La exclusión social baja en Navarra, pero lo hace al precio de una integración cada vez más inestable, con más pobreza, vivienda inalcanzable y una desigualdad en máximos de la última década. Es la principal conclusión del IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra, elaborado por la Fundación FOESSA y presentado este jueves en Pamplona por Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela.
Según el estudio, 88.845 personas viven hoy en situación de exclusión social en Navarra, el 13,2% de la población, una tasa claramente inferior a la media española, situada en el 19,3%. La mitad de la población foral (50,7%) se encuentra en integración plena, pero el resto se mueve entre la integración precaria y la exclusión moderada o severa.
Para visualizar esa cifra, Cáritas recurre a una imagen elocuente: si las 88.845 personas en exclusión en Navarra se cogieran de la mano, formarían una cadena humana de 55 kilómetros, capaz de unir Pamplona con el Castillo de Javier. «Una fila ininterrumpida de personas que atravesaría el corazón de Navarra», ha subrayado Maite Quintana, Directora de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, quien ha presentado el informa acompañada por Pedro Fuentes Rey, miembro del Equipo de Estudios de la Fundación FOESSA, en una rueda de prensa presidida por Florencio Roselló Avellana, Presidente de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela y arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.
El arzobispo Florencio Roselló ha destacado que el informe hace una "fotografía exacta" de la realidad de la situacion de la pobreza en Navarra, y ha instado a dar voz a las personas en situacion de pobreza en Navarra.
Menos exclusión, más vulnerabilidad
Entre 2018 y 2024, el espacio total de exclusión social en Navarra se ha reducido levemente, sobre todo en su tramo moderado (del 9% al 7%), pero la exclusión severa se mantiene intacta, en el 6% de la población, afectando a 41.731 personas. Donde sí se dispara la cifra es en la denominada integración precaria, que pasa del 31,3% al 36,2% de la población: 243.651 personas que, aun estando formalmente integradas, viven en una situación muy vulnerable.
El informe alerta de una «tendencia preocupante»: la precariedad se amplía y se hace más crónica. «Hemos avanzado en inclusión, pero no en estabilidad», advierte FOESSA. Cada vez más hogares con empleo, estudios o itinerarios de inclusión activos tienen crecientes dificultades para sostener su bienestar: sufren problemas para cubrir necesidades básicas, pagar la vivienda, cuidar la salud o participar en la vida social.
El contexto de desigualdad agrava ese escenario. Navarra ha pasado de un índice de Gini de 24,7 en 2018 a 30,7 en 2024, prácticamente al nivel del conjunto del Estado (31,2), rompiendo la tradicional ventaja foral. FOESSA recuerda que cuanto más alto es este índice (que va de 0 a 100), mayor es la desigualdad en la distribución de la renta.
Pobreza y privación material al alza
La radiografía económica es contundente. El riesgo de pobreza en Navarra se ha casi duplicado desde 2018: ha pasado del 7,7% al 14,2% de la población, lo que supone unas 95.576 personas. La pobreza severa se ha triplicado: del 2,6% al 7,9%, es decir, 53.173 personas que viven con ingresos inferiores a 471,5 euros al mes en un hogar de una persona adulta, o 990,15 euros en una familia con un adulto y dos menores.
Son datos que, comparados con los del informe de 2014, «marcan un claro retroceso» y evidencian que el crecimiento económico de los últimos años no ha llegado a todos. «Los datos de la economía son buenos, pero no todas las personas se benefician por igual», recoge el documento.
La fragilidad cotidiana se traduce en que un 26% de la población no puede afrontar gastos imprevistos, el 15% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 11% de las familias acumula retrasos en pagos relacionados con la vivienda.
El sistema de garantía de ingresos tampoco alcanza a todos los que lo necesitan. Cuatro años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 43% de las personas en pobreza severa en Navarra, por debajo incluso de la media estatal. Cáritas subraya que la brecha no es solo administrativa, sino también informativa: el 57% de los hogares en pobreza severa declara no haber recibido información sobre esta prestación. Sumando IMV y Renta Garantizada, la cobertura conjunta alcanza al 55% de la población potencialmente demandante, una de las tasas más altas del país, pero todavía insuficiente.
La vivienda, epicentro de la desigualdad
La vivienda se consolida como el principal factor de exclusión social en Navarra. El 22% de la población afronta problemas en la dimensión residencial (frente al 24% en España), una cifra que ha crecido 5,5 puntos desde 2018. «La vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad social. Cada punto que sube el alquiler empuja fuera del sistema a miles de familias», alerta el informe.
Entre 2018 y 2024 los precios han subido un 36,1% en Navarra (34,6% en España), mientras que la renta media de los hogares solo ha aumentado un 29,7%. En el mercado del alquiler, la subida es todavía más acusada: la cuota media ha pasado de suponer el 12% de la renta familiar a un 27,2%. En 2024, alquilar una vivienda cuesta de media 992 euros mensuales, una cifra que el propio informe considera ya desfasada al alza.
La presión sobre los hogares más vulnerables es extrema: el 77,9% de quienes están en pobreza severa y el 62,9% de los que se encuentran en riesgo de pobreza viven de alquiler, convirtiendo el acceso y el mantenimiento de la vivienda en un factor de riesgo directo de exclusión.
FOESSA calcula que en Navarra hay alrededor de 80.000 personas viviendo en viviendas inadecuadas y/o inseguras. La tenencia en precario se ha duplicado, pasando del 3,2% al 6%, y Navarra presenta tasas superiores a la media estatal en hogares con personas con movilidad reducida y barreras arquitectónicas (4,9% frente al 3,4%) y, aunque en cifras bajas, también en infravivienda (0,5% frente al 0,3%). La comunidad foral solo muestra mejores datos que España en entorno degradado, hacinamiento grave o hogares con gastos excesivos en vivienda, aunque estos últimos han aumentado del 4% al 9%.
El empleo ya no garantiza inclusión
El mercado laboral navarro presenta buenos indicadores macro: la ocupación ha crecido un 11%, el paro ha bajado al 8% y la comunidad se sitúa entre las cuatro autonomías con mejor tasa de empleo. La temporalidad se reduce al 17% y la parcialidad no deseada baja del 7% al 6%.
Sin embargo, esa mejora no se traduce en seguridad vital para todos. «Navarra crea empleo y tiene tejido laboral estable, pero se da la paradoja de que trabajar ya no garantiza la inclusión social», advierte el informe. El salario real apenas ha crecido un 4,7% y el encarecimiento de la vivienda, unido a la precariedad laboral, hace que un empleo no baste para evitar la exclusión.
La precariedad laboral afecta al 9% de la población, mientras que la inestabilidad laboral grave —más de tres contratos o más de tres meses de paro en un año— alcanza al 3,6% de los hogares. Uno de cada tres hogares tiene algún miembro ocupado en condiciones precarias. Por eso, FOESSA pide que las políticas de inclusión se centren en dos frentes: las personas desempleadas y quienes ocupan puestos de baja calidad, y subraya que la formación sigue siendo un factor clave para la inclusión efectiva.
Salud y brecha en los cuidados
El informe también advierte de una «erosión de la equidad en el cuidado de la salud». En 2024, el 15,6% de la población navarra —unas 105.000 personas— presenta problemas de exclusión relacionados con la salud, por encima del 14,8% estatal.
Entre los datos que Cáritas considera más preocupantes sobre Navarra figuran:
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El 9,9% de las personas con enfermedades graves, crónicas, deficiencias o discapacidades no ha recibido atención médica en el último año para esa dolencia.
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El 14% tiene dificultades para acceder a tratamientos odontológicos, y el 8% no puede costearse prótesis dentales, el doble que hace unos años.
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El 11% tiene problemas para adquirir gafas o audífonos.
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El 7% de la población presenta dificultades de acceso a terapia psicológica, tres veces más que en 2018.
A la vez, el acceso a seguros privados se ha duplicado desde 2018, pasando del 4% al 8%, y acercándose al 11% de media estatal. FOESSA alerta de que este crecimiento puede abrir una brecha sanitaria entre quienes pueden complementar la sanidad pública y quienes dependen exclusivamente de ella.
Redes sociales que se rompen
Más allá de los ingresos y la vivienda, el informe pone el foco en un factor que suele pasar desapercibido: las relaciones sociales. La exclusión, recuerda FOESSA, «también se mide en vínculos». Donde se tejen redes comunitarias, la exclusión puede revertirse; donde se rompen, se acelera y cristaliza.
En Navarra han mejorado los indicadores relacionales respecto a 2018: el 8,3% de la población sufre hoy exclusión relacional, frente al 11,6% de hace seis años. Sin embargo, uno de cada cuatro hogares en exclusión carece de una red de apoyo cercana. Además, el 25% de los hogares declara haber sufrido discriminación, y en el 30% de esos casos el motivo tiene que ver con el origen o la nacionalidad.
«La pobreza no solo quita recursos, también rompe redes», subraya Cáritas, que reivindica la necesidad de reforzar el capital social y comunitario como parte de las políticas públicas. La entidad recuerda que la creación de vínculos y espacios de acogida forma parte de su propia identidad y la define como una «labor transformadora y contracultural en un modelo social cada vez más individualista».
Los rostros de la exclusión
El IX Informe FOESSA Navarra perfila además los grupos más golpeados por la exclusión:
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Mujeres y familias monoparentales: el 29% se encuentra en exclusión severa.
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Jóvenes y menores: uno de cada tres casos de exclusión severa tiene rostro infantil o juvenil.
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Personas de origen o nacionalidad extranjera: tienen entre 3,7 y 4,5 veces más riesgo de exclusión que la población española.
Infancia y juventud, el eslabón más débil
La infancia y la juventud aparecen como las generaciones más expuestas a la desigualdad estructural y a la transmisión intergeneracional de la pobreza. «La pobreza se hereda», recuerda el informe, «se transmite de generación en generación en las mismas familias, grupos sociales y territorios».
En Navarra, una de cada cuatro familias con menores (25%) vive en exclusión social, frente al 31% en España. La pobreza infantil alcanza al 21% de los menores navarros, mientras que la media estatal se sitúa en el 29%. El abandono educativo temprano ronda el 9% en la comunidad, cuatro puntos por debajo del 13% nacional, pero el riesgo se concentra en los hogares en exclusión.
Los datos sobre juventud dibujan un horizonte frágil:
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Los hogares con dos o más menores presentan una incidencia de exclusión del 25%, muy por encima del 8% de los hogares formados solo por adultos.
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Más de la mitad de los jóvenes (52%) no puede emanciparse por el coste de la vivienda (58% en España).
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Entre los jóvenes ocupados, uno de cada tres tiene contratos temporales o a tiempo parcial. El 40% no alcanza un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
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El 15% de los jóvenes navarros declara haber visto empeorar su estado de ánimo, frente al 13% de la población general.
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Uno de cada tres jóvenes en exclusión (34%) no participa en ninguna actividad formativa o cultural fuera del ámbito escolar.
«Navarra ha logrado reducir las tasas de pobreza infantil y abandono educativo por debajo de la media estatal, pero no ha roto la transmisión intergeneracional de la exclusión», concluye FOESSA. «El futuro de Navarra se juega hoy en la infancia y la juventud. Proteger a los menores y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes no es solo una cuestión de justicia, sino la condición necesaria para garantizar la cohesión social del mañana».
«No fallan las personas, falla el sistema»
El mensaje de fondo que lanza Cáritas y FOESSA es claro: la exclusión no se explica por una supuesta pasividad de las personas en pobreza, sino por un sistema que no termina de garantizar derechos básicos. El informe desmonta el tópico de que quienes están en exclusión «viven de prestaciones» sin buscar alternativas: tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión —trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes o participan en planes de inclusión—, pero chocan con barreras estructurales, dispositivos fragmentados, recursos escasos y muy poco personalizados.
«No fallan las personas, falla el sistema», resumen desde Cáritas. Y advierten: cuando el acceso a los derechos depende del azar o de la burocracia, «se erosiona la confianza y se multiplica la desigualdad». Por eso reclaman una administración «más cercana, ágil y accesible» para quienes más la necesitan, capaz de coordinar sus políticas y acompañar de forma integral a los hogares vulnerables.
La conclusión del IX Informe FOESSA Navarra es contundente: la comunidad foral avanza en cohesión social, pero a costa de una creciente fragilidad. «La exclusión disminuye, pero la precariedad se multiplica». Para revertir esa tendencia, el estudio reclama políticas «integrales e integradoras», una administración que de verdad «conjugue el verbo coordinar» en sus planes de inclusión y un compromiso colectivo: «Nadie puede vivir bien si los demás quedan atrás».
FOESSA: una radiografía estructural
El informe presentado este jueves forma parte del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, coordinado por la Fundación FOESSA y el equipo de estudios de Cáritas Española. En su elaboración han participado 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, apoyados por un Consejo Científico de más de 40 especialistas.
El trabajo se basa en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA 2024), la base de datos privada más amplia sobre exclusión en España: 12.289 hogares encuestados y 31.000 personas, de los que 576 encuestas y 1.469 personas corresponden a Navarra. FOESSA analiza la realidad social desde tres ejes —económico, político y relacional— y 37 indicadores que permiten clasificar a la población en cuatro espacios: integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa.
A escala estatal, el informe constata que la exclusión social sigue siendo estructural y persistente: 9,4 millones de personas (19,3% de la población) viven en exclusión, dos millones más que en 2007, y 4,3 millones en exclusión severa. Paralelamente, los hogares en integración plena se han reducido casi diez puntos y ya no alcanzan ni a la mitad de la población.
