El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una profunda reforma que endurece los criterios para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios en España. La medida, presentada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, busca “garantizar la calidad y la solvencia” del sistema universitario, así como proteger al estudiantado ante la proliferación de instituciones “con una calidad insuficiente”.
Morant ha subrayado que la nueva normativa refuerza los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión, y define de forma clara qué condiciones debe cumplir una institución para poder denominarse universidad. “Determinamos si una institución puede llamarse universidad o no, o si es otra cosa”, ha enfatizado la ministra, quien ha recordado que las universidades deben cumplir con sus tres misiones esenciales: formación, investigación y transferencia de conocimiento.
Requisitos más estrictos
Entre las nuevas exigencias, las universidades deberán destinar al menos el 5% de su presupuesto a investigación y captar recursos externos equivalentes al 2%. Asimismo, la mitad del profesorado contratado deberá ser doctor, y el 60% de ellos contar con experiencia acreditada en investigación. Los equipos directivos, por su parte, deberán demostrar experiencia en gestión universitaria.
Para asegurar el carácter integral de las instituciones, la norma obliga a ofrecer un mínimo de 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados, abarcando al menos tres ramas del conocimiento, y a contar con un mínimo de 4.500 estudiantes. Además, las universidades deberán disponer de plazas de alojamiento equivalentes al 10% de su alumnado y acreditar solvencia económica mediante un aval, con el fin de evitar cierres que dejen a los estudiantes “tirados”, en palabras de Morant.
Todas las universidades, tanto públicas como privadas, estarán obligadas a presentar anualmente informes de cumplimiento ante el Sistema Integrado de Formación Universitaria. Las nuevas instituciones, incluidas las universidades ‘on line’, requerirán un informe preceptivo y vinculante de la ANECA o de las agencias autonómicas de calidad.
Las universidades digitales de nueva creación serán consideradas universidades estatales, debido a su impacto nacional. Sin embargo, esta disposición no se aplicará a las ya existentes ni a aquellas que cumplan determinados criterios de financiación o docencia en lengua cooficial.
Morant ha asegurado que los centros dispondrán de “plazos de adaptación amplios” para ajustarse a los nuevos requisitos y garantizar la calidad educativa.
Crece la universidad privada
Durante su intervención, la ministra ha presentado también el informe Datos clave del sistema universitario español, que revela que España ha alcanzado un récord histórico de 1,9 millones de estudiantes universitarios en el curso 2025-2026.
Aunque la cifra global es positiva, el crecimiento se concentra en la enseñanza privada, que ha incrementado su alumnado un 129% en la última década, frente al 2% registrado en las universidades públicas. Actualmente, el 30% del estudiantado cursa sus estudios en centros privados, el doble que hace diez años.
Morant ha advertido que la infrafinanciación autonómica limita la oferta de plazas públicas, pese a que “la primera opción del estudiantado sigue siendo la universidad pública”. En este sentido, ha instado a las comunidades autónomas a reforzar la financiación de sus sistemas universitarios y ha recordado que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, las comunidades han recibido un 50% más de fondos destinados a educación superior.
