Brasil ha decidido intervenir en el proceso que enfrenta a Sudáfrica e Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) por la presunta comisión de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.
El Gobierno brasileño presentó el pasado miércoles, 17 de septiembre, una declaración de intervención amparada en el artículo 63 del Estatuto del Tribunal. Este artículo permite a cualquier Estado que sea parte de una convención debatida en un caso –en este caso, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948– intervenir en el procedimiento, ya que la interpretación que haga el Tribunal también le será aplicable.
Brasil argumenta que en este proceso está en juego la interpretación de los artículos I, II y III de dicha Convención, que definen qué constituye genocidio y cuáles son las obligaciones de los Estados para prevenirlo y sancionarlo. En su declaración, ha presentado su propia lectura de esos artículos.
El TIJ ha dado traslado tanto a Sudáfrica como a Israel para que presenten sus observaciones por escrito sobre la posición brasileña.
Un caso con múltiples intervenciones internacionales
La denuncia inicial fue presentada por Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, acusando a Israel de violar sus obligaciones internacionales en Gaza. Desde entonces, el Tribunal ha dictado varias medidas provisionales instando a la protección de la población palestina y la prevención de actos que pudieran constituir genocidio.
El caso ha despertado un fuerte interés internacional. Hasta la fecha, una quincena de países han solicitado intervenir de una u otra forma. Entre ellos figuran España, México, Chile, Turquía, Irlanda, Cuba o Bolivia, además de Palestina, que lo ha hecho tanto al amparo del artículo 62 como del 63.
Con la incorporación de Brasil, la lista de Estados que buscan influir en la interpretación de la Convención de 1948 sigue creciendo, lo que subraya la trascendencia global del proceso.
El papel del Tribunal Internacional de Justicia
El TIJ, con sede en el Palacio de la Paz de La Haya, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Está compuesto por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, con mandatos de nueve años. Su función es resolver disputas entre Estados conforme al derecho internacional y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas planteadas por órganos de la ONU.
