La industria tabacalera ha logrado asentarse en el corazón de la administración pública española, utilizando un órgano oficial del Ministerio de Hacienda como vía de influencia para obstaculizar políticas de salud pública. Así lo revela un nuevo estudio publicado por la revista internacional Tobacco Control, que documenta cómo el Consejo Asesor del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) opera como un auténtico “caballo de Troya” institucional.
El informe, elaborado por investigadores del Institut Català d’Oncologia (ICO), Nofumadores.org, Cancer Patients Europe, la Universidad de Zaragoza y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), profundiza en las conclusiones del Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera en España, ya presentado por el mismo equipo meses atrás.
Un órgano público capturado
El origen del problema, según los autores, se remonta a la privatización del antiguo monopolio estatal del tabaco en 1998. Aunque el negocio pasó a manos privadas, el Gobierno mantuvo el CMT como regulador del mercado. Su función debía ser meramente técnica: recopilar datos y supervisar aspectos comerciales.
Sin embargo, su Consejo Asesor quedó diseñado con una composición que hoy favorece claramente a las tabacaleras: siete representantes de las empresas del sector, once funcionarios de varios ministerios —la mayoría de Hacienda y Economía— y solo un representante del Ministerio de Sanidad, además de un delegado de los consumidores.
“El resultado es que el propio Ministerio de Hacienda ha institucionalizado una vía de influencia directa de las tabacaleras en el diseño de políticas públicas”, afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org y coautora del informe. Para la activista, la estructura actual convierte al Consejo Asesor “en un caballo de Troya que protege los intereses económicos de la industria, aunque sea a costa de la salud de los ciudadanos”.
Presión, amenazas y tácticas de manual
El estudio se basa en el análisis de las actas oficiales de 22 reuniones del Consejo Asesor celebradas entre 2023 y 2024, obtenidas mediante una solicitud formal de transparencia. Los investigadores identificaron 29 intervenciones de representantes de la industria, en su mayoría procedentes de la Asociación Empresarial del Tabaco (ADELTA).
Las actas muestran un patrón repetido: oposición frontal a medidas como el empaquetado neutro, cuya implantación quedó finalmente apartada del borrador del Real Decreto enviado a la Comisión Europea en 2025. Según los autores, las tabacaleras manipularon información, sembraron dudas sobre la utilidad de las medidas de salud pública y advirtieron de supuestos riesgos legales, como una posible “expropiación de marcas”.
“Las multinacionales del tabaco han convertido un órgano consultivo en una plataforma de presión institucional”, señala Armando Peruga, investigador del ICO. Sus intervenciones, según explica, reproducen manuales de influencia utilizados en numerosos países: exageración de costes económicos, omisión sistemática de evidencia científica y uso del lenguaje jurídico como arma intimidatoria.
Fernández Megina subraya que la interferencia no se limita al CMT. “También han actuado a través de los Parlamentos autonómicos de Extremadura y Canarias, las dos comunidades donde se cultiva y fabrica tabaco en España”, explica.
Un diseño institucional insostenible
Para los autores, la existencia del Consejo Asesor tal y como está configurado contraviene el Artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, que obliga a los gobiernos a proteger las políticas públicas de la interferencia comercial. España, advierten, no está cumpliendo este compromiso mientras la industria tenga asiento dentro del Ministerio de Hacienda.
“España conserva un modelo híbrido en el que los intereses comerciales y la salud pública conviven dentro del mismo organismo”, señala Peruga. “El Comisionado debería limitarse a cuestiones de mercado, pero su Consejo Asesor se ha convertido en una correa de transmisión de las posiciones de la industria”.
Llamamiento a una reforma urgente
Los investigadores reclaman una reforma estructural del CMT que limite estrictamente sus funciones al ámbito comercial y excluya a los representantes de la industria del Consejo Asesor.
“El tabaco no es un producto cualquiera: provoca más de 60.000 muertes cada año en nuestro país”, recuerda Fernández Megina. “Si España quiere tomarse en serio la salud pública, debe sacar de una vez el caballo de Troya tabacalero del Ministerio de Hacienda”.
