El escándalo de posible corrupción que salpica al entorno del PSOE y del PSN en Navarra, conocido como el “caso Cerdán”, ha colocado a la presidenta María Chivite en el centro de la tormenta política. Aunque Chivite insiste en que no tiene “argumentos para dimitir” y mantiene, por ahora, el apoyo de sus socios de gobierno, la presión de la oposición y la gravedad de las revelaciones que todavía seguirán apareciendo en forma de grabaciones realizadas por el ex edil de Huarte y ex asesor de Ábalos Koldo han abierto el debate sobre los posibles escenarios institucionales si finalmente Chivite decidiera dejar el cargo o adelantar elecciones.
En primer lugar, una de las opciones plausibles es adelantar elecciones en Navarra en los próximos meses, algo que le esta permitido siempre y cuando no haya por medio en tramitación una moción de censura, ni cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal. Tampoco podría hacerlo el año que viene, si la situación política empeora, a partir de mayo de 2026, ya que entonces restará un año para el final de legislatura (2027).
En tal caso, el nuevo Parlamento que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato completo por un período de cuatro años, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores de este mismo artículo.
Si la presidenta dimitiese, aunque interinamente le sustituya el vicepresidente primero, Félix Taberna, el Parlamento de Navarra tendría la responsabilidad de elegir a su sucesor que además no podría ser el propio vicepresidente ya que no es miembro del Parlamento. Y es que en primer lugar un candidato externo al Parlamento no puede ser elegido presidente de Navarra en caso de dimisión de María Chivite.
Según el artículo 29 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), el presidente de la Comunidad Foral de Navarra debe ser elegido "por el Parlamento, de entre sus miembros" y nombrado por el Rey. Esto significa que, legalmente, solo pueden ser propuestos y elegidos como presidentes aquellos parlamentarios que hayan sido electos en las elecciones autonómicas y formen parte del Parlamento de Navarra en el momento de la elección.
La normativa vigente, tras la reforma de 2001, eliminó la posibilidad que existía anteriormente de que una persona ajena al Parlamento pudiera ser elegida para la presidencia foral. Por tanto, en el actual marco legal, cualquier eventual sucesor de Chivite tendría que ser forzosamente miembro del Parlamento de Navarra.
Como decimos, el 'agujero' provocada por el caso Cerdán ha erosionado la confianza interna en el PSN y ha tensado las relaciones con sus socios de gobierno, aunque por el momento no se ha roto la coalición, pese a la presión ejercida por ejemplo por Podemos a su todavía líder en Navarra, la vicepresidenta Begoña Alfaro.
Con todo, si Chivite finalmente dimitiera, el Parlamento afrontaría de nuevo un periodo de intensas negociaciones. Las opciones principales serían intentar reeditar el actual pacto de gobierno con un nuevo candidato del PSN o de uno de sus socios, o bien si no se alcanza un acuerdo, y pasan tres meses abocar a la Comunidad Foral a unas nuevas elecciones, con el riesgo de un cambio en la actual correlación de fuerzas.
La opción de la moción de censura contra Chivite, no parece plausible dadas las diferencias entre UPN y otros posibles socios como Geroa Bai, y la cuestión de confianza no se ha puesto encima de la mesa, vista la actual correlacion de fuerzas.
