El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una resolución por la que se insta al Gobierno de España a reforzar y mejorar el servicio que presta la Oficina de Extranjería en Navarra, con el objetivo de paliar la actual falta de recursos humanos y la creciente demora en la tramitación de expedientes.
La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario de UPN, ha contado con el apoyo de EH Bildu, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin y la parlamentaria no adscrita, mientras que el PSN se ha abstenido y el Grupo Mixto ha votado en contra.
El texto aprobado reclama al Ejecutivo central que dote de manera inmediata, cualificada y estable todas las plazas vacantes en la Oficina de Extranjería de Navarra, donde los trabajadores han denunciado un incremento notable de la carga de trabajo y de los tiempos de espera. Una situación agravada, según se apunta en la exposición de motivos, por la mayor complejidad de los trámites derivados de la reforma del Reglamento de Extranjería, en vigor desde el pasado mes de mayo.
La resolución incluye también un segundo punto en el que se emplaza a los Gobiernos de España y Navarra a actuar contra las mafias que “se aprovechan de la vulnerabilidad y la necesidad de las personas migrantes para venderles citas” con el fin de poder realizar sus gestiones administrativas. Este apartado fue aprobado con las abstenciones de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, y el voto en contra del Grupo Mixto.
Por último, un tercer punto —que proponía modificar el Reglamento de Extranjería para corregir los problemas de interpretación que está generando su aplicación— fue rechazado, al recibir únicamente el respaldo de UPN, PPN, G-Mixto y la no adscrita, frente al voto contrario de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, y la abstención de Geroa Bai.
Desde UPN se ha subrayado que el aumento del número de personas extranjeras en Navarra, que ya representan el 18,88% de la población (más de 128.000 personas), hace urgente una mejora del servicio. La formación ha alertado de que los retrasos en la resolución de solicitudes, como las de autorizaciones de trabajo o residencia, que a menudo superan los tres meses previstos por la normativa, afectan directamente a la calidad de vida y las oportunidades de integración de la población migrante.
