La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el alcalde de Ourense. La investigación, que se inició tras una denuncia del Ministerio Fiscal, trataba de esclarecer si el regidor se había beneficiado de material técnico —incluidas dos cámaras valoradas en 8.698 euros— comprado por el consistorio para supuestos fines privados, así como de la contratación de un asesor para una televisión de su propiedad.
En el auto judicial, el magistrado es contundente al señalar que la compra de material para registrar actuaciones municipales, tales como plenos o procesiones, es una práctica "totalmente razonable" y de indudable interés público para los ciudadanos. La resolución judicial subraya que encargar estas grabaciones a personal eventual del ayuntamiento no es constitutivo de ninguna infracción penal, independientemente del canal donde se emitan posteriormente.
Inexistencia de indicios de delito en la gestión municipal
El magistrado concluye que no se han hallado pruebas suficientes que demuestren el uso de recursos públicos para beneficio particular. Respecto a la figura del asesor municipal, el auto indica que no se ha acreditado que realizara funciones exclusivas para la empresa privada del alcalde, sino que cumplía con su labor de documentar actos oficiales para el Ayuntamiento de Ourense.
El juez recalca en el escrito que cualquier posible trato preferencial hacia medios de comunicación específicos debe ser objeto de debate político en el pleno municipal, y no en el ámbito de la justicia penal. Al no apreciarse indicios de criminalidad en la gestión de los equipos técnicos, la causa queda cerrada en esta instancia.
Una resolución sujeta a posibles recursos
A pesar del archivo decretado por la plaza 1 del tribunal ourensano, la resolución no es firme. Las partes personadas en el proceso disponen ahora de un plazo legal para presentar un recurso contra el auto de sobreseimiento. Por el momento, el fallo judicial supone un respaldo a la defensa del alcalde frente a las acusaciones de malversación o uso indebido de fondos públicos en la adquisición de tecnología audiovisual para la ciudad.