Coincidiendo con la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite en la Comisión de Régimen Foral, el Gobierno de Navarra ha emitido y ha hecho públicos sus informes de alegaciones a los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), unos informes que fueron enviados por esta a la Comisión de Investigación en el Parlamento. Los medios de comunicación nos hemos hecho eco estos días de estos informes, que no son públicos.
Pues bien, justo a la hora de la comparecencia, el Gobierno Foral ha emitido una nota de prensa con en el que explicaban que el Departamento de Cohesión Territorial, la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) y Nasuvinsa han presentado sus alegaciones formales en las que refutan «categóricamente» los supuestos de nulidad que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) atribuye a la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate y a dos promociones de vivienda protegida (2018 y 2022). Las mismas alegaciones, junto con el informe del Departamento de Educación sobre el contrato del colegio público de Arbizu, han sido remitidas tanto a la OANA como al Parlamento de Navarra.
Qué dijo la OANA y por qué ha provocado reacción
La OANA, en su análisis, consideró que en varios de los expedientes fiscalizados —entre ellos la adjudicación a Servinabar del segundo túnel de Belate, la construcción de 62 VPO en Ripagaina (2018), otra promoción de 2022 y el colegio de Arbizu— existen indicios que justificarían la declaración de nulidad de pleno derecho de algunas adjudicaciones. No así en el caso de las obras en el Navarra Arena.
Cohesión Territorial: impugnación técnica y procesal del informe
El informe del Departamento de Cohesión Territorial —un documento de diez páginas rubricado por el consejero y por el secretario general técnico del departamento— plantea un doble plano de defensa: procesal y de fondo. Sobre el plano procesal, el departamento sostiene que la OANA no respetó los trámites que, según el Decreto Foral 14/2023 (que regula el procedimiento de investigación de la propia Oficina), hubieran debido preceder a una conclusión de nulidad: en concreto, la OANA no notificó el informe provisional de conclusiones a las entidades afectadas ni practicó el trámite de audiencia previa, lo que, según el departamento, supone además la vulneración del trámite de audiencia previsto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
En el plano de fondo, Cohesión Territorial discute la interpretación jurídica que la OANA hace de las actuaciones de la mesa de contratación de Belate. El departamento pone énfasis en que la Cámara de Comptos, en su fiscalización, no apreció la existencia de una nulidad de pleno derecho por la operativa seguida por la mesa (sesiones telemáticas, remisión de puntuaciones al presidente para cálculo de medias, actas firmadas, etc.). Además, el informe invoca diversas disposiciones forales (Ley Foral 7/2018, Ley Foral 2/2018 y la Ley 11/2019) para argumentar que la organización y funcionamiento de los órganos colegiados y la adopción de acuerdos vía correspondencia o por medios electrónicos no excluye la validez de los acuerdos adoptados. Cohesión concluye que, aunque el procedimiento pudiera ser «mejorable» en términos de transparencia, no alcanza a configurar la nulidad radical que plantea la OANA. Navarra.es
CPEN y Nasuvinsa: defensa detallada de las promociones de vivienda
La Corporación Pública Empresarial y Nasuvinsa han presentado un informe amplio —31 páginas, según la nota oficial— suscrito por sus responsables jurídicos y de compras, donde rebatien siete de las carencias que la OANA atribuye al expediente de 2018 (62 VPO en Ripagaina) y defiende el ajuste a la normativa de la promoción de 2022. Entre sus principales argumentos figura la tesis de que la Ley Foral 2/2018 (contratos públicos) no resulta plenamente aplicable, en sus Títulos II y III, a la actividad de una sociedad mercantil pública como Nasuvinsa, y que por tanto la comparación literal que hace la OANA con procesos administrativos típicos de una administración no se ajusta al régimen jurídico aplicable. Navarra.es
CPEN y Nasuvinsa señalan, además, que sí consta en el expediente una petición formal del gerente y la autorización de la Dirección General competente en 2018 —documentos que, según los allegados del informe, atenúan o corrigen las objeciones de la OANA— y defienden que la ausencia de la firma del secretario en algún documento no altera la validez del procedimiento cuando la documentación cuenta con la firma del gerente en su condición de órgano de contratación. En lo relativo a la elevación posterior de requisitos técnicos —argumento utilizado para justificar modificaciones del contrato bajo la rúbrica de «circunstancias imprevisibles»—, el informe aporta el correspondiente informe técnico que, según la entidad, avala la modificación contractual. Navarra.es+1
Educación: el expediente de Arbizu y la ponderación técnica/económica
El Departamento de Educación, por su parte, ha remitido un informe de seis páginas firmado por la directora general de personal e infraestructuras en el que defiende la corrección del procedimiento de adjudicación del colegio público de Arbizu. Educación alega que, si bien la oferta económica resultó determinante en la adjudicación final, ello obedeció a que las propuestas técnicas de los licitadores eran «muy similares» y que los pliegos establecían una ponderación del 60% para la parte técnica y del 40% para la económica. Además, el departamento explica que la apertura del sobre económico fue posterior a la valoración técnica (procedimiento habitual) y que los criterios subjetivos que la OANA calificó de imprecisos estaban, a su juicio, desarrollados en apartados previos del pliego (planes de ejecución, análisis de implantación, estudio del proyecto). Educación defiende igualmente que el informe técnico fue aceptado por todos los miembros de la mesa «sin discrepancias» y que no se presentaron reclamaciones por parte de los licitadores. Navarra.es
Reacciones políticas y recorrido del conflicto
La publicación de los informes de la OANA y la posterior respuesta de los departamentos han encendido el debate político en el Parlamento de Navarra. La Presidencia y responsables del Gobierno foral han resaltado que, según su lectura, no se trata de «corrupción» como insistió el lunes la presidenta Chivite en el Senado )"no hay corrupción mientras no lo diga un juez", ni de daño patrimonial probado, sino de «errores administrativos» o de cuestiones de forma que deben ser resueltas con correcciones y aclaraciones técnicas.
Por su parte, la oposición ha venido reclamado explicaciones o dimisionies, y, en algunos casos, ha sugerido la remisión de actuaciones a la Fiscalía, si se acreditaran indicios penales.
