La defensa de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso en el que solicita la anulación de su procesamiento en la causa relativa a la compra de mascarillas, alegando que se han vulnerado sus derechos fundamentales y garantías procesales durante la investigación judicial. El equipo legal argumenta que la instrucción ha sido "desequilibrada", carece de pruebas suficientes y ha estado basada principalmente en las declaraciones de la Unidad Central Operativa (UCO) y de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama, sin que existan evidencias materiales directas en su contra.
Alegaciones de la Defensa
En el extenso recurso, la defensa de Ábalos sostiene que durante la fase de instrucción no se han respetado plenamente derechos constitucionales como el secreto de las comunicaciones y la inmunidad parlamentaria, ya que fue objeto de acciones de la UCO y del acceso a su correspondencia privada mientras aún gozaba del fuero como diputado. La defensa insiste en que la investigación incluyó "una investigación clandestina" antes de solicitar al Congreso el suplicatorio para poder imputarle, hecho que consideran de "suma gravedad".
Entre las pruebas que reclama la defensa figura la devolución de un disco duro intervenido, cuyo análisis consideran clave para determinar si efectivamente se produjo esa investigación previa no autorizada. Destacan también que el auto de procesamiento se fundamenta únicamente en el testimonio de Víctor de Aldama y en una hoja de anotaciones de procedencia y antigüedad no acreditadas, mientras que la mayoría de diligencias de prueba solicitadas por Ábalos han sido denegadas por el magistrado instructor Leopoldo Puente.
Argumentos sobre la inexistencia de pruebas
La defensa pone en duda la validez de las pruebas recabadas e insiste en que no existe constancia documental de que Ábalos haya intervenido para obtener beneficios económicos en la adjudicación de contratos públicos bajo investigación. Ábalos alega además que nunca tuvo acceso al dinero en efectivo que se le atribuye en los testimonios, y acusa a la instrucción de estar basada en "una suerte de híbrido procesal" por un supuesto acuerdo de colaboración entre De Aldama y la Fiscalía, lo que, según la defensa, ha supuesto un desequilibrio procesal en perjuicio de quienes no han llegado a acuerdos con la acusación.
Próximos pasos y reacción
En caso de que el Tribunal Supremo no estime su recurso, la defensa de Ábalos avanza que recurrirá ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Además, han denunciado los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), insistiendo en la ilegalidad de las actuaciones de la UCO durante su investigación y recalcando que el proceso carece del rigor necesario para sentar a Ábalos en el banquillo de los acusados.
