Esta mañana ha quedado formalmente constituida la Comisión de Investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas que los grupos ampliaron a las cuatro últimas legislaturas, es decir no solo enmarcada en el caso Koldo-Cerdán-Ábalos sino que también revisará actuaciones de los mandatos bajo UPN (Yolanda Barcina) y Geroa Bai (Uxue Barkos).
La iniciativa, impulsada por los grupos que apoyan al gobierno de Chivite, es decir PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, fue aprobada en el Pleno del pasado 26 de junio y tiene como objetivo esclarecer posibles irregularidades vinculadas a la Causa Especial 20775/2020, actualmente en manos del Tribunal Supremo, que decidió esta semana encarcelar provisionalmente al ex parlamentario del PSN, ex diputado socialsita y ex secretario de Organización del PSOE.
La sesión constitutiva, presidida por el máximo responsable de la Cámara, Unai Hualde, ha culminado con la elección de la Mesa. Irati Jiménez, del grupo parlamentario EH Bildu, ha sido designada presidenta de la Comisión gracias a los votos conjuntos de PSN y su propio grupo. La vicepresidencia ha recaído en Pedro González (UPN), mientras que Blanca Regúlez (Geroa Bai) ha sido elegida secretaria.
Con la nueva Mesa al frente, la Comisión ha celebrado ya una primera reunión a puerta cerrada en la que se ha acordado abrir un plazo hasta el próximo 31 de julio para la recepción de solicitudes de información y propuestas de comparecencia. La próxima cita será el 5 de agosto, donde se espera avanzar en la planificación del trabajo y concretar el calendario de actuaciones.
La Comisión, integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios, tendrá como misión analizar las adjudicaciones públicas realizadas por el Gobierno de Navarra o con financiación autonómica, y determinar si hubo irregularidades o trato de favor hacia personas o entidades mencionadas en la citada causa judicial.
En palabras de los proponentes, la creación de esta Comisión responde a la “preocupación social” generada por informaciones que apuntan a una presunta trama de corrupción en contrataciones públicas. En este sentido, se apela a la necesidad de “reaccionar” ante un contexto internacional en el que se percibe un debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
El órgano funcionará mediante el sistema de voto ponderado —cada portavoz ejercerá tantos votos como escaños tenga su grupo— y podrá solicitar comparecencias, recabar documentación y requerir la presencia de expertos. Las comparecencias estarán abiertas a los medios, salvo que el compareciente justifique su carácter reservado.
Además, se ha determinado que la Comisión deberá concluir sus trabajos antes del 30 de noviembre de 2025, aunque existe la posibilidad de prórroga previa autorización de la Junta de Portavoces.
Durante este mes de julio y parte de agosto (excepto entre el 6 y el 14), el Parlamento ha habilitado sesiones extraordinarias para permitir que la Comisión avance en su tarea fiscalizadora. Una labor que se perfila intensa y delicada, pero crucial para garantizar la integridad institucional en un momento en que la ciudadanía reclama explicaciones y compromisos claros con la legalidad y la ética pública.
Con este paso, Navarra pone en marcha un mecanismo de control parlamentario que, más allá del alcance de sus conclusiones, refuerza el papel del legislativo como garante del interés general y fiscalizador de la acción gubernamental.
Integrantes de la Comisión de Investigación: Irati Jiménez (EH Bildu), Javier Esparza y Pedro González (UPN), Javier Lecumberri y Ainhoa Unzu (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona y Blanca Regúlez (Geroa Bai), Javier García (PPN), Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) y Emilio Jiménez (Grupo Mixto).
