El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha denegado la petición de Santos Cerdán para que su declaración como investigado, prevista para el próximo lunes, se retransmita en directo, tal y como había solicitado la defensa del exdiputado navarro. El juez considera que esta posibilidad es "inconciliable" con la ley, recordando que el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el carácter reservado de las diligencias del sumario, que no se hacen públicas hasta la apertura del juicio oral.
La defensa de Cerdán había argumentado que el interés público del caso —en el que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares y el cobro de comisiones en la denominada "trama Koldo"— justificaba una excepción al carácter reservado de la instrucción. Según sus abogados, la retransmisión en directo sería la mejor garantía para evitar "tergiversaciones" y "juicios paralelos" que, a su juicio, ya han comprometido la presunción de inocencia del ex secretario de Organización del PSOE. Cerdán defendía que la filtración de grabaciones y documentos a los medios ha provocado una transmisión "caótica, parcial y claramente interesada" de la información, y que la transparencia solo se lograría permitiendo el acceso público a su declaración.
Sin embargo, el juez Puente ha recordado que la ley es clara al respecto y que la reserva de la instrucción protege no solo los derechos del investigado, sino también la propia investigación y a otras personas implicadas en la causa. El magistrado ha señalado además que, tras las filtraciones iniciales de declaraciones de otros investigados, se han reforzado las medidas de control sobre las grabaciones, que ahora solo pueden ser consultadas por los abogados en la sede del Supremo, evitando así nuevas filtraciones.
Cerdán niega la validez del documento y no se reconoce en los audios
En el fondo del caso, Santos Cerdán mantiene una estrategia de negación sobre los principales indicios que le vinculan a la trama. Por un lado, rechaza la validez jurídica del contrato privado que le atribuiría la propiedad del 45% de la empresa Servinabar, epicentro de la investigación. La defensa sostiene que se trata de un "mero contrato privado que no se llegó a elevar a público", por lo que "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno". No obstante, fuentes jurídicas subrayan que un contrato privado puede ser vinculante entre las partes aunque no se eleve a escritura pública, aunque su validez para transmitir participaciones sociales dependería de su formalización ante notario, tal como exige la Ley de Sociedades de Capital.
Por otro lado, Cerdán niega reconocerse en los audios que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado como prueba de su implicación en la trama de comisiones. El exdiputado, al igual que el exministro José Luis Ábalos, ha insinuado que las grabaciones podrían haber sido manipuladas mediante inteligencia artificial. Sin embargo, varios medios de comunicación apuntan a peritos forenses que han descartado por ahora que los audios hayan sido generados artificialmente. Los expertos subrayan que, aunque la tecnología de clonación de voz avanza rápidamente, en este caso los archivos presentan características propias de grabaciones originales y sería extremadamente complejo simular con IA los escenarios y detalles ambientales detectados en los audios.
