El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una resolución que insta al Gobierno foral a hacer efectiva la inclusión de las víctimas de la práctica de bebés robados durante el franquismo en la Ley Foral 33/2013, de reconocimiento y reparación moral a las víctimas del golpe militar de 1936 y la represión posterior.
El texto, impulsado por Contigo-Zurekin, salió adelante con los votos favorables de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y la propia formación proponente. El PPN optó por la abstención, a la que también se sumó finalmente Geroa Bai en un segundo epígrafe, mientras que el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita votaron en contra.
La resolución emplaza al Ejecutivo foral a desarrollar íntegramente en el plazo de doce meses la modificación legal aprobada en 2017, que amplió el marco de reparación a las víctimas de la represión de género ejercida durante la dictadura. Entre otras medidas, el acuerdo parlamentario exige organizar en ese periodo un acto institucional de reconocimiento a las personas afectadas por el robo de bebés, tal como establece la disposición adicional primera de la norma.
Un problema aún pendiente
En la exposición de motivos, Contigo-Zurekin recordó que el preámbulo de la Ley Foral 11/2017 otorga cobertura al proceso de esclarecimiento y reparación de estas víctimas, muchas de ellas mujeres vulnerables —con escasos recursos, baja posición social o significación política— a quienes les arrebataron a sus hijos mediante engaños, ocultaciones o falsas adopciones.
El Parlamento alertó del “desigual” desarrollo de la ley y de la persistencia de asuntos pendientes, como la creación de un Banco de ADN o un censo específico de bebés robados, instrumentos considerados esenciales para avanzar en la búsqueda de la identidad biológica y la reparación de las familias.
Llamamiento a la memoria
Con esta resolución, la Cámara foral reafirma su compromiso con la memoria democrática y busca dar un impulso a una de las aristas más dolorosas de la represión franquista, aún sin cerrar. “Es necesario cumplir lo que la ley establece y acompañar a las víctimas en un proceso de verdad, justicia y reparación”, defendieron los proponentes.
El Gobierno de Navarra dispone ahora de un plazo de doce meses para responder al mandato parlamentario y materializar las medidas previstas en la ley.
