La Fiscalía Europea ha remitido una solicitud formal al Tribunal Supremo para que el magistrado instructor de la causa especial 20775/2020, en la que figura como investigado Santos Cerdán junto a otras personas, explique el alcance de las diligencias en curso. En particular, las fiscales delegadas piden conocer qué contratos, adjudicaciones o subvenciones están bajo investigación, por si pudieran estar sufragados con fondos europeos, y por tanto ser de competencia de este organismo.
El tema es de calado, ya que una de las líneas de defensa que mantiene el Gobierno de Navarra para asegurar que no tiene nada que ver con estas adjudicaciones (el juez Puente habla expresamente de 'mordidas' en obras públicas) es la respuesta justamente dada por el juez del Supremo al denegar su solicitud de comparecer como parte perjudicada, al insistir en que la obra de Belate no está afectada por el sumario, aunque sí podría serlo en el futuro si la investigación se amplía. Precisamente, la semana pasada, y en vista de que se sumen nuevas investigaciones el juez dividió la causa en una pieza separada en lo relativo a Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, por las adjudicaciones de obras, al margen de la inicial sobre las mascarillas de la pandemia, el conocido como 'Caso Delorme'.
En la resolución, fechada el pasado 24 de septiembre y firmada por las fiscales europeas delegadas Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga, y que ha sido comunicada oficialmente este lunes a las partes se detalla que la petición se formula en virtud de la Ley Orgánica 9/2021 —que regula la aplicación en España del Reglamento europeo que dio origen a la Fiscalía Europea— y de los artículos 24 y 27 de dicho reglamento.
Por ahora, señalan fuentes de la defensa, la Fiscalía Europea no ha ejercido el llamado “derecho de avocación”, mediante el cual se atribuiría la dirección de la investigación en lugar de la Fiscalía española. Si en algún momento se diera ese paso, el actual instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, debería abstenerse o plantear un conflicto de competencia, según prevé la normativa.
La instrucción abierta en el Supremo contra Cerdán —ex número tres del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez— permanece bajo la competencia nacional, si bien con la lupa del organismo europeo por afectar, presuntamente, a fondos comunitarios.
El oficio enviado al Alto Tribunal tiene carácter de “suplicatorio”, lo que implica la petición formal de colaboración sin alterar de momento quién dirige la investigación.
