Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a proveer embarcaciones, motores y combustible a otras redes delictivas para el tráfico de seres humanos desde Argelia hasta las costas españolas. La operación, que culminó con la detención de siete personas –seis en Almería y una en Alicante–, ha permitido la intervención de tres embarcaciones semirrígidas utilizadas para introducir a más de 80 migrantes en España en cuatro episodios migratorios documentados.
Tres de los detenidos han ingresado en prisión provisional.
La investigación comenzó en julio de 2024, tras detectar el traslado terrestre de dos embarcaciones con características técnicas propias de las empleadas en el tráfico de migrantes por vía marítima. Las pesquisas policiales confirmaron el movimiento de hasta seis embarcaciones semirrígidas, de las cuales tres fueron utilizadas en los citados episodios migratorios. Según las autoridades, la organización habría generado beneficios superiores a los 560.000 euros.
Proveedores logísticos para el crimen organizado
La red desmantelada se especializaba en suministrar embarcaciones semirrígidas y motores de gran cilindrada, adquiridos a través de empresas extranjeras, a otras organizaciones criminales que operan en el mar de Alborán. Tras acordar el precio con estas redes, la organización trasladaba las embarcaciones a Almería, donde permanecían ocultas en inmuebles bajo su control hasta su entrega a los responsables directos de los traslados migratorios.
Estructura jerárquica y roles definidos
La investigación reveló una estructura criminal altamente organizada, con roles claramente definidos.
La red contaba con intermediarios que contactaban con organizaciones argelinas, transportistas encargados de mover las embarcaciones por vía terrestre, pilotos que las probaban antes de su entrega, vigilantes que supervisaban traslados y ocultación, y un líder que coordinaba todas las operaciones.
En el operativo policial se intervinieron, además de las tres embarcaciones, dos vehículos, dispositivos móviles y documentación relevante.
Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contrabando, falsedad documental y hurto de uso de vehículo.
