La inflación en España se mantuvo estable en el 3,2% en mayo, según los datos definitivos confirmados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa idéntica a la registrada en el mes de abril refleja el impacto directo de la guerra en Irán, un conflicto geopolítico que continúa impulsando el encarecimiento de los combustibles y condicionando la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) a nivel nacional.
A pesar de la persistente presión al alza del sector petrolero, el indicador general logró contener su avance gracias al comportamiento de la energía doméstica, ya que tanto la electricidad como el gas experimentaron un descenso en sus tarifas respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, la inflación subyacente, que ofrece una visión más estructural al excluir de su cálculo los alimentos no elaborados y la energía por su alta volatilidad, experimentó un repunte de dos décimas en comparación con abril, situándose en el 3%, una décima más de lo previsto en el indicador adelantado.
Evolución del precio del diésel y la gasolina: diferencias en el mercado de automoción por el conflicto exterior
Dentro del sector energético, la evolución del precio del gasóleo y de la gasolina muestra comportamientos diferenciados, aunque ambos se ven afectados por la crisis internacional. El diésel destaca especialmente al registrar una subida interanual cercana al 24% (un 23,9%), un repunte significativamente más elevado que el 7,5% que anota la gasolina. Sin embargo, las tendencias de variación en el IPC revelan que, mientras el gasóleo incrementa su precio con menor intensidad que el mes anterior, la gasolina ha acelerado su ritmo de subida.
Durante el mes de mayo continuaron vigentes las rebajas fiscales introducidas por el Gobierno para mitigar las consecuencias económicas del conflicto bélico. Estas medidas de alivio han cambiado su vigencia recientemente, dado que la reducción del IVA aplicable a las facturas de la luz y el gas finalizó el pasado 1 de junio debido a la moderación del mercado eléctrico. Por contra, las administraciones públicas mantienen activas las ayudas y los impuestos reducidos destinados específicamente a los carburantes para amortiguar el impacto del crudo en los consumidores.
