El cierre de líneas en varios centros educativos navarros ha reabierto un debate que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Navarra, Herrikoa, no quiere dejar sin respuesta. La organización ha reclamado al Departamento de Educación que reoriente su planificación hacia la escuela pública y reduzca los conciertos educativos allí donde la red pública tenga plazas suficientes para atender a todo el alumnado.

Un reparto del ajuste que consideran injusto

El argumento central de Herrikoa descansa en los datos: desde 2014, ocho de cada diez aulas cerradas en Navarra han sido de titularidad pública. En un contexto de caída de la natalidad, la federación considera que es la escuela pública quien está absorbiendo de forma desproporcionada el impacto de la sobreoferta de plazas, mientras la red concertada mantiene su estructura con financiación pública.

La organización recuerda además que los centros públicos asumen curso tras curso un alto volumen de alumnado de incorporación tardía, atienden aulas diversas con recursos limitados y acumulan los recortes denunciados por los sindicatos docentes. Todo ello, señalan, agrava la situación de unos centros que ya parten en desventaja en el reparto de medios.

Menos conciertos donde no hacen falta

Herrikoa defiende que la financiación pública de la enseñanza concertada tiene sentido únicamente cuando la red pública no puede cubrir la demanda. En el momento actual, con plazas públicas de sobra en muchas zonas, la federación considera que mantener o ampliar conciertos carece de justificación y supone destinar dinero público donde no existe necesidad real.

Por ello, reclaman al Departamento de Educación la aprobación de un marco de planificación estratégica plurianual que sitúe la escuela pública en el centro, evite la sobreoferta y redefina el papel de los centros concertados, que según Herrikoa deberá ser menor que en el pasado.

Carlos Arrazola, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ha confirmado este viernes que las obras de recrecimiento del embalse de Yesa se retrasarán al menos un año, extendiendo su finalización más allá de 2030. La declaración se produjo en el Senado, en respuesta a la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien pidió claridad sobre los plazos y la estabilidad de la ladera derecha.

Durante su intervención, Barkos expresó su preocupación por la seguridad de las personas, afirmando que la incertidumbre en torno a esta cuestión es primordial. Además, destacó la importancia de responder a las necesidades de agua de la población, especialmente en un contexto de cambio climático que exige nuevas políticas hídricas. La senadora subrayó que la seguridad de los ciudadanos es la principal prioridad.

Preocupación por la estabilidad de la ladera derecha

Barkos también abordó la situación de la ladera derecha de Yesa, cuya estabilidad ha sido motivo de preocupación. La senadora recordó que, aunque desde 2013 se asegura que no hay movimientos significativos, continúan realizándose trabajos extraordinarios de refuerzo. El último de estos trabajos, valorado en 47 millones de euros, plantea dudas sobre la seguridad de la infraestructura.

La senadora de Geroa Bai insistió en la necesidad de respuestas claras sobre la seguridad de la obra, enfatizando que la falta de información puede generar alarmismo. En este sentido, Barkos instó a las autoridades a proporcionar información precisa y oportuna para evitar preocupaciones innecesarias entre la población. La transparencia en este proceso es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos.

Impacto del cambio climático en las políticas hídricas

La importancia de adaptar las políticas hídricas al cambio climático fue otro de los temas destacados por Barkos. La senadora señaló que el cambio climático obliga a considerar nuevos parámetros en la gestión del agua, lo que hace aún más urgente la necesidad de finalizar las obras de Yesa. La demora en la finalización de estas obras podría tener un impacto significativo en el suministro de agua a las localidades y a los regantes de la región.

Barkos también solicitó información sobre las obras de refuerzo de la ladera derecha, anunciadas para 2025, y si estas representarán una solución definitiva. La senadora recordó que desde 2013 se asegura que no hay movimientos significativos en la ladera, pero los trabajos de refuerzo continúan. La falta de respuesta sobre la seguridad de la obra genera incertidumbre entre los vecinos.

Cuarto modificado del proyecto en 2026

Finalmente, la senadora pidió explicaciones sobre el estado de tramitación del cuarto modificado del proyecto y su posible aprobación en 2026. También solicitó detalles sobre los plazos de ejecución posteriores y su repercusión en el calendario total de la obra. La transparencia en estos aspectos es fundamental para asegurar la confianza de la población en la gestión de las obras de Yesa.

En conclusión, la comparecencia de Arrazola en el Senado ha dejado claro que las obras de recrecimiento de Yesa enfrentarán un retraso significativo. La seguridad de las personas, la estabilidad de la ladera derecha y la adaptación a las nuevas realidades del cambio climático son temas que requieren respuestas claras y precisas. La transparencia y la información oportuna son esenciales para evitar alarmismos y mantener la confianza de la población en este proyecto crucial para la región.

La dimisión del jefe de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra ha desatado la respuesta política de la oposición. El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha exigido este jueves la salida del consejero de Salud, Fernando Domínguez, al que responsabiliza directamente del clima de malestar que atraviesa la sanidad navarra.

"La única dimisión que puede corregir el problema de la sanidad navarra es la del consejero", ha afirmado García, que ha descrito la renuncia del doctor González Arteaga como "el último episodio de una serie que el consejero, con su ineficacia, se está empeñando en convertir en el género del drama".

Tres años y los mismos problemas

El dirigente popular ha trazado un balance negativo de la gestión de Domínguez al frente del Departamento de Salud. A su juicio, en tres años no se han reducido las listas de espera, no se ha conseguido atraer médicos a Navarra y, además, se está provocando la marcha de profesionales a otras comunidades en busca de mejores condiciones laborales. Todo ello, ha subrayado, pese a contar "cada año con presupuestos récord".

García ha señalado que la dimisión se produce precisamente en Traumatología, la especialidad con mayor número de pacientes en espera de primera consulta o intervención quirúrgica, lo que a su entender evidencia "hasta qué punto la situación es insostenible".

La amenaza de septiembre, en el origen de la crisis

El presidente del PPN ha recordado que el detonante del deterioro en ese servicio tiene nombre y fecha: las declaraciones del consejero Domínguez en septiembre de 2025, cuando advirtió públicamente de una posible intervención en Traumatología por sus datos en listas de espera. "Lejos de solucionar el problema, el consejero generó más tensión e incertidumbre entre los profesionales", ha indicado García, en una lectura que coincide con la que el propio jefe de servicio dimisionario ha plasmado en su carta pública.

Anestesia, otro frente abierto

García ha aprovechado para ampliar el foco más allá de Traumatología. Ha recordado que los profesionales del Servicio de Anestesia y Reanimación del HUN han anunciado el cese de toda actividad extraordinaria y voluntaria a partir del 4 de mayo, en protesta por lo que consideran ataques y falta de respeto hacia su colectivo. Para el PPN, ambos conflictos son síntomas del mismo problema: una gestión que ha erosionado la relación entre el Departamento y los profesionales sanitarios.

"Los que sufren son los ciudadanos"

El presidente popular ha concluido su valoración apelando al impacto que esta situación tiene sobre los pacientes. "Estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la calidad de una sanidad navarra que siempre ha sido referente en España. Y lo más grave es que quienes lo sufren son los ciudadanos, que reciben un peor servicio", ha advertido.

García ha reclamado al Gobierno de Navarra liderazgo, respeto a los profesionales y una gestión que aporte soluciones. "La realidad es que hoy no tenemos nada de eso", ha zanjado.

Carlos Gimeno salió este viernes al paso de la polémica con una afirmación rotunda: "Permítame que le diga que no hay ni cierre ni recortes". El consejero de Educación del Gobierno de Navarra compareció ante los medios dispuesto a defender cada coma de una decisión que ha encendido a las familias de la concertada y a la Federación Navarra de Ikastolas, y aprovechó para devolver el balón a quienes más le están presionando.

"El gasto por alumno se incrementa presupuesto a presupuesto"

Gimeno rechazó de plano el relato de los recortes y explicó que la calidad educativa "no está establecida solo en abrir aulas medio vacías", sino en dotar al alumnado de recursos adicionales, programas y nuevas metodologías. "La educación es algo mucho más que ese discurso simplista que estoy escuchando estos días", zanjó.

El consejero también aclaró que cuando habló de posibles cierres de aulas siempre se refirió a "previsiones, estimaciones y proyecciones" del servicio de inspección, que según explicó tiende a hacer, "si me permiten la expresión, una predicción un tanto a la baja", porque es más fácil añadir una unidad después que retirarla.

Un dardo directo a UPN

Las críticas de Unión del Pueblo Navarro no quedaron sin respuesta. Gimeno acusó al portavoz del partido de no saber calcular la ratio media de un concierto y le recordó su historial al frente del gobierno: "Hubo parte de UPN que presentó una proposición de ley que echó a la calle a ochocientos profesores, que redujo el sueldo del profesorado en dos y medio, que redujo en dos y medio la financiación del módulo de otros gastos de los centros concertados, que echó a la calle a catorce profesores de religión". Y añadió sin ambages: "Es muy interesante hacer política con fuego ajeno, y eso me parece poco digno políticamente".

Seis alumnos de ikastolas, no una persecución

Sobre las ikastolas, Gimeno fue quirúrgico con los datos. Aseguró que solo seis alumnos de toda la federación "se han quedado sin disfrutar de su primera opción" y que el resto la tienen garantizada. Señaló tres centros —Orreaga, Lumbier y Sangüesa— que no cumplen los criterios para renovar el concierto, aunque han sido exceptuados al amparo del artículo 17 del decreto foral. Y recordó que la Ikastola Jasone, en cambio, gana una unidad.

"No hay ningún tipo de animadversión hacia los centros de la Federación Navarra de Ikastolas, sino una aplicación de criterios", subrayó.

Estella, el caso que lo explica todo

Para ilustrar su argumento, Gimeno puso sobre la mesa el caso de Estella. El colegio público Remontival ha recibido 24 solicitudes para una ratio máxima de 23, lo que obliga a desdoblar el grupo. Si además la ikastola de la localidad obtuviera todas las unidades que solicita, habría más de 40 vacantes de modelo D en una zona "donde no hay matrícula sobrevenida, donde no hay matrícula viva". "La ley establece que el Departamento de Educación tendrá que ofrecer la oferta pública suficiente en calidad y en cantidad, y eso es lo que hace el departamento: cumplir la ley", concluyó.

Gimeno descartó cambios en la concertada antes del cierre del proceso en agosto, ya que el real decreto fija el 15 de abril como fecha tope para la renovación de conciertos. Sí dejó abierta la puerta a modificaciones posteriores, al alza o a la baja, si la demanda en algún centro varía.

Cincuenta y ocho familias, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, han esperado años para entrar en unas viviendas protegidas que llevaban terminadas desde 2024 en Barañáin. La razón, según la resolución del Defensor del Pueblo de Navarra, adelantada esta semana por Pamplona Actual no fue solo la empresa constructora: también fue el propio Ayuntamiento.

El PSN-PSOE municipal ha hecho públicas las conclusiones de esa resolución y apunta directamente al equipo de gobierno de UPN, al que acusa de "mala gestión, falta de transparencia y engaño continuado" a los grupos de la oposición.

Una promoción con historia de tropiezos

La promoción arranca en 2019, cuando el Ayuntamiento de Barañáin concertó con la sociedad pública Nasuvinsa la construcción de los 58 pisos. Las obras comenzaron en 2020 y sufrieron una primera paralización por problemas con la empresa constructora. Hasta ahí, un contratiempo fuera del control municipal.

El problema, según los socialistas, llegó después. Una vez reactivado el proyecto, se acumularon retrasos administrativos que el PSN atribuye directamente al consistorio. La resolución del Defensor del Pueblo recoge que algunas solicitudes de documentación remitidas por Nasuvinsa al Ayuntamiento no obtuvieron respuesta. En un caso, la carpeta enviada desde el consistorio llegó vacía.

Dos años esperando un enganche eléctrico

Uno de los episodios que más indigna a los socialistas es el del suministro eléctrico. La compañía encargada del enganche esperó dos años una respuesta del Ayuntamiento, trámite imprescindible para obtener la licencia de ocupación. La situación no se desbloqueó hasta julio de 2025.

La portavoz socialista, Mari Jose Anaut, no esconde su valoración: "Resulta inaceptable que una empresa estuviera esperando durante dos años una respuesta del Ayuntamiento mientras las viviendas permanecían cerradas y decenas de familias seguían esperando una solución habitacional".

"En las comisiones nos decían que todo iba en tiempo y forma"

Lo que más molesta al grupo socialista es que, mientras todo esto ocurría, los grupos municipales no estaban siendo informados de la situación real. Según Anaut, "durante años se nos trasladó en las comisiones que todo se estaba haciendo en tiempo y forma, pero la resolución del Defensor del Pueblo demuestra que se produjeron demoras provocadas por el propio Ayuntamiento".

Las incidencias, añade el PSN, no fueron llevadas ni a la Comisión de Urbanismo ni a la de Hacienda. Solo a partir de 2024, cuando el bloqueo se prolongó sin explicación, el grupo socialista comenzó a preguntar de forma reiterada qué estaba ocurriendo, llegando incluso a proponer medidas para agilizar los trámites.

Exigen responsabilidades políticas

Para el PSN, la resolución del Defensor del Pueblo zanja el debate: hubo "fallos de coordinación y gestión con consecuencias directas para las personas adjudicatarias". Anaut concluye que el equipo de gobierno de UPN "ha engañado de manera continuada a los grupos municipales y ha impedido que 58 familias puedan estar viviendo ya en sus hogares".

Los socialistas exigen responsabilidades políticas y reclaman al equipo de gobierno que actúe "con rigor, transparencia y eficacia para garantizar que el derecho a una vivienda digna no vuelva a verse perjudicado por una gestión municipal deficiente".

El anuncio del consejero de Educación sobre el mantenimiento de unidades educativas en la red pública no ha cerrado el debate, sino que lo ha desplazado. EH Bildu considera que la decisión anunciada hoy es es "insuficiente" mientras las ikastolas sigan expuestas al mismo recorte, y ha vuelto a exigir este jueves que el Departamento extienda la protección a estos centros, cuya función considera "fundamental para la normalización del euskera en toda Navarra".

Improvisación y falta de planificación

La coalición no ahorra críticas al proceso. Califica la decisión original de "desacertada, precipitada e inoportuna" y sostiene que los cambios de última hora evidencian una gestión improvisada y sin planificación. Desde EH Bildu subrayan que resoluciones de este calado deberían adoptarse con consenso amplio y mayorías sólidas, condiciones que, a su juicio, no se dan en este caso.

Al mismo tiempo, la formación interpreta el giro del consejero como una señal de que la presión social y política funciona: "demuestra que si hay voluntad política, este tipo de decisiones se pueden modificar".

Frente al cierre de aulas, EH Bildu defiende una reducción lineal y universal de las ratios en todo el sistema educativo navarro, sin distinción de red ni de modelo lingüístico.

Varios colectivos contrarios al Tren de Alta Velocidad en Navarra han lanzado un llamamiento a organizaciones políticas, sindicales, culturales y deportivas de la Comunidad Foral para que se adhieran a un manifiesto que exige la paralización inmediata de esta infraestructura. La convocatoria busca articular una respuesta pública ante lo que estos grupos describen como una ofensiva de legitimación social impulsada por la Plataforma pro TAV de Navarra, creada el año pasado para acelerar las obras.

Los colectivos promotores han fijado el sábado 13 de junio, a las 12.00 horas, en la Plaza de los Burgos de Pamplona —junto al Ayuntamiento— como fecha y lugar para la presentación pública del manifiesto. Piden a las organizaciones que acudan con sus distintivos y que animen a otros colectivos de su entorno a sumarse tanto a la concentración como a la adhesión al texto, disponible a través de un formulario en línea.

El detonante: la Plataforma pro TAV y sus adhesiones

En el comunicado, los grupos anti TAV señalan como detonante directo la actividad de la Plataforma pro TAV, a la que acusan de ejercer presión sobre el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo central. Critican en particular la constitución de una comisión de trabajo conjunta entre el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, el Ministerio de Transportes, el Comisionado para el Corredor Atlántico y la propia Plataforma.

Los colectivos denuncian también que entidades como el Club Atlético Osasuna, UGT o la asociación de consumidores Iratxe se hayan adherido a la Plataforma pro TAV, y afirman que en algunos casos esas adhesiones se adoptaron "de manera antidemocrática" por las juntas directivas, sin consultar a sus bases.

Los argumentos contra el TAV

En el llamamiento, los colectivos opositores sostienen que el TAV no ha contado con estudios de viabilidad ni con procesos participativos, y que su construcción supone un "despilfarro de dinero público" en detrimento del tren convencional. Citan asimismo los accidentes laborales registrados en las obras en Euskal Herria —donde aluden a 13 trabajadores fallecidos— y el accidente ferroviario de Córdoba como argumentos sobre los riesgos asociados a este modelo de infraestructura.

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha defendido en el Parlamento de Navarra que las últimas convocatorias públicas de empleo están reduciendo la temporalidad en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y ha anunciado que, con todos los procesos selectivos actualmente en marcha, la tasa quedará por debajo del 8% que exige la normativa europea. Lo ha dicho en respuesta a una interpelación de EH Bildu en el pleno de control, donde la oposición ha puesto sobre la mesa un diagnóstico mucho más crítico de la gestión del personal sanitario.

Tres años de ofertas públicas y nuevos incentivos

Domínguez ha recordado que llevan "ya tres años" reduciendo la temporalidad con grandes ofertas de empleo público y ha detallado las medidas adoptadas en 2025: adelanto de los decretos forales de plantilla, incorporación de los méritos de euskera suspendidos desde 2017, concursos de traslado previos y convocatoria de procesos selectivos para evitar extinciones de contrato. Además, ha anunciado que el Departamento trabaja en nuevos modelos retributivos, entre ellos una experiencia piloto de incentivos por objetivos y el desarrollo de la carrera profesional para personal sanitario de niveles C y D.

El consejero también ha abordado la dificultad estructural de cubrir plazas en zonas rurales, atribuyéndola en parte al cambio generacional: "Las nuevas generaciones tienen otros intereses y otras formas de trabajar, y cada vez va a ser más complicado que los profesionales jóvenes quieran arraigarse en el mismo sitio toda su carrera laboral".

EH Bildu habla de "despilfarro"; la derecha, de "desastre"

Txomin González, portavoz de EH Bildu, ha sido el más contundente en el diagnóstico: ha denunciado un aumento de quejas, una reducción de la actividad y un incremento del gasto de personal sin mejora de resultados. "A esta gestión en las empresas se le llama despilfarro", ha afirmado, aunque ha tendido la mano al consejero para buscar consensos.

Desde el PP, Irene Royo ha aludido a una "guerra abierta con el personal sanitario" y a la primacía de las prioridades políticas sobre las necesidades del sistema. Emilio Jiménez, del Grupo Mixto, ha ido más lejos y ha calificado la situación de "desastre", achacándolo a siete años de gestión del Gobierno de Chivite, al que ha acusado de tratar al personal sanitario "como mano de obra barata".

El tono ha sido más constructivo desde otros grupos. El PSN ha valorado la reducción de la interinidad lograda gracias al proceso de estabilización reciente. Geroa Bai ha reclamado políticas que no solo atraigan profesionales, sino que también ofrezcan condiciones laborales y de conciliación para retenerlos.

UPN ha defendido avanzar hacia un modelo de gestión basado en valor —premiando resultados en los pacientes y no mera actividad— y Contigo-Zurekin ha pedido al consejero que no gestione "en respuesta del titular de turno" y que racionalice los recursos disponibles en lo que queda de legislatura.

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha valorado de forma agridulce el reciente anuncio del Departamento de Educación sobre el mantenimiento de las unidades escolares para el próximo curso. Aunque Azcona considera "positivo" que el consejero Carlos Gimeno haya decidido no cerrar ninguna unidad de 3 años en la red pública, ha denunciado la constante "improvisación" en la gestión del Gobierno foral, señalando que "lo que ayer era imposible, hoy en parte es posible".

Desde la formación se insta al Ejecutivo a no limitar esta rectificación solo a los centros de titularidad pública. Geroa Bai reclama que se atienda el "clamor social" y se analicen los datos necesarios para revertir también el cierre previsto de 14 unidades en la red concertada, defendiendo la estabilidad de todo el sistema educativo navarro.

Una oportunidad para la planificación y la bajada de ratios

Para Azcona, el escenario actual, marcado por cambios demográficos y una situación económica favorable, representa el "momento idóneo" para realizar una planificación estratégica a largo plazo. En lugar de tomar decisiones que puedan perjudicar el futuro de la enseñanza, el portavoz parlamentario aboga por aprovechar los recursos para implementar mejoras estructurales.

Entre las propuestas destacadas por la formación se encuentran:

• La bajada de ratios en las aulas para mejorar la calidad educativa.

• El aprovechamiento de la estabilidad presupuestaria para evitar cierres preventivos.

• El fortalecimiento de la cohesión en la red educativa navarra, tanto pública como concertada.

Críticas a los cambios de criterio en el Gobierno

La formación subraya la contradicción en la que, a su juicio, ha incurrido el Departamento de Educación. Según Azcona, el pasado lunes se anunció el cierre de 19 unidades en la red pública que hoy se han dado por salvadas. Por ello, Geroa Bai pide que se mantenga este nuevo criterio y se aplique de forma total y no parcial.

"No hay que cerrar ningún aula", ha insistido el portavoz, remarcando que el debate prioritario debe centrarse en la mejora de la enseñanza y no en el recorte de unidades, especialmente cuando las posibilidades presupuestarias de Navarra permiten sostener la oferta actual frente al descenso de la natalidad.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, compareció este jueves ante los medios para aclarar varios frentes abiertos tras el debate parlamentario del día anterior: la imposibilidad jurídica de prorrogar los conciertos educativos de forma aislada, la situación de las ikastolas, que protestaron este miércoles ante el Departamento y la ausencia de reducción neta de aulas en la escuela pública para el próximo curso.La protesta ha llegado incluso al propio hemiciclo donde los parlamentarios de Geroa Bai portaban pegatinas con el slogan "El futuro de Navarra es el euskera. Ni un paso atrás". 

Gimeno fue tajante sobre la moción debatida el miércoles en el Parlamento, que solicitaba prorrogar conciertos al amparo del artículo 44 del Decreto Foral 416/1992. Los servicios jurídicos del departamento ya advirtieron que esa vía no es aplicable de forma aislada: el artículo solo permite prorrogar conciertos de manera global, no unidad por unidad. La única excepción posible era la ikastola de Lodosa, a la que el departamento ofreció de inmediato esa prórroga. Según Gimeno, el centro ya la ha solicitado y se llevará a cabo.

Sin reducción neta de aulas de tres años en la pública

El consejero quiso despejar una de las alarmas más extendidas en las últimas semanas: no habrá reducción neta de aulas de tres años en la escuela pública navarra el próximo curso. Reconoció que algunos centros sí perderán unidades, pero otros ganarán nuevas, de modo que el balance final será neutro o positivo. "El cómputo neto será que no hay reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de tres años", subrayó.

La demografía y el avance del modelo D, claves en la concertada

Gimeno ofreció una explicación estructural para las reducciones que sí afectan a algunos centros concertados, especialmente ikastolas. Desde 2015, el modelo D ha crecido en toda la comunidad, incluida la zona no vascófona. Nuevas unidades en localidades como Ancín, Aibar o Abárzuza implican más oferta pública de euskera en esas zonas, lo que repercute directamente en las ikastolas de su área de influencia. A eso se suma la caída demográfica, que reduce la matrícula en todos los centros. "Si se amplía la oferta pública de modelo D en una localidad, obviamente afecta a la ikastola del área de influencia", señaló.

Puso como ejemplo lo ocurrido hace dos cursos con la apertura de una unidad de modelo D en Larraga, que afectó a la ikastola de Tafalla, a la que el departamento reforzó con más recursos para garantizar su viabilidad.

"No hay ataque al euskera; es demagogia barata"

Gimeno rechazó con firmeza las acusaciones de la Federación de Ikastolas de Navarra, asumidas por sus socios de Geroa Bai. Recordó que tres ikastolas —Viana, Lumbier y una tercera— han sido exceptuadas de los criterios generales aplicados, que se han incrementado recursos en algunos centros y que el presupuesto para el euskera en Educación es el más alto de la historia desde 2019. "Negar que haya un ataque al euskera no es una opinión, son datos y hechos", afirmó, añadiendo que ese discurso le parece "una demagogia absolutamente barata" y "peligrosa".

El consejero también precisó que el departamento se reunió el miércoles con representantes de la Federación de Ikastolas y les trasladó que sus decisiones responden al cumplimiento del acuerdo programático suscrito por los tres grupos que sustentan al Ejecutivo foral.

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Navarra, Javier García Jiménez, puso este jueves a la presidenta María Chivite en una situación incómoda al preguntarle por las reuniones mantenidas entre el exdiputado Santos Cerdán, el entonces consejero de Cohesión Territorial , Bernardo Ciriza, y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.-imputada en una pieza separada del caso Ábalos-Koldo que investiga la Audiencia Nacional. Una pregunta que, según subrayó el parlamentario popular, cobra especial relevancia dado que Santos Cerdán está siendo investigado judicialmente por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.

"No es un hecho aislado, es un patrón"

García Jiménez no se limitó a preguntar por las reuniones en sí, sino que las enmarcó en lo que calificó como "un patrón" que, a su juicio, compromete la credibilidad del Gobierno foral. El argumento del portavoz popular fue que Santos Cerdán, siendo diputado sin competencias ejecutivas en materia de infraestructuras, participó de forma reiterada en reuniones técnicas con el Ministerio y con Adif, algo que calificó de inusual: "Ningún otro diputado participa en reuniones técnicas de esta naturaleza".

El parlamentario añadió que tanto Santos Cerdán como el exconsejero Ciriza omitieron esas reuniones en sus comparecencias ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. "No fue un olvido, fue una omisión deliberada", afirmó García Jiménez, recordando que en política las omisiones también tienen consecuencias.

La pregunta directa a Chivite

El portavoz del PP quiso saber si la presidenta conocía esas reuniones, si le informaban de ellas y por qué no fueron mencionadas en la comisión de investigación. "El problema no es solo lo que pudo ocurrir, sino lo que usted sabía o debería saber, porque estamos hablando de un consejero de su máxima confianza", señaló.

Chivite: "Mis consejeros se reúnen con quien deben reunirse"

La presidenta respondió sin conceder terreno. Defendió que sus consejeros tienen la agenda que les corresponde y se reúnen con quienes consideran necesario para el ejercicio de su trabajo, poniendo como ejemplo lógico las reuniones con Adif para impulsar el tren de altas prestaciones. Chivite rechazó además el planteamiento del PP y aprovechó para reivindicar el historial inversor de los gobiernos socialistas en la alta velocidad ferroviaria navarra, recordando que en 2025 se alcanzó la mayor inversión histórica en ese proyecto con 157 millones de euros.

La presidenta también cuestionó la oportunidad del momento elegido por el PP para formular la pregunta, insinuando que buscaba desviar la atención de la declaración que ese mismo día prestaba el expresidente Mariano Rajoy ante los abogados.

En la réplica, García Jiménez insistió: "En política no basta con no saber. La responsabilidad es saber y actuar. Cuantas más explicaciones evita, más evidente resulta que hay algo que explicar".

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, defendió este jueves en el pleno del Parlamento la buena marcha de la economía navarra y repasó una serie de hitos recientes que, a su juicio, demuestran que la comunidad "está en un buen momento en términos de solvencia y capacidades". Lo hizo en respuesta a una pregunta de la parlamentaria Ainhoa Unzu, del PSN, sobre la situación económica de Navarra.

El anuncio más destacado fue la confirmación tras su viaje de la semana pasada de la inversión de 400 millones de euros por parte de la empresa china Hithium para instalar en Navarra una planta de baterías de almacenamiento de energía. El acuerdo, según recordó Chivite, fue ratificado durante un reciente viaje a China junto a las autoridades locales y el presidente del Gobierno de España, y supondrá la creación de en torno a 700 puestos de trabajo.

La presidenta fue más allá de las cifras y enmarcó la decisión en una estrategia a largo plazo: "Se trata de una decisión estratégica en el sector de las renovables. Solo por el camino de la electrificación de la economía y avanzando en la independencia energética vamos a poder aumentar nuestra competitividad".

271 millones en inversiones por toda Navarra

Chivite también anunció la aprobación de un plan de inversiones dotado con 271 millones de euros que, según detalló, llegará "a todos los rincones de la comunidad". Entre los proyectos incluidos mencionó la construcción y promoción de vivienda, mejoras en instalaciones sanitarias como la UCI y urgencias del Hospital García-Orcoyen, la climatización del Hospital Universitario de Navarra, nuevos centros de salud en localidades como Villava, Puente la Reina, Cascante o Ripagaina, actuaciones en centros educativos, suelo industrial, infraestructuras de regadío y carreteras como la N-121 o la variante de Arazuri.

"Podemos hacerlo precisamente porque tenemos una economía que va bien", subrayó la presidenta.

Canal de Navarra e impacto de la situación en Irán

Chivite también se refirió al avance de la segunda fase del Canal de Navarra —reconociendo que le gustaría que el ritmo fuera más rápido— y a las medidas adoptadas para paliar el impacto económico de la situación en Irán, advirtiendo que el Gobierno estará "vigilante y abierto a adoptar otro tipo de medidas" si el contexto se prolonga.

La presidenta cerró su intervención rechazando los que llamó "discursos catastrofistas" y reivindicando a Navarra como "una comunidad referente, atractiva, con enorme talento y experiencia, líder en calidad de vida y con un entorno institucional estable y solvente".

Unzu: "Navarra avanza cuando hay estabilidad política"

En su réplica, Ainhoa Unzu respaldó el balance de la presidenta y lo encuadró en un argumento más amplio: "Lo que estamos viendo es algo más que la suma de proyectos concretos; es la constatación de que Navarra avanza cuando hay estabilidad política y rigor en la gestión".

La parlamentaria aprovechó para recordar lo que calificó como "etapas oscuras" en la historia reciente de la comunidad y criticó expresamente a UPN por haber paralizado la segunda fase del Canal de Navarra, una infraestructura que consideró "esencial para el desarrollo del sector primario y de toda la Ribera".

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha defendido este martes en Pamplona que Navarra asuma la competencia de gestión de los permisos de trabajo para personas extranjeras, con el objetivo de agilizar la contratación de perfiles demandados por el tejido empresarial. La dirigente foralista ha puesto como ejemplo la situación de la Comunidad Autónoma Vasca, que ya estaría avanzando en esa línea, y ha reivindicado este paso como una expresión del “sentimiento foralista” en materia de autonomía de gestión.

La intervención ha tenido lugar durante la clausura de la jornada ‘Acción Inmigración: ideas y soluciones para Navarra’, celebrada en la capital navarra, en la que han participado expertos en sociología, derecho de extranjería y representantes institucionales.

Más contratación en origen y reforma de los catálogos laborales

Ibarrola ha apostado por impulsar la contratación en origen y ha criticado que la legislación actual “no lo facilita”. En este sentido, ha reclamado ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que determina qué perfiles pueden ser contratados en sus países de origen para trabajar en España.

Según ha señalado, este listado “se queda escaso” frente a las necesidades reales de las empresas navarras. Además, ha planteado establecer mecanismos para evitar el abandono temprano de los puestos de trabajo por parte de personas contratadas en el exterior, proponiendo que exista una vinculación mínima de 12 meses con la empresa contratante.

“Queremos facilitar los trámites y agilizar los procesos para que quienes vengan a trabajar e integrarse lo hagan en situación regular”, ha defendido la líder de UPN.

Reconocimiento a la aportación migrante

Durante su intervención, Ibarrola ha subrayado el papel de la población migrante en el crecimiento demográfico de Navarra, especialmente en un contexto de saldo vegetativo negativo desde 2017. También ha destacado su contribución al emprendimiento, señalando la proliferación de negocios regentados por personas nacidas en otros países.

En este punto, ha anunciado su compromiso con medidas de apoyo fiscal a emprendedores y con la reducción de la burocracia: “No nos cansaremos de decir que hay que facilitar montar un negocio y no penalizar fiscalmente a quien lo hace”.

Comisión de seguimiento de la regularización extraordinaria

Uno de los anuncios más destacados ha sido la propuesta de crear una comisión de seguimiento y evaluación sobre el impacto en Navarra del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

El objetivo, ha explicado, sería analizar datos como la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el acceso a la renta garantizada o el impacto en los servicios públicos. Ibarrola ha defendido que este tipo de evaluación debería aplicarse de forma general a todas las políticas públicas.

Asimismo, ha criticado la baja ejecución de órdenes de expulsión de personas en situación irregular, que ha cifrado en torno al 8% en 2025, y ha defendido la necesidad de simplificar los procedimientos.

Reclamación de más apoyo a las entidades locales

La presidenta de UPN ha puesto el foco también en los ayuntamientos, asegurando que muchos alcaldes y alcaldesas se sienten “solos” ante la gestión del fenómeno migratorio.

Ha defendido que la incidencia de la inmigración varía significativamente entre municipios y ha pedido una financiación específica para aquellas localidades con mayor presión migratoria o con perfiles de población más complejos.

“Hay que atender con recursos suficientes la singularidad de cada municipio”, ha señalado, reclamando un sistema de financiación estable que evite la dependencia de subvenciones puntuales.

La jornada ha concluido con el compromiso de UPN de situar la migración como uno de los ejes centrales del debate político en Navarra en los próximos años.

Cincuenta años después de los sucesos de Montejurra, el Parlamento de Navarra ha dado un paso formal en el reconocimiento de las víctimas de aquella jornada. La Comisión de Memoria y Convivencia aprobó este martes una resolución por la que la Cámara recuerda a Ricardo García Pellejero y a Aniano Jiménez Santos como "víctimas del terrorismo practicado desde instancias del Estado y desde elementos de ultraderecha y fascismo". La resolución salió adelante con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención de UPN. PPN y el grupo Mixto no asistieron a la sesión.

Un monolito junto al Monasterio de Iratxe, lugar de memoria oficial

La resolución, impulsada por EH Bildu, incluye también el encargo al Gobierno de Navarra de organizar un acto institucional de recuerdo el próximo 9 de mayo de 2026, coincidiendo con el 50 aniversario de los hechos, en el entorno del Monasterio de Iratxe, donde un monolito señala el lugar en que fueron asesinadas las dos víctimas. Ese punto contó con el apoyo conjunto de UPN y EH Bildu, la abstención de Contigo-Zurekin y el voto en contra de PSN y Geroa Bai.

Desclasificación de documentos, el único punto unánime

El único acuerdo que recibió el respaldo de todos los grupos presentes fue la petición al Gobierno de España para que desclasifique "todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos existentes en la Administración del Estado relacionados con los sucesos de Montejurra 1976", tanto anteriores como posteriores al 9 de mayo de aquel año.

Qué ocurrió en Montejurra en 1976

La concentración carlista del 9 de mayo de 1976, celebrada apenas medio año después de la muerte de Franco, terminó con dos personas muertas por disparos y cerca de treinta heridas. La resolución aprobada este martes recoge la tesis del Partido Carlista, respaldada en documentación presentada ante la propia Cámara en 2023, que apunta a la implicación directa del Gobierno de Carlos Arias Navarro —y en particular del ministro Manuel Fraga Iribarne— en los hechos, así como del Ejército y de estructuras del Movimiento Nacional.

El reconocimiento al Partido Carlista, rechazado

La resolución original contenía un punto adicional por el que se instaba al Gobierno de España a otorgar al Partido Carlista "el reconocimiento público y la reparación que corresponda en su consideración de víctima principal" de los sucesos. Ese punto fue rechazado con los votos en contra de UPN, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una moción impulsada por Unión del Pueblo Navarro que fuerza al Gobierno de España a establecer fechas concretas para la licitación y adjudicación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra. La iniciativa salió adelante con 170 votos a favor, 155 abstenciones —PSOE, PNV, Sumar y Junts— y 20 votos en contra de EH Bildu, ERC, Podemos y BNG.

El diputado de UPN Alberto Catalán fue contundente en su intervención. "Han sido años y años de retrasos injustificados", afirmó, recordando que desde 2022 ha sido el Gobierno de Navarra quien ha ido fijando plazos que luego no se han materializado, "todos ellos, curiosamente, sin pronunciamiento del Ministerio, que, siendo el máximo responsable de la infraestructura, ha permanecido callado".

Catalán calificó de "decepcionante, preocupante e incomprensible" que hace apenas cuatro días el Ejecutivo foral declarara que espera firmar el convenio de financiación "antes de fin de este año". "No puede ser, debe hacerse ya", exigió.

El acuerdo de ayer no basta si no va acompañado de acción

La votación se produce un día después de que Navarra y el Estado anunciaran un acuerdo para la financiación y ejecución de la segunda fase. Catalán, sin embargo, restó valor al anuncio si no va seguido de decisiones inmediatas. "De nada sirve si no se actúa con diligencia y decisión", advirtió, señalando a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) como responsable directa de buena parte de los trabajos pendientes.

"Basta ya de engaños"

El tono del diputado regionalista fue especialmente duro con el Ministerio. "No puede jugar con el futuro de miles de navarros ni tomarles el pelo. No puede generar frustración e incertidumbre, sino confianza e ilusión. Basta ya de engaños y falsedades", subrayó ante el pleno.

Catalán recordó que tanto el Gobierno de Navarra como los usuarios que deberán asumir parte de la financiación han cumplido ya con sus obligaciones. "Estamos únicamente a merced del Ministerio. Luego no digan que se incrementan los costes", concluyó.

Una infraestructura clave para la Ribera

La moción aprobada reafirma también el carácter estratégico y vertebrador del Canal de Navarra para el conjunto de la Comunidad Foral, y subraya la necesidad de culminar su desarrollo con criterios técnicos, sociales y de interés general. La incertidumbre acumulada pesa especialmente en la Ribera, la comarca que más depende de la infraestructura para garantizar su futuro agrícola y económico.

La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra ha respaldado este miércoles una resolución que pide al Departamento de Educación congelar durante un año la renovación de los conciertos educativos vigentes. La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Geroa Bai, ha salido adelante con los votos favorables de UPN, EH Bildu, PPN y el Grupo Mixto, y el rechazo del PSN y Contigo-Zurekin.

El primer punto de la resolución establece que el Departamento de Educación no podrá cerrar aulas de educación infantil durante el proceso de planificación del próximo curso escolar, ya sea en la red pública o en la concertada. La medida llega en un contexto de contracción demográfica pronunciada: 2023 registró la tasa de natalidad más baja en 80 años en Navarra, aunque para el próximo curso se espera un ligero repunte de matriculaciones.

Un año de prórroga al amparo del decreto foral

El segundo punto insta al Departamento a acogerse al artículo 44 del Decreto Foral 416/1992, que permite prorrogar los conciertos educativos por un período de un año, con el objetivo de "adaptar las decisiones" a la nueva realidad demográfica. Geroa Bai defiende que la reducción de nacimientos no debe traducirse en recortes automáticos de unidades concertadas, sino en una planificación más pausada que evite impactos directos sobre toda la etapa de primaria.

Menos alumnos, mejor educación

El tercer apartado de la resolución aprobada emplaza al Departamento a aprovechar la menor presión de matriculaciones para mejorar el sistema: reducir ratios de alumnado por aula, reforzar los recursos de atención a la diversidad y consolidar una planificación equilibrada a largo plazo, en lugar de aplicar una "lógica del recorte".

Enmiendas rechazadas del PSN y Contigo-Zurekin

Dos propuestas alternativas quedaron fuera del texto final. Contigo-Zurekin planteaba aprovechar el descenso de alumnado para fortalecer la red pública y avanzar hacia una reducción progresiva de los conciertos privados hasta que estos adquieran un carácter "subsidiario".

El PSN, por su parte, pedía que no se aumentaran las unidades concertadas y que se redujeran cuando no hubiera demanda suficiente, apostando por continuar el desarrollo del Pacto Social y Político por la educación. Ninguna de las dos enmiendas fue aceptada por Geroa Bai.

El debate sobre los conciertos educativos en Navarra ha dado un paso decisivo. El Gobierno foral ha hecho público un informe jurídico de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, firmado el 21 de abril, que cierra la puerta legal a la moratoria de un año reclamada por varios grupos parlamentarios y, de paso, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez ha cargado con dureza contra la proposición de ley registrada esta semana por UPN.

El informe: la prórroga solo cabe para un centro

La conclusión del documento es clara y no admite interpretaciones intermedias. La prórroga de un año prevista en el artículo 44 del Decreto Foral 416/1992 —el mismo precepto al que apelaba Geroa Bai para justificar su moratoria— únicamente puede aplicarse a la Ikastola Ibaialde de Lodosa, el único centro al que se le ha denegado íntegramente la renovación de su concierto de segundo ciclo de Educación Infantil. El Departamento ya ha iniciado conversaciones con ese centro para articular la prórroga.

El resto de centros que han visto reducidas algunas de sus unidades se encuentran en una situación radicalmente distinta: sus conciertos han sido renovados por cuatro años más, del curso 2026-2027 al 2029-2030. Sin denegación total del concierto, no hay base legal para aplicar el artículo 44. Hacerlo vulneraría la duración máxima de los conciertos fijada en el artículo 116 de la Ley Orgánica de Educación.

El informe fue elaborado a petición del consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien se había comprometido a presentarlo como respuesta a las propuestas de moratoria planteadas en el Parlamento.

Remírez: "La moratoria no es ajustada a derecho"

El vicepresidente Javier Remírez ha sido contundente al valorar el informe ante los medios. "El planteamiento de plantear una moratoria no es ajustado a derecho conforme al Decreto Foral 416/92", ha afirmado, añadiendo que el Gobierno actúa "con el Estado de derecho y con plena seguridad jurídica" y que cualquier ejecutivo está obligado a aplicar de forma estricta la normativa vigente.

Ramírez ha situado las decisiones adoptadas en un contexto demográfico que, según ha señalado, nadie puede ignorar. Ha recordado el estudio de proyección de población del Gobierno de Navarra hasta 2039, que prevé que la franja de 0 a 16 años —la población en edad de escolarización obligatoria— pasará de representar el 15% al 13% del total, mientras la población mayor de 65 años crecerá del 21 al 26%. "Tenemos que planificar para adaptarnos a una realidad demográfica que fluctúa y que cambia", ha subrayado.

La proposición de UPN, en el punto de mira

Pero si el Gobierno ha cerrado la puerta a la moratoria de Geroa Bai, las críticas más duras de Remírez han apuntado esta mañana a la proposición de ley registrada por UPN. El vicepresidente ha advertido de que el texto presenta "graves fallos de técnica jurídica" y genera "una situación de inseguridad jurídica para las familias, los alumnos y los centros educativos".

A su juicio, la propuesta sigue la línea emprendida por el PP y Vox en comunidades como Madrid y Murcia, y trata de "subordinar la enseñanza pública a la concertada" con criterios más empresariales que de defensa del interés público. El principal reproche es que la iniciativa congelaría la situación durante un año sin dar respuesta a qué ocurre después. "¿Y dentro de un año qué aplicamos? ¿Otra moratoria? ¿Cómo podemos crear una situación de incertidumbre así a todas las familias?", ha preguntado.

Remírez ha subrayado además que la duración de los conciertos educativos no la fija una norma foral, sino la Ley Orgánica de Educación, que establece un máximo de cuatro años con posibilidad de prórroga de uno solo en los términos ya descritos. Cambiar eso mediante una proposición de ley navarra supondría, a su entender, invadir el ámbito de la normativa estatal básica.

El portavoz del Ejecutivo ha concluido recordando que desde 1992, año en que entró en vigor el decreto foral, todos los gobiernos navarros de distinto signo político han aplicado esta normativa de forma pacífica, ajustando el número de aulas a la demanda real. "Es lo que estamos haciendo en estos momentos y es lo que ha hecho cada gobierno desde que esta normativa está vigente", ha zanjado.

Parlamentarios de cinco grupos —PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin— han visitado hoy las instalaciones del Barnahus, el nuevo centro de atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que abrirá sus puertas el próximo 4 de mayo en Navarra. La delegación fue recibida por Maite Arenaza, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra, y María Muñiz, psicóloga forense y coordinadora del centro.

El nombre proviene del islandés y significa literalmente "la casa de la infancia". El modelo, reconocido a nivel europeo, parte de una premisa clara: que un menor víctima de agresión sexual no tenga que enfrentarse a múltiples entrevistas en distintos entornos institucionales, un recorrido que en demasiadas ocasiones genera una segunda victimización.

Un espacio diseñado para que el niño no sienta que está en una institución

El centro atiende a niñas y chicas de 3 a 15 años y a niños y chicos de 3 a 17 años, así como a menores con discapacidad. A partir de los 16 años, las chicas son derivadas al CAIVS. El diseño del espacio forma parte deliberada del proceso terapéutico: techos de madera abuhardillados para dar sensación de hogar, salas decoradas según la edad de cada menor y una cocina anexa que se utiliza también durante los tratamientos psicológicos.

El centro cuenta además con salas habilitadas para realizar pruebas preconstituidas —las declaraciones ante el juez— de modo que el menor no tenga que acudir al Palacio de Justicia, un entorno que las responsables del centro describen como "mucho más hostil".

Justicia, sanidad, servicios sociales y policía, bajo el mismo techo

La filosofía del Barnahus es la coordinación interinstitucional. Todos los sistemas implicados —justicia, servicios sociales, sanidad, fuerzas policiales y atención psicológica— trabajan de forma conjunta desde un único espacio. Ante la sospecha de una agresión, los profesionales implicados realizan una derivación formal al centro, aunque las familias también pueden acudir directamente. Una vez recibido el caso, el equipo elabora un plan de actuación conjunto priorizando que la mayoría de las intervenciones se realicen en el propio Barnahus.

En 2025 fueron atendidos en Navarra 78 menores víctimas de agresión sexual.

La sala donde se celebraron este miércoles los Galardones de la Juventud 2026 escuchó un discurso poco habitual en boca de una presidenta de gobierno. María Chivite animó a los jóvenes navarros a "incomodar al poder cuando sea necesario" y a "rebelarse frente a lo injusto". "No os dejéis domesticar", les dijo.

Chivite rechazó los tópicos que presentan a la juventud como irresponsable o desorientada y los contrapuso a los datos: menores tasas de abandono escolar, menor consumo de drogas y mayor implicación en causas como la igualdad de género, los derechos LGTBI o la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, reconoció que esa misma generación afronta "precariedad laboral, salarios insuficientes y dificultades de acceso a la vivienda", una realidad a la que puso nombre: "desigualdad generacional".

Cuatro premios a iniciativas que transforman Navarra

Los galardones, organizados por el Instituto Navarro de la Juventud en su 29ª edición, reconocieron este año a cuatro iniciativas muy distintas entre sí.

El Galardón a la Persona Joven fue para la música Jara Liras, directora del Navarra Queer Chorus y de Basandere Ahotsak, por su trabajo en favor del encuentro y la comunidad a través del canto coral. "En un mundo individualizado y polarizado hay que luchar por hacer conexiones más humanas", afirmó al recoger el premio.

El Galardón a la Participación Social recayó en Black Power, grupo de jóvenes afrodescendientes de Pamplona que trabaja la identidad, la autoestima y la prevención de la mutilación genital femenina. Su representante, Kami Magassa, explicó que hablan "desde la perspectiva de sentirse de fuera naciendo aquí".

La asociación Besarkada Abrazo recibió el Galardón a la Entidad por haber impulsado la primera campaña de prevención del suicidio juvenil en Navarra, con participación directa de jóvenes y un enfoque centrado en la autonomía emocional. Su representante, Elena Aisa, alertó del "incremento del malestar psicológico" entre la juventud y reivindicó la prevención como herramienta fundamental.

Finalmente, el Galardón JOVresaliente fue para el Programa de Corresponsales de Información Juvenil del Ayuntamiento de Pamplona, que ha crecido de ocho a casi cuarenta centros educativos y fomenta que jóvenes de entre 14 y 30 años difundan información entre sus iguales.

El Gobierno de Navarra ha expresado su desacuerdo con la propuesta de reforma constitucional presentada por el grupo parlamentario de UPN. La propuesta busca derogar la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, que permite a la Comunidad Foral decidir mediante referéndum si desea integrarse en el régimen autonómico vasco. Esta disposición es única en su tipo y refleja la singularidad del régimen foral de Navarra.

El Ejecutivo foral considera que la modificación unilateral de disposiciones constitucionales podría establecer un precedente peligroso. Esto permitiría a cualquier mayoría parlamentaria en las Cortes Generales realizar cambios sin el consentimiento de Navarra ni de sus instituciones. Tal acción podría poner en riesgo otros elementos del marco constitucional, como la Disposición Adicional Primera, que ampara los fueros y el autogobierno de Navarra.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez,  ha subrayado la importancia de respetar el principio de bilateralidad entre el Estado y la Comunidad Foral. Según el acuerdo adoptado este miércoles este principio es fundamental para el régimen foral navarro. La bilateralidad asegura que las decisiones que afectan a Navarra sean consensuadas y no impuestas por intereses partidistas.

Defensa de la relación institucional bilateral

El Gobierno foral también destaca la importancia de mantener relaciones bilaterales con otras comunidades autónomas, especialmente con las limítrofes como Aragón, La Rioja y el País Vasco. La propuesta de reforma constitucional, según el Ejecutivo, rompería con esa bilateralidad y trataría a Navarra como una comunidad más del régimen común, ignorando su singularidad histórica y política.

El acuerdo del Gobierno de Navarra resalta que la Comunidad Foral está viviendo su mejor momento institucional desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de 1982. Hasta la fecha, se han ejecutado 64 decretos de transferencias del Estado a Navarra, fortaleciendo su autogobierno. El Ejecutivo foral apuesta por seguir actualizando sus derechos históricos y fortaleciendo su autogobierno en democracia.

Navarra, única comunidad con disposiciones constitucionales específicas

Navarra es la única Comunidad Autónoma en España con disposiciones específicas en la Constitución, a través de la disposición transitoria cuarta, la disposición adicional primera y la disposición derogatoria. La disposición transitoria cuarta establece un procedimiento para la incorporación de Navarra al País Vasco, condicionado a la voluntad de las instituciones navarras y a la aprobación mediante referéndum de la población navarra.

La disposición adicional primera ampara los derechos históricos de los territorios forales, permitiendo que Navarra sea una Comunidad Foral. Este reconocimiento se basa en la Ley Paccionada de 1841 y ha sido fundamental para el régimen de autogobierno de Navarra. La disposición derogatoria mantiene vigentes para Navarra la Ley de Confirmación de Fueros de 1839 y la Ley Paccionada de 1841, que constituyen el sustento histórico del régimen foral.