algo que dañe su imagen pública.

"El objetivo es destrozar personas"

En el punto más duro del escrito, Cerdán acusa directamente a "sectores del Estado" de utilizar la maquinaria judicial y policial para destruir la honorabilidad de ciudadanos que consideran incómodos. Cita como prueba la sucesión de asuntos en los que ha aparecido su nombre en los últimos años —mascarillas, obra pública, financiación ilegal del partido, el grupo Hirurok y ahora la SEPI— y concluye que esa acumulación solo tiene sentido si la finalidad no es investigar delitos, sino minar su credibilidad.

Presunción de inocencia y hostigamiento familiar

Cerdán cierra el comunicado reivindicando su inocencia y la presunción de inocencia como "valor esencial en una sociedad democrática". También anuncia que mantendrá su negativa a responder preguntas de medios en la calle o frente a su domicilio, y lanza una interpelación directa a quienes practican ese tipo de cobertura: "Quizás puede evaluarse la necesidad de acosarme, a mí y a mi familia, permanentemente cámara en mano".

La comisión parlamentaria creada para investigar las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de Navarra cerrará sus trabajos sin que ninguno de los grupos que la impulsaron haya podido acreditar la existencia de corrupción ni de injerencias políticas en los procedimientos analizados. Tras casi diez meses de trabajo y 43 comparecencias, PSN-PSOE, EH Bildu Nafarroa, Geroa Bai y Contigo Zurekin, que suman mayoría en la comision han presentado este martes sus respectivas conclusiones con un denominador común: no hay pruebas de corrupción, pero sí deficiencias procedimentales que exigen mejoras en la contratación pública.La conclusion no es compartida por los grupos de la oposicion, UPN pide la dimisión de la presidenta Chivite al considerar que hay "indicios" de corrupción en la adjudicación de Belate, mientras que el PP ha valorado que “ocho meses después, las dudas y las sospechas sobre una posible corrupción siguen sin despejarse”. 

El PSN reivindica la limpieza de la gestión foral

El portavoz socialista, Javier Lecumberri, fue el más contundente en su lectura política. Los socialistas extraen cuatro conclusiones principales: ningún responsable político ni funcionario ha incurrido en prácticas corruptas, no se detectan actuaciones ilícitas entre las empresas licitadoras, no existen indicios de corrupción en las obras investigadas y no queda acreditada ninguna injerencia política o empresarial en la adjudicación de los túneles de Belate, el expediente que concentró mayor atención mediática.

Lecumberri subrayó que todos los miembros de las mesas de contratación negaron haber recibido presión de ningún tipo, que ninguna empresa participante en la licitación de Belate presentó recurso contra el procedimiento y que ninguna de las obras investigadas está siendo objeto de proceso judicial. No rehuyó el tono político: acusó a UPN, PP y Vox de haber intentado «generar sospechas sobre las instituciones navarras» sin respaldo en los hechos y con una «intencionalidad política» que iba más allá de aclarar lo ocurrido. El grupo presentó además seis recomendaciones para reforzar la transparencia, entre ellas mejorar la Ley Foral de Contratos Públicos y fortalecer la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

EH Bildu: irregularidades sí, corrupción no probada

El grupo soberanista, que ha elaborado un documento de más de 135 páginas, comparte el diagnóstico central pero introduce matices relevantes. En su texto reconoce que la comisión ha constatado incumplimientos de la legalidad y de los principios de buena administración, aunque aclara que eso no equivale a haber demostrado la existencia de un pacto ilícito entre responsables públicos y operadores privados, ni la obtención de beneficios económicos indebidos.

EH Bildu introduce además una advertencia de calado: que no se hayan probado prácticas corruptas «no significa que no hayan podido existir», correspondiendo en ese caso a la justicia penal su determinación. Entre sus propuestas destaca la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública, el refuerzo de los sistemas de contratación electrónica para garantizar la trazabilidad completa de los procedimientos y el fortalecimiento de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. La coalición reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción, a la que calificó de «grave amenaza para la calidad democrática».

Geroa Bai: prudencia ante lo que aún puede seguir abierto

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, coincidió en que la comisión no ha podido acreditar la existencia de instrucciones políticas, presiones externas ni actuaciones dirigidas a predeterminar el resultado de las adjudicaciones. Tampoco se han acreditado contrataciones, beneficios personales ni mecanismos de compensación vinculados a los procedimientos examinados. Los responsables de las mesas de contratación que comparecieron, subrayó, manifestaron de forma «directa, expresa y coincidente» no haber recibido indicaciones políticas sobre el sentido de sus decisiones.

Sin embargo, Geroa Bai es el grupo que más énfasis pone en la necesidad de actuar con prudencia respecto al expediente de Belate, dado que continúa siendo objeto de procedimiento administrativo y podría derivar también en sede judicial. En ese sentido, el grupo recordó que durante los trabajos se conoció un segundo informe de la UCO, vinculado a una denuncia presentada, que confirmaría que el asunto puede seguir abierto. Sus propuestas apuntan al refuerzo de la trazabilidad documental, la mejora de los sistemas de valoración y la consolidación de mecanismos preventivos de control.

Contigo Zurekin: sin corrupción acreditada, pero con contradicciones que no pueden ignorarse

La coalición, que reivindicó haber sido determinante para que la comisión se pusiera en marcha tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, presentó unas conclusiones que van algo más allá en el reconocimiento de las sombras detectadas. Su portavoz, Miguel Garrido, admitió que la comisión no puede afirmar con certeza qué ocurrió exactamente en todos los procedimientos investigados.

Coincide con el resto en que no ha quedado acreditada la existencia de tráfico de influencias ni de injerencias políticas o empresariales, pero señala de forma explícita que sí se han detectado deficiencias en determinados procedimientos administrativos y contradicciones relevantes en algunas comparecencias. «No se ha descubierto ninguna práctica compatible con lo que llamamos corrupción, pero sí cuestiones que deben corregirse para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones», afirmó Garrido. La coalición defendió que las conclusiones no deben entenderse como un punto final, sino como una oportunidad para mejorar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

PP sí ve posible corrupción

En sentido opuesto, para el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, la principal conclusión es  clara: “después de ocho meses de Comisión de Investigación y de decenas de  comparecientes, las dudas y las sospechas sobre una posible corrupción siguen estando  ahí. Por tanto, la Comisión de Investigación no ha servido para despejar las dudas que  existían y que continúan existiendo a día de hoy”. 

García ha señalado que durante estos meses se han conocido numerosos hechos,  informaciones e indicios que impiden cerrar este asunto sin interrogantes. “Son demasiadas  irregularidades, demasiados incumplimientos, demasiadas conexiones y demasiadas formas  de operar que se repiten. También se repiten los protagonistas, las empresas y determinadas  relaciones que generan una evidente preocupación”, ha afirmado.

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ha presentado este martes en el Parlamento foral las conclusiones elaboradas por UPN para la Comisión de Investigación sobre el caso Cerdán, en las que la formación foralista acredita la existencia de indicios de corrupción en la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate a la UTE formada por Acciona y Servinabar. A partir de esas conclusiones, Ibarrola ha exigido la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a quien ha señalado como "máxima responsable política" de haber permitido operar en Navarra a la presunta trama liderada por el exdiputado Santos Cerdán y el empresario Antxón Alonso.

La líder de UPN ha extendido esa exigencia al consejero Óscar Chivite, al exconsejero Bernardo Ciriza, al exdirector general de Obras Públicas Pedro López y al exdirector del servicio de Nuevas Infraestructuras Jesús Polo. "En el caso de los que siguen desempeñando funciones públicas, esa asunción de responsabilidades políticas para nosotros es muy clara: su dimisión", ha afirmado.

Según el informe de UPN, la adjudicación de Belate estuvo "plagada de ilegalidades, intentos de injerencias e irregularidades", con un papel decisivo de Polo y López para que el contrato recayera en Acciona y Servinabar, empresa esta última vinculada según la UCO a Antxón Alonso, socio de Cerdán. El partido denuncia además que, nada más adjudicada la obra, se tramitó un modificado que incrementó el presupuesto en un 11,22% e incumplía las condiciones técnicas ofertadas, y que dicho modificado "se ocultó deliberadamente durante mucho tiempo" hasta que el director general de Intervención emitió un reparo suspensivo.

Ibarrola ha acusado a Chivite de haber actuado "tanto por acción, por el poder y el estatus que ha dado a los miembros más relevantes de la presunta trama, como por omisión, por no haber actuado ante los avisos e indicios de lo que estaba sucediendo", además de haber intentado "ocultar lo ocurrido y obstaculizar la investigación". Ha lamentado asimismo que la comisión "pasará a los anales por las ausencias", al no haber comparecido personas que considera clave, como Alzórriz, Elma Saiz, José Luis Arasti o Javier Remírez, y ha denunciado que el trabajo parlamentario "ha estado marcado por las mentiras y las contradicciones".

"María Chivite no ha actuado en defensa del interés general de la Comunidad Foral y únicamente lo ha hecho en defensa de sus intereses políticos y partidistas", ha concluido Ibarrola, quien ha lamentado que solo el exdirector general de Obras Públicas haya tenido que asumir responsabilidad política hasta la fecha.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha defendido este miércoles la aportación de hasta 50 millones de euros que realizará el Ejecutivo foral como capital inicial en la empresa mixta vinculada a Hithium, el fabricante de baterías cuya inversión en Navarra fue anunciada ayer por el consejero correspondiente. Remírez ha celebrado los avances en la negociación y ha aprovechado la pregunta de los periodistas para cargar contra lo que ha calificado de "titulares inexactos y tendenciosos" publicados por medios digitales de Madrid.

"Es una inversión histórica para nuestra comunidad, no solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo, porque nos pone en primera línea del futuro de la industria", ha afirmado el portavoz, que ha subrayado tanto el volumen económico del proyecto como el empleo que generará en la región.

Sodena y el INI, vehículos de la aportación pública

La participación del Gobierno de Navarra en esta empresa mixta se articulará a través de dos instrumentos públicos: Sodena, la Sociedad de Desarrollo de Navarra, y el Instituto Navarro de Inversiones (INI). Remírez ha precisado que los detalles concretos de la operación están aún siendo negociados con la parte empresarial y que se materializarán próximamente, aunque ha querido dejar claro que se trata de una apuesta firme del Ejecutivo foral.

Dura respuesta a los medios de Madrid

La mayor contundencia del portavoz, sin embargo, ha llegado cuando ha salido al paso de las informaciones publicadas esta mañana por algunos medios digitales de la capital. Sin citar ningún medio concreto, que vinculaban los contactos del gobierno foral con trabajos del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero mediante pagos a autoridades chinas, Remírez ha calificado sus titulares de "inexactos" y ha asegurado que demuestran "un desconocimiento de la realidad institucional de Navarra".

"Las relaciones del Gobierno de Navarra con el ámbito privado tienen un único interés: fortalecer y atraer talento e inversión a la comunidad, siempre bajo el estricto cumplimiento de la legalidad", ha subrayado, antes de recordar que la estrategia de atracción de inversión extranjera no se limita a Hithium, sino que ha dado ya resultados concretos con empresas como Würth, o con la inversión alemana y coreana de Mobis.

Remírez ha ido más allá y ha defendido expresamente a la presidenta del Gobierno de Navarra, cuyo "buen nombre" considera que está siendo atacado de forma interesada. "Es un modelo de liderazgo público y de colaboración público-privada que funciona, y los datos lo demuestran", ha afirmado, enumerando los niveles récord de empleo conocidos ayer, el crecimiento de la renta media de los hogares navarros y el incremento del salario medio.

"Somos conscientes de que a ciertos sectores no les gusta que Navarra vaya bien", ha concluido el portavoz, "y no vamos a permitir que se manipule ni se ponga en cuestión la honestidad del Gobierno ni de su presidenta".

El PP registra una batería de preguntas

Sobre este asunto, el Partido Popular de Navarra ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento foral por esas informaciones sobre que el gobierno de María Chivite habría mantenido reuniones con corporaciones chinas presuntamente ligadas a la red de negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El PPN ha calificado el asunto de "máxima gravedad" y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que las instituciones navarras hayan sido utilizadas como "plataforma de intermediación comercial para intereses privados" del PSOE.

A través de su grupo parlamentario, los populares navarros han dirigido las preguntas tanto a la presidenta Chivite como a los consejeros implicados, reclamando el contenido completo de las reuniones: las actas, los documentos de trabajo, el orden del día y la identidad de los intermediarios. También quieren saber si algún dirigente del PSOE o del entorno de Zapatero participó en la organización de dichos encuentros y si se llegó a comprometer dinero público en las operaciones tratadas.

El PPN ha anunciado que "llegará hasta el final" para esclarecer el contenido de estos encuentros.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha salido al paso de las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre las adjudicaciones públicas del Ejecutivo foral —entre ellas el contrato de los túneles de Belate adjudicado a la UTE formada por Accióna, Construcciones Osés y la Servinabar que la UCO considera vinculada a Santos Cerdán— para defender que el trabajo desarrollado en dicha comisión ha dejado claro que no existe "el más mínimo atisbo de corrupción ni de comportamiento inadecuado e ilícito" por parte de ningún funcionario ni responsable público del Gobierno de Navarra.

Remírez ha reconocido que aún no conoce los textos definitivos de las conclusiones de los distintos grupos políticos, pero ha avanzado su valoración general con contundencia: "Los funcionarios que han pertenecido a las mesas de contratación han señalado que no han recibido ningún tipo de presión política a la hora de tomar sus decisiones". Para el portavoz, este hecho desmonta lo que ha calificado de "teoría irresponsable" sostenida por "algunos estamentos políticos y mediáticos" con un "mero interés partidista".

Corrupción no, pero procedimientos "mejorables"

El portavoz ha distinguido con cuidado entre el plano penal y el administrativo. En el primero, ha insistido en que no hay indicio alguno de delito. En el segundo, ha admitido que los procedimientos administrativos "son mejorables", aunque ha subrayado que eso es algo habitual en cualquier organización pública. "La gestión de la contratación pública está en constante revisión para alcanzar un grado máximo de transparencia, eficacia y eficiencia", ha señalado.

En esa línea, ha indicado que el Gobierno de Navarra está dispuesto a poner en marcha las recomendaciones de mejora que puedan surgir de la comisión, tal y como ya hizo en el caso concreto del contrato de los túneles de Belate.

Esta distinción cobra relevancia a la vista de que Contigo Zurekin se ha desmarcado parcialmente de las conclusiones compartidas con EH Bildu y PSN, apuntando a la posible existencia de lo que ha denominado "vicios procedimentales". Preguntado al respecto, Remírez ha considerado que esa postura es "coherente" con su propio planteamiento: una cosa es la ausencia de corrupción y otra que haya margen para mejorar los procedimientos.

Crítica a la "extensión generalizada de la sospecha"

El portavoz ha aprovechado su intervención para lanzar una crítica más amplia a lo que considera una tendencia en el debate público español: la generalización de la sospecha ante cualquier indicio, "ni siquiera corroborado ni sustentado en ningún tipo de prueba". En su opinión, esta dinámica responde a una lógica de "pura antipolítica" que daña las instituciones y que, en el caso de Navarra, ha quedado "claramente desmontada" tras el trabajo de la comisión.

La Agrupación Socialista de Pamplona ha celebrado la primera edición de los Premios Gregorio Angulo, destinados a reconocer a personas que han fortalecido los valores socialistas, la democracia, la justicia social y la convivencia. En esta edición inaugural, el galardón ha sido otorgado a Aurea Jaso, histórica militante socialista, en honor a su vida de compromiso con el socialismo y la Agrupación Socialista de Pamplona.

El evento comenzó en la calle Compañía 17, junto al tropezón de Angulo, con militantes y representantes institucionales recordando a Gregorio Angulo, uno de los fundadores de la Agrupación Socialista de Pamplona en 1902. Su figura es considerada una de las más destacadas en la historia del socialismo navarro. La secretaria general de la Agrupación, Marina Curiel, subrayó la importancia de preservar su memoria.

Reconocimiento a Aurea Jaso y su compromiso socialista

María Chivite, secretaria general del PSN-PSOE y actual presidenta del Gobierno Foral, destacó que el reconocimiento a Aurea Jaso pone en valor a una militancia comprometida y activa, fundamental para el proyecto socialista en Navarra. Chivite enfatizó que el partido se construye gracias a personas como Jaso y muchas otras que contribuyen diariamente desde cada agrupación y localidad con su compromiso.

Chivite también resaltó la relevancia de los valores socialistas en el contexto actual, afirmando que defender la igualdad, la paz, los derechos, la solidaridad y la justicia social es hoy más necesario que nunca. Según Chivite, los valores fundacionales del PSOE siguen siendo esenciales para la sociedad, especialmente en un mundo complejo y desordenado.

Después del acto, María Chivite, junto con Esther Iso, Martín Zabalza y Marina Curiel, visitaron el domicilio de Aurea Jaso para entregarle una placa conmemorativa. Durante el homenaje, Chivite describió a Jaso como un ejemplo de compromiso y trayectoria auténtica, confiando en que este reconocimiento inspire a seguir construyendo un futuro mejor desde el conocimiento y el reconocimiento.

El legado de Gregorio Angulo y su impacto en el socialismo navarro

Marina Curiel mencionó que estos premios tienen la intención de convertirse en una cita anual para reconocer a personas que representan los valores del socialismo pamplonés. Gregorio Angulo, uno de los fundadores de la Agrupación Socialista de Pamplona, fue un dirigente sindical vinculado a la UGT, impulsor de publicaciones obreras, concejal del Ayuntamiento de Pamplona y presidente del PSOE de Navarra durante la Segunda República.

Tras el golpe militar de 1936, Angulo fue perseguido por sus ideas políticas y fusilado en Ibero en 1937. La Agrupación Socialista de Pamplona considera que estos premios son una herramienta para mantener vivo su legado y reconocer a quienes, desde el compromiso cotidiano, defienden los valores de libertad, igualdad, justicia social y convivencia que han definido al socialismo navarro.

La galardonada, Aurea Jaso, recibió el reconocimiento visiblemente emocionada. Agradeció el homenaje y destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones los valores que han guiado la acción política y social del socialismo democrático durante más de un siglo.

La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, asistió este martes en Corella a la inauguración de once nuevos apartamentos destinados a personas con discapacidad. Durante el evento, Chivite destacó que la 'integración real' de este colectivo 'pasa necesariamente por facilitar su presencia en la vida comunitaria'. Este proyecto, liderado por la Fundación ADISCO Residencial (FADIR), ha tenido una inversión total de 2,5 millones de euros, con aportaciones significativas del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Corella.

Compromiso con una Navarra inclusiva

El proyecto inaugurado ofrece once apartamentos y 18 plazas residenciales adaptadas en la Ribera. Chivite subrayó que esta iniciativa ampliará los recursos existentes y acercará servicios fundamentales a las personas y familias que lo necesitan. El edificio se encuentra en la avenida Miguel Escudero Arévalo y cuenta con cuatro apartamentos individuales y siete dobles, siguiendo el modelo de Vivienda con Apoyo contemplado en la normativa foral. Este esfuerzo refleja el compromiso de Navarra con una comunidad más inclusiva y cohesionada.

Ampliación de plazas residenciales en entornos comunitarios

La Presidenta destacó el esfuerzo del Gobierno de Navarra por ampliar las plazas residenciales para personas con discapacidad en entornos comunitarios. Actualmente, Navarra cuenta con 69 plazas en cinco pisos propiedad del gobierno para personas con discapacidad intelectual que requieren apoyos de alta intensidad. En la Ribera, se han incrementado las plazas financiadas, alcanzando 43 plazas concertadas en distintas viviendas. Chivite enfatizó el compromiso con recursos residenciales más integrados y centrados en la persona.

El acto de inauguración contó con la presencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, el alcalde de Corella, Gorka García, y representantes de FADIR, como su presidente Valentín Carranza y el director general José Antonio Delgado. También asistió el arquitecto responsable de las nuevas viviendas, Agustín Fernández. Este equipo ha trabajado en conjunto para materializar un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la región.

Características de los nuevos apartamentos

Los apartamentos individuales tienen una superficie de aproximadamente 35 metros cuadrados, mientras que los dobles alcanzan los 70 metros cuadrados. Están equipados con una zona de estar, cocina, dormitorio y baño, además de servicios comunes de cocina, sala de estar y comedor asistido. Los residentes podrán llevar una vida independiente con el apoyo necesario, supervisados por un educador social que elaborará un Plan de Atención Centrado en la Persona.

La Fundación ADISCO Residencial (FADIR) ha sido clave en la creación de estos recursos. ADISCO, la Asociación de Personas con Discapacidad de Corella, se constituyó en 1996 para fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad física e intelectual. Su primer proyecto fue un Centro Especial de Empleo inaugurado en 1997. FADIR nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, especialmente aquellas atendidas por el Centro Especial de Empleo de ADISCO.

La inauguración de estos apartamentos en Corella representa un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades para todas las personas. La colaboración entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Corella y FADIR ha sido fundamental para llevar a cabo este proyecto, que busca proporcionar un entorno de vida digno y adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad en la región.