La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dilata al menos un par de años el proceso que enfrenta a Ucrania y Rusia por las denuncias de genocidio en el Donbás. En una orden de este fin de semana, el tribunal declaró admisibles las contrademandas presentadas por la Federación Rusa, autorizó el intercambio de nuevos escritos entre las partes y fijó un calendario que se extenderá hasta finales de 2027.
Según la decisión, adoptada por 11 votos contra 4, las contrademandas rusas cumplen los requisitos del Artículo 80 del Reglamento de la Corte: están bajo la jurisdicción del tribunal y presentan una conexión directa tanto en los hechos como en el derecho con la demanda principal de Ucrania. Moscú sostiene que utilizará prácticamente las mismas pruebas para rebatir la acusación ucraniana y, a la vez, fundamentar sus contracargos basados igualmente en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La Corte también confirmó que Ucrania podrá presentar una Réplica hasta el 7 de diciembre de 2026, mientras que Rusia dispondrá hasta el 7 de diciembre de 2027 para entregar su Dúplica. No se fijó aún el calendario para las etapas posteriores.
El caso se remonta a febrero de 2022, cuando Ucrania denunció ante la CIJ que Rusia había justificado el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk —y el lanzamiento de su “operación militar especial”— basándose en acusaciones infundadas de genocidio. Kiev pidió al tribunal que declarara que no existen pruebas creíbles de que haya cometido tal crimen.
En febrero de 2024, la Corte ya había determinado que tiene jurisdicción para analizar precisamente ese punto: si Ucrania cometió o no actos de genocidio en las regiones del este. Pero rechazó otras dos pretensiones de Kiev por exceder el alcance de la Convención.
Con la admisión de las contrademandas rusas, el litigio entra ahora en una fase más amplia y compleja, que abordará no solo la versión ucraniana, sino también las alegaciones planteadas por Moscú. La decisión provocó reacciones divididas entre los jueces: varios de ellos anexaron declaraciones, opiniones separadas o disidentes al documento oficial.
El caso continúa siendo uno de los más observados de la CIJ, tanto por su peso político como por su dimensión jurídica, con más de 30 países que han intervenido en distintas fases del proceso para expresar sus posiciones sobre la interpretación de la Convención de Genocidio.
