La defensa de Santos Cerdán ha presentado este miércoles un recurso de apelación contra el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente del pasado 15 de septiembre y solicitando la práctica de nuevas diligencias en la investigación derivada del caso Koldo. El escrito enumera un extenso catálogo de críticas al proceso dirigido por el Supremo y reclama aclarar aspectos fundamentales que podrían incidir sobre la validez de las pruebas acumuladas hasta la fecha.
Entre los principales puntos del recurso destaca la existencia del denominado chat “K-fontanería”, donde —según la defensa— varios agentes de la Guardia Civil habrían intercambiado información y maniobrado sobre la instrucción de la causa al margen del control judicial. Cerdán solicita la toma de declaración a testigos clave: varios de estos agentes, el imputado Rubén Villalba y el jefe, para esclarecer el alcance de estas comunicaciones y su impacto en el proceso. La defensa subraya que el grupo estaría vinculado a maniobras dedicadas a influir en la investigación sobre Koldo García, lo que considera relevante para proteger las garantías de los investigados.
Insinúan la actuación de 'Pegasus'
Los letrados plantean hipótesis alternativas para el origen de los audios incriminatorios: que Koldo no grabó a nadie, sino que las grabaciones pudieron provenir de programas espía, mencionando explícitamente el troyano Pegasus y otros sistemas de ciberespionaje como Candir. La defensa alude al contexto de espionaje sufrido por varios ministros durante la legislatura y señala que parte de los audios pudieron obtenerse por vías “incompatibles con el control judicial”, enfatizando la necesidad de aclarar la cadena de custodia y la licitud del acceso a esas grabaciones.
Aldama intentó comprar voluntades para Guaidó
El recurso aclara también la relevancia del denominado “audio Aldama-Ábalos-Guaidó”. Según la defensa, el empresario Aldama, investigado por fraude millonario en hidrocarburos, intentó comprar el favor del ministro José Luis Ábalos en favor del opositor venezolano Juan Guaidó, según consta en una grabación fechada por la UCO en abril de 2019. Las acusaciones dan por válida esa pieza —como el resto de audios atribuidos a Koldo—, pero la defensa exige acceder a todas las actuaciones previas y advierte de la “sospechosa” naturaleza de la denuncia que originó el procedimiento. Argumenta que la declaración de Aldama debería ser sometida al test de fiabilidad aplicable a coimputados, por su potencial interés y los “beneficios” obtenidos tras colaborar con la instrucción.
Además, la defensa denuncia que la integración documental de la causa especial sigue encontrando trabas procesales y que la negativa a practicar nuevas diligencias está privando a los aforados —en este caso, Cerdán y Ábalos— de garantías esenciales y del derecho efectivo a la contradicción.
Critica la “celeridad judicial” sin garantías, la falta de acceso a piezas sensibles y advierte de posibles nulidades de actuaciones si no se respetan los requisitos para la investigación de diputados y senadores —inmunes y aforados— antes de solicitar el suplicatorio al Congreso.
Las filtraciones
Por último, el escrito argumenta que la investigación de la Guardia Civil sobre el patrimonio de los investigados ha derivado en filtraciones a medios y partidos de la oposición, y que los agentes autores de los oficios no cuentan necesariamente con formación especializada. Solicita la aportación completa de los atestados y la revisión de los interrogatorios, reclamando así la celebración de vista y que la totalidad de las diligencias solicitadas sean admitidas por la sala de apelación del Tribunal Supremo
