El Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona ha dictado sentencia firme contra cuatro personas integrantes de un grupo criminal organizado de origen sudamericano, responsables de una serie de hurtos cometidos durante las fiestas de San Fermín de 2025. La resolución, fechada el 10 de julio, detalla cómo el grupo actuaba de manera coordinada y especializada para sustraer teléfonos móviles y otros objetos de valor en zonas de gran afluencia, aprovechando la multitud propia de los Sanfermines.
Modus operandi y hechos probados
Según el fallo judicial, los condenados, todos ellos de origen colombiano, se desplazaron desde Barcelona a Pamplona con el objetivo de aprovechar las aglomeraciones de las fiestas. El grupo, compuesto por tres mujeres y dos hombres (una de ellas no identificada), actuaba en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en zonas céntricas y concurridas como la zona de San Nicolás y la Plaza del Castillo. Utilizaban una estrategia de reparto de funciones: mientras las mujeres se acercaban a las víctimas para abrir bolsos y riñoneras, los hombres vigilaban y bloqueaban posibles reacciones.
Entre los objetos sustraídos se encuentran varios teléfonos de alta gama, como iPhones, que eran escondidos con recortes de papel de aluminio para dificultar su detección. La intervención de la Policía Foral permitió la recuperación de los dispositivos y la detención de los implicados, aunque una de las mujeres logró escapar.
El tribunal considera probado que los acusados cometieron un delito continuado de hurto agravado en grupo criminal y, en el caso de tres de ellos, concurre además la agravante de reincidencia. La sentencia impone penas de prisión que oscilan entre los 16 meses y los 2 años, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la prohibición de acceso a Pamplona durante dos años.
Sin embargo, el aspecto más relevante de la resolución es la decisión de conmutar las penas de prisión por la expulsión del territorio nacional durante seis años para los acusados reincidentes, en aplicación del artículo 89 del Código Penal. Esta medida iimplica que los condenados deberán abandonar España y no podrán regresar durante el periodo fijado.
En el caso de la cuarta encausada, la pena de prisión queda suspendida por dos años, condicionada a que no acceda ni permanezca en Pamplona y al pago de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas.
Responsabilidad civil y decomisos
Además de las penas principales, la sentencia obliga a los condenados a indemnizar a las víctimas por los daños causados, incluyendo el coste de nuevas tarjetas SIM y la devolución de los teléfonos recuperados. También se decreta el decomiso y destrucción de objetos utilizados para la comisión de los delitos, como papeles de aluminio y herramientas para extraer tarjetas SIM, así como la incautación de dinero de procedencia no justificada.
La resolución, dictada por el magistrado-juez Edilberto Esteban Iglesias, es firme tras la renuncia expresa de las partes a recurrirla. El texto subraya la gravedad de los hechos y la organización delictiva del grupo, así como la respuesta judicial orientada tanto a la sanción penal como a la protección de la seguridad ciudadana durante eventos multitudinarios como los Sanfermines.
