El exministro José Luis Ábalos ha vuelto a ocupar titulares este lunes tras su intervención en el programa Mañaneros 360 de TVE1, donde defendió su inocencia y negó que la palabra “chistorra”, utilizada en mensajes interceptados por la UCO, se refiriera a billetes de 500 euros, como sostiene el informe policial.
“Koldo traía muchas chistorras de Navarra, es verdad. Pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles”, ha afirmado Ábalos, desmintiendo que existiera un código clave para designar dinero ilícito entre su círculo. Según ha recalcado, “no figura en ninguna conversación sobre chistorras” y ha añadido que existe “mucha intencionalidad” por parte de los investigadores en asociarlo a una supuesta red criminal.
El Supremo ordena nuevas declaraciones e investiga patrimonio de altos cargos
La última resolución judicial llega con la orden del magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, que ha citado a declarar nuevamente como investigados a Ábalos y a Koldo García los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente, tras las conclusiones del informe de la UCO que detecta más de 95.000 euros sin justificar en las cuentas del exministro y numerosos ingresos en efectivo. El juez destaca la existencia de “consistentes indicios” de que entre los patrimonios de Ábalos y García podrían existir “significativas zonas de intersección”, y apunta que ambos “podrían haber mantenido métodos no transparentes de comunicación de sus patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia”.
El juez Moreno ordena analizar el patrimonio de Pardo de Vera y Javier Herrero
Este mismo lunes, el juez Ismael Moreno, instructor del caso en la Audiencia Nacional, ha autorizado a la UCO a investigar en profundidad el patrimonio de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y de Javier Herrero, ex director general de Carreteras durante el mandato de Ábalos como ministro de Transportes. La orden, suscrita también por la Fiscalía Anticorrupción, obliga a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria a remitir toda la documentación laboral, tributaria y financiera de ambos ex altos cargos. El objetivo es delimitar su responsabilidad en la presunta adjudicación irregular de contratos públicos, calificada por el magistrado como de “enorme gravedad” tanto penal como social.