La Audiencia Nacional ha impuesto penas de 10 años de cárcel y multas de 70 millones de euros a nueve integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico, en su mayoría neerlandeses, por introducir más de 1,6 toneladas de cocaína en España a través de los puertos de Marín (Pontevedra) y Valencia entre noviembre de 2019 y mayo de 2020.
La sentencia, dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal, les condena por un delito contra la salud pública relacionado con cocaína en cantidad de notoria importancia, cometido en el seno de una organización criminal con conductas de extrema gravedad. Un décimo acusado ha sido absuelto por falta de pruebas incriminatorias.Los magistrados detallan en los hechos probados cómo, en noviembre de 2019, el Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia (UCO-ECO Galicia) inició una investigación sobre un entramado que, de forma estable y reiterada, introducía enormes cantidades de cocaína en España. La droga llegaba oculta en buques portacontenedores desde Latinoamérica, camuflada entre mercancía lícita como plátanos, alubias o piezas de helicóptero, principalmente a través de los puertos de Marín y, posteriormente, Valencia.
Para facilitar la llegada, extracción y distribución de la droga –dentro y fuera de España–, la organización utilizó recursos financieros para contactar con agentes encubiertos de la Guardia Civil en el Puerto de Marín. Ofrecieron a estos agentes parte de la cocaína o pagos a cambio de logística para las operaciones de tráfico. Inicialmente centradas en Marín, las actividades se extendieron a Valencia, donde también atracaban los buques cargados.La condena se basa en cuatro alijos específicos: dos en Marín de 663 y 156 kilos en noviembre de 2019 y marzo de 2020, y dos en Valencia de 601 y 223 kilos en marzo y mayo de 2020, con un valor total superior a 61 millones de euros.
El líder de la red no pudo ser juzgado al declararse en rebeldía.
La figura de los agentes encubiertos
La sentencia analiza la actuación de cuatro agentes encubiertos de la Guardia Civil que simularon colaborar con la trama y rechaza cualquier irregularidad, ya que su intervención estaba autorizada judicialmente y se limitó a la investigación del delito. Descarta vulneraciones del derecho a la intimidad, alegadas por las defensas, al estar las intervenciones conectadas directamente con el caso.Asimismo, rechaza la calificación de "delito provocado" sostenida por las defensas, argumentando que los agentes no tomaron la iniciativa: "De la narración fáctica –extraída de partes de incidencias de los agentes transmitidos a órganos judiciales–, se infiere que observaban órdenes y sugerencias del responsable criminal en rebeldía". Los jueces descartan "prueba sólida" de provocación o inducción por parte de los infiltrados.
Este caso resalta la efectividad de operaciones encubiertas en la lucha contra el narcotráfico internacional, con puertos gallegos y valencianos como focos clave. La Audiencia Nacional subraya la gravedad de la organización, que operaba de forma ininterrumpida para inundar el mercado europeo con estupefacientes.