El interventor delegado de la mesa de contratación del túnel de Belate, Jesús Muñoz Apesteguía, compareció este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra para exponer su visión y evidencias sobre el proceso adjudicador del contrato de duplicación del túnel, por un valor de 76 millones de euros, adjudicado en diciembre de 2023 a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar.
En su intervención, Muñoz Apesteguía fue contundente al señalar que el procedimiento fue "anómalo, atípico e inusual". Además, dejó claro que emitió dos votos particulares en los que expresó que en esta adjudicación "se vulneraron los principios de igualdad de trato y de transparencia", debido a la "insuficiente motivación de las valoraciones técnicas y al procedimiento seguido en esa valoración".
El interventor enfatizó que el informe técnico que evaluó las ofertas "no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresan las ventajas de unas ofertas frente a otras", apuntando que dicho documento se limita "a una mera descripción de las ofertas presentadas, sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo". Esta falta de justificación, indicó, puede conculcar "los principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación".
“Nos enteramos de que los cuatro vocales técnicos competentes en la materia habían enviado sus puntuaciones a una quinta persona, que en este caso era el presidente, y él había valorado y calculado la puntuación final, y traspasado esas medias al informe de la acción técnica. Entonces, al señor Polo se le dijo que, por cierto, estaba viciado. En un momento, él entendió que estábamos insinuando que había trampas, y su primera impresión fue esa, pero ya se le explicó que hubiera sido lo mismo si cualquier vocal hubiera recabado las puntuaciones de los demás y hubiera calculado la puntuación final; no estábamos personalizando en él, lo que estaba viciado era el procedimiento.”
“Creímos que lo había entendido, porque la reunión continuó en tono cordial, pero luego vimos que no era así. En la reunión todos decíamos: ‘es que has valorado el último’, y él no negaba eso. No se habló nunca del orden de puntuación, y en cualquier caso yo comparto que es irrelevante, pero como lo habíamos debatido muchas veces, se mencionó. Él lo entendió y dijo: ‘bueno, pues ya lo haremos bien a partir de ahora’.”
El interventor insistió en que el procedimiento debió contemplar un trámite de subsanación para aclarar dudas sobre la solvencia técnica, lo que no se realizó, y que esta omisión pudo "infligir la ley otra vez". Pese a estas deficiencias, explicó que su reparo fue no suspensivo, ya que "entendimos que el procedimiento existía, estaba bien hecho, pero esa parte de la valoración técnica generaba dudas si anulaba todo el procedimiento".
En referencia a la posible corrupción y favoritismo, Muñoz Apesteguía admitió no tener elementos para asegurar que no existieran o que si, pero señaló que "se pudo haber vulnerado ciertos artículos de la Ley Foral de Contratos", abriendo la puerta a sospechas.
Respecto al presidente de la mesa, el interventor relató que se encontró con una situación "inusual" con una persona de 73 años, cuya actitud generó tensiones en el proceso: "Nunca he visto algo así en ninguna otra mesa de contratación".
Finalmente, Muñoz Apesteguía denunció que el presidente envió un correo rogado a los miembros que "midieran bien lo que ponían en los votos particulares por el efecto que podía producir a nivel de imagen del gobierno de Navarra", interpretando este hecho como un intento de influir en la redacción de sus opiniones sobre la adjudicación.
Esta comparecencia arroja luz sobre un procedimiento muy cuestionado por sus vicios procedimentales, que el interventor no dudó en calificar con firmeza durante su exposición en el Parlamento. Su intervención subraya las debilidades administrativas y legales en un contrato público de gran envergadura.
