El ex diputado por Navarra y ex secretario de Organización del PSOE y del PSN, Santos Cerdán León se encuentra en el centro de la tormenta judicial que sacude al entorno del exministro José Luis Ábalos. Este lunes, Cerdán está citado a declarar ante el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el marco de la Causa Especial 20775/2020, una investigación que aborda presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Cerdán, que tiene como abogado al prestigioso Benet Salellas, ex diputado de la CUP y defensor de Jordi Cuixart en la causa del Procés, ha negado en todo momento los hechos, diciendo que no se reconoce en los audios y que aclarará todo en sede judicial.
La comparecencia es decisiva para el futuro judicial de Cerdán, para quien seguramente la acusación popular y particular-a la que el juez ha excluido al Gobierno de Navarra-pedirá medidas cautelares consistentes en la prisión provisional. Aqui es vital la posición del ministerio fiscal quien en principio pedirá que se mantengan otras menos coercitivas, y sobre todo la decision del juez Puenteque deberá ponderar si existen riesgos como el de destruccion de pruebas o de fuga-evitando un nuevo caso Roldán protagonizado por el entonces director general de la Guardia Civil.
Con todo, los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con grabaciones y mensajes extraídos del teléfono del exasesor ministerial y ex edil del PSN en Huarte, Koldo García Izaguirre, vinculan de manera directa a Cerdán con el núcleo operativo de una supuesta red de cobros ilícitos por adjudicaciones de obra pública.
Uno de los documentos clave es el famoso contrato privado que le habría hecho poseedor del 45% de las acciones de Servinabar (por 6.000 euros) y que fue incautado por la UCO en los registros del pasado 10 de junio en el domicilio de Antxón Alonso. Cerdán asegura que el documento es falso, y que en todo caso no sería legal dado que no se llevó ante notario (si lo hubiera hecho habría tenido que dar cuenta del mismo en sus declaraciones de bienes ante el Parlamento de Navarra y el Congreso de los Diputados). Otra duda-que juega en este caso a favor de Cerdán- es la numeración del membrete, que según han publicado algunos medios como InfoLibre, no coincide con el número fiscal de Servinabar.
Así, una de las líneas de investigación más comprometedoras sitúa a Cerdán como el encargado de gestionar pagos y contraprestaciones económicas que habrían derivado de adjudicaciones públicas a empresas como ACCIONA. En las grabaciones entre Koldo y Cerdán, este último aparece siguiendo al detalle las cantidades “pendientes” para Ábalos y para el propio Koldo, así como controlando directamente los movimientos económicos. Se mencionan adjudicaciones concretas, como “San Feliú” o “El Mayor”, y se habla de entregas de “billetes de quinientos” euros, presuntamente realizadas por un tal Antxón.
Incluso, Koldo llega a acusar directamente a Cerdán de quedarse con parte del dinero.
Según la investigación, Cerdán no solo fue quien presentó a Koldo a Ábalos –propiciando así su contratación como chófer ministerial– sino que utilizó a Koldo para influir en decisiones políticas y empresariales de gran alcance. El dirigente navarro mantenía un contacto estrecho con Koldo durante el mandato de Ábalos, desde donde le trasladaba instrucciones sobre nombramientos y contrataciones.
En concreto, se documenta cómo Cerdán entregó documentos con nombres propuestos para altos cargos, como el Director General de Carreteras, un puesto considerado “importante” por su poder adjudicador. También se interesó por la promoción de Isabel Pardo de Vera (ADIF) y Javier Herrero (DGC), actores clave en las adjudicaciones bajo sospecha.
La influencia era tal que Ábalos llegó a manifestar a Koldo que debía “hablar con Santos” antes de cerrar determinadas contrataciones, pese a que Cerdán no ostentaba ningún cargo en el Gobierno.
Control del “ruido” y temor a filtraciones
Otro de los elementos reveladores de la causa apunta a la preocupación expresada por Cerdán ante el posible cese de Javier Herrero, ya que, según se deduce de los audios, temía que este pudiera “contar lo que hay” sobre proyectos sensibles, como la obra del Puente del Centenario en Sevilla. Esta actitud de contención refuerza, para los investigadores, la idea de que tenía conocimiento profundo de las prácticas presuntamente ilícitas.
En varias conversaciones, Cerdán recomienda discreción a Koldo y Ábalos, alertándoles de no hablar “en alto” de ciertos pagos o adjudicaciones, lo que la Guardia Civil interpreta como una estrategia para preservar el secretismo de la presunta trama.
Vinculación con empresas y entramados financieros
La investigación ha revelado presuntos vínculos de Cerdán con sociedades como Servinabar y Noran Coop (la cooperativa de Koldo y Antxón), utilizadas para canalizar beneficios de contratos adjudicados. Una de las operaciones bajo la lupa es el proyecto de la Mina Muga en Navarra, donde Acciona participó junto a Servinabar en una Unión Temporal de Empresas (UTE). Además, se señala a Cerdán como gestor de un pago de 4.500 euros desde Servinabar a la fundación FIADELSO, vinculada a Ábalos.
Negocios postministeriales y presunto “impuesto al partido”
Incluso tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes, la relación entre Cerdán y Koldo se mantuvo activa. Según los informes, ambos continuaron reuniéndose para discutir cantidades pendientes relativas a contratos previos. En este contexto, Cerdán habría intentado incorporarse a INDRA, una empresa pública de tecnología, con el argumento de que donaría el 80% de su sueldo al PSOE.
Además, se documenta cómo impulsó la imposición de un “impuesto” a cargos del partido como Javier Herrero, desde la gerencia del PSOE, supuestamente para alimentar los recursos económicos de la organización. Aunque esto sí podría ser la habitual 'cuota voluntaria' que los cargos públicos donan al partido.
El juez rechaza que la declaración de Cerdán se emita en directo: «No puede corregirse una patología con otra mayor»
Sobre la propia comparecencia, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta a José Luis Ábalos y a otras personas –entre ellas Santos Cerdán– ha rechazado la solicitud presentada por la defensa del dirigente navarro para que su declaración, prevista este lunes 30 de junio, fuera retransmitida en directo. En una providencia firme, el juez argumenta que tal solicitud resulta inconciliable con el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece de forma clara el carácter reservado de las diligencias del sumario hasta que se abre juicio oral. El propio juez subraya que sería jurídicamente inaceptable pedir al instructor que ignore la legislación vigente, lo cual –llega a afirmar– podría incluso presentar perfiles delictivos.
Puente recuerda que en el inicio de la investigación sí se filtraron a los medios las tres primeras declaraciones, por lo que se adoptó una medida restrictiva: no entregar copias audiovisuales a las partes, sino conservarlas en una pieza separada de información sensible, accesible solo físicamente en la sede del Supremo por los abogados. Esta fórmula ha evitado nuevas filtraciones desde entonces.
«No puede corregirse una patología con otra mayor», escribe literalmente el magistrado, en alusión a la petición de emisión pública, que a su juicio busca una solución al problema de las filtraciones a costa de vulnerar la ley procesal. También llama la atención sobre la ausencia de herramientas legales eficaces para evitar o sancionar dichas filtraciones, lo que califica como un asunto pendiente para el legislador.
Patrimonio y protección de datos familiares
La defensa de Cerdán solicitó igualmente que se incorporara a través del Punto Neutro Judicial toda la información patrimonial registrada a nombre del investigado, de su esposa y de su hija. El juez admite la petición únicamente en lo relativo a Cerdán, ya que considera que este no está legitimado para requerir datos fiscales o patrimoniales de terceros, ni siquiera de sus familiares directos. No obstante, deja abierta la posibilidad de que esa información se reclame más adelante si es procedente «de forma razonada» en el marco de la instrucción.
Rechazo al escrito del PSOE sobre los correos de Cerdán
Por último, el juez Puente ha devuelto al PSOE un escrito presentado por un abogado del partido el pasado 23 de junio, en el que se pedía que se expurgaran bajo control judicial las comunicaciones personales de la cuenta de correo electrónico de Santos Cerdán que no guardaran relación con la causa. El magistrado argumenta que el PSOE no es parte en el procedimiento, por lo que carece de legitimidad para realizar peticiones o sugerencias.
Aun así, Puente aclara que solo se conservará en el procedimiento lo que tenga relevancia para la causa, excluyéndose cualquier contenido ajeno a los hechos investigados.
