El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado que ha ordenado este miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se persone en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.
El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE y navarro de Milagro Santos Cerdán, María Leire Díez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver. Los delitos investigados incluyen organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Más investigados y una posible cómplice en la gerencia del PSOE
La causa alcanza también al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes, investigados por revelación de secretos, cohecho y delitos contra las instituciones del Estado.
El juez señala además que de los hechos investigados se desprende la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice en los delitos descritos y, en todo caso, como posible autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas.
Respecto a Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, Pedraz aprecia indicios de colaboración con los investigados en actos concretos y aislados, aunque señala que será necesario esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
Requerimientos a personas físicas, jurídicas y entidades públicas
El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave, tanto por las penas que podrían imponerse como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de análisis.
Las medidas acordadas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas, para que entreguen de forma inmediata toda la documentación, archivos electrónicos e información detallada en los tres autos notificados a los representantes legales de los afectados.
